La diputada Kathya Sánchez Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), confirmó ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso de Puebla que la venta y el consumo de drogas entre menores de edad fue detectado en escuelas de cinco municipios de la Sierra Norte y la Mixteca: Ahuacatlán, Zongozotla, Huitzilan de Serdán, Chignahuapan y Amixtlán. Como respuesta, el Congreso local anunció jornadas de prevención bajo el nombre “Elige Vivir” y el impulso a la llamada Ley Mochila, iniciativa que busca formalizar la revisión de útiles escolares mediante un protocolo legal.
Ambas medidas enfrentan, sin embargo, una pregunta de fondo que trasciende lo local: si la contención en el aula alcanza para frenar una cadena de distribución que, de acuerdo con la propia diputada, está conectada con narcolaboratorios de escala industrial.
El precedente de la Suprema Corte
Cualquier intento de formalizar la revisión de mochilas en Puebla deberá sortear un criterio ya fijado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En febrero de 2022, al resolver el amparo en revisión 41/2020, la Corte declaró inconstitucional el programa federal “Mochila Segura” al considerar que las revisiones aplicadas por autoridades educativas violaban el artículo 16 constitucional, pues operaban sin sustento legal, sujetas al libre arbitrio de directivos y sin reglas claras que normaran el procedimiento.
El fallo no cerró por completo la puerta a este tipo de esquemas. La propia Sala precisó que la inconstitucionalidad del programa no impide que las comunidades escolares implementen protocolos de seguridad de “diseño consensual y no obligatorio”, siempre que se respete la oposición de quienes no acepten sujetarse a ellos, y que en casos de sospecha razonable puedan darse intervenciones “en grado menor” o, excepcionalmente, “en grado mayor” cuando exista evidencia de que se ha cometido o está por cometerse un delito.
Esa distinción —entre un operativo discrecional y uno reglado, consensuado y proporcional— es, en los hechos, el margen jurídico exacto que tendría que ocupar la Ley Mochila poblana si aspira a sobrevivir a un eventual litigio. El reto para el Congreso no es solo autorizar la revisión, sino construir el andamiaje que la Corte exigió: consentimiento, criterios objetivos de sospecha razonable y participación de la comunidad educativa, no solo de la autoridad.
Derechos humanos como contrapeso, no como obstáculo
La integración de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla al esquema de jornadas “Elige Vivir” —junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, la Secretaría de Deporte y Juventud y el DIF— sugiere que el Legislativo busca anticiparse a ese cuestionamiento. Incorporar a un organismo garante desde el diseño de la política, y no solo como instancia de queja posterior, es congruente con lo que la propia SCJN señaló: que la seguridad escolar y los derechos de los menores no son objetivos contrapuestos, sino que exigen un “adecuado balance” entre el interés individual del estudiante y el de la comunidad educativa en su conjunto.
El punto de fricción previsible está en la operación cotidiana. La experiencia del programa federal mostró que buena parte de los amparos surgieron por la forma de ejecución —participación de elementos policiacos en las revisiones, ausencia de consentimiento informado, discrecionalidad de directivos— más que por el objetivo declarado del programa. Si la Ley Mochila poblana no blinda ese componente operativo, corre el riesgo de heredar el mismo vicio de origen que ya fue litigado a nivel nacional.
¿Prevención de fondo o medida reactiva?
El segundo eje de la discusión es de política pública más que jurídico: si las jornadas “Elige Vivir” atienden la causa estructural del problema o si constituyen, sobre todo, una respuesta reactiva ante la ausencia de inteligencia policial e infraestructura de seguridad en municipios de alta marginación.
Los propios datos difundidos por autoridades estatales en meses previos apuntan a un problema de oferta, no solo de demanda. La Secretaría de Seguridad Pública reconoció en abril de 2026 el incremento del narcomenudeo de sustancias sintéticas —cristal y metanfetaminas— en la Mixteca y la Sierra Norte, con métodos de distribución que incluyen su disfraz como golosinas o dulces en los alrededores de los planteles. El presidente del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, había señalado además que el bajo costo del cristal en estas comunidades —hasta 50 pesos por dosis, frente a los cerca de 200 pesos que alcanza en la capital del estado— facilita su acceso entre la población más joven, en un contexto de reclutamiento de menores de entre 10 y 12 años por parte de grupos delictivos.
A ello se suma el hallazgo, confirmado por la propia diputada Sánchez Rodríguez, de dos narcolaboratorios en la Mixteca y la Sierra Norte, uno de ellos ubicado en el municipio de Jopala, con capacidad estimada de generar hasta dos mil 400 millones de pesos en ganancias ilícitas. Esa cifra ilustra una asimetría de fondo: mientras la respuesta institucional se concentra en jornadas de sensibilización dentro del aula, la cadena de producción y distribución que abastece a esas mismas escuelas opera con una capacidad económica e industrial que rebasa por mucho el ámbito educativo.
El nudo pendiente
La legisladora reconoció que persiste un obstáculo adicional para dimensionar el problema: el temor de maestros y directivos a denunciar por posibles represalias, factor documentado desde reportes previos de la SSP y que limita la capacidad de las propias autoridades para generar indicadores confiables en comunidades rurales.
En ese sentido, el éxito de la Ley Mochila y de las jornadas “Elige Vivir” dependerá menos de su anuncio que de dos condiciones que hasta ahora no han sido detalladas públicamente: el diseño técnico del protocolo de revisión —que deberá ajustarse al criterio de la SCJN para no naufragar por la vía del amparo— y la existencia de una estrategia paralela de seguridad e inteligencia que ataque la oferta de narcolaboratorios, sin la cual la prevención en el aula corre el riesgo de operar como un paliativo frente a un problema de escala regional.
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