Informe científico plantea condiciones para evaluar el gas no convencional

Informe científico plantea condiciones para evaluar el gas no convencional

El comité científico integrado por especialistas de instituciones académicas y dependencias federales planteó que cualquier evaluación sobre el aprovechamiento de gas no convencional en México esté sujeta a estrictas condiciones ambientales, entre ellas el uso exclusivo de agua salada, la protección de los acuíferos y la participación de las comunidades involucradas. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno analizará estas recomendaciones antes de definir el rumbo de una eventual estrategia en la materia.

El informe parte de un escenario marcado por la alta dependencia energética del país. Actualmente, México importa cerca del 75 por ciento del gas natural que consume y, de ese volumen, alrededor del 93 por ciento proviene de yacimientos no convencionales ubicados en Texas, Estados Unidos, donde la extracción se realiza mediante fracturación hidráulica.

Para elaborar las recomendaciones, 54 investigadoras e investigadores convocados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) trabajaron de manera conjunta con especialistas de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, las secretarías de Energía y de Medio Ambiente, así como de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A partir de ese trabajo, y tras revisar aspectos relacionados con la ingeniería de los yacimientos, la disponibilidad de agua, los posibles efectos ambientales y sociales, además de la viabilidad económica y regulatoria, el comité concluyó que la cuenca Tampico-Misantla no reúne condiciones para desarrollar este tipo de proyectos. De acuerdo con el informe, esta recomendación responde a la concentración de población, la presencia de comunidades indígenas, la importancia de sus fuentes de agua dulce y la sensibilidad ambiental de esa región, que comprende zonas de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas.

En contraste, los especialistas plantearon que los análisis técnicos continúen únicamente en las cuencas de Burgos, en Tamaulipas, y Sabinas-Burro-Picachos, entre Coahuila y Nuevo León, donde todavía será necesario determinar si existen condiciones que permitan avanzar bajo criterios ambientales más exigentes.

Entre los requisitos propuestos destaca que cualquier proyecto utilice exclusivamente agua salada obtenida de acuíferos profundos, con lo que quedaría descartado el empleo de agua apta para consumo humano, actividades agrícolas o pecuarias. Asimismo, el comité plantea incorporar procesos de reutilización y reciclaje del agua durante las operaciones, con el propósito de reducir el impacto sobre los recursos hídricos.

Además, el documento establece que, antes de cualquier intervención, deberán realizarse estudios hidrogeológicos para comprobar que las zonas de inyección no tengan comunicación con acuíferos de agua dulce. A ello se suma el uso de aditivos de menor impacto ambiental, la implementación de mecanismos permanentes de monitoreo independiente y la realización de consultas previas, libres e informadas con las comunidades que pudieran verse involucradas.

De manera complementaria, el comité recomienda fortalecer la producción de gas convencional, disminuir la quema y el desperdicio de gas asociado a la extracción petrolera e impulsar con mayor rapidez la generación de energía a partir de fuentes renovables, junto con programas de eficiencia energética que contribuyan a reducir gradualmente la dependencia de las importaciones.

Como parte de la siguiente etapa, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y Petróleos Mexicanos llevarán a cabo perforaciones exploratorias con fines experimentales para verificar la presencia y la calidad de agua salada en el subsuelo profundo. De acuerdo con lo informado durante la presentación del estudio, los resultados preliminares podrían estar disponibles en un plazo aproximado de entre dos y dos meses y medio, mientras el Gobierno federal continúa con el análisis técnico de las recomendaciones emitidas por el comité científico antes de definir los pasos a seguir.

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