La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias representen un intento de censura contra los medios de comunicación y aseguró que su propósito es garantizar derechos constitucionales de los usuarios de radio y televisión, aunque reconoció que el documento puede ser ajustado para brindar mayor claridad.
Durante la Mañanera del Pueblo de este 4 de agosto, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, salió al paso de las críticas surgidas en los últimos días y señaló que existe una “falsa narrativa” alrededor de los lineamientos, al considerar que se ha planteado de manera equivocada que el Estado determinará qué contenidos son verdaderos o impondrá restricciones a la labor periodística.
Alcalde explicó que las disposiciones emitidas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), actualmente en periodo de consulta pública, están enfocadas en establecer obligaciones administrativas para los concesionarios de radio y televisión, como la creación de un código de ética, la designación de un defensor de las audiencias y la implementación de mecanismos para atender inconformidades del público.
La funcionaria puntualizó que serán los propios medios quienes definan sus criterios editoriales y nombren a sus defensores, mientras que la autoridad únicamente tendría participación en caso de incumplimientos relacionados con esas obligaciones, no por opiniones, críticas o contenidos informativos.
Por su parte, Sheinbaum afirmó que “no hay censura” y sostuvo que los lineamientos no contemplan sanciones por la información difundida por los medios. No obstante, reconoció que existen interpretaciones distintas sobre el alcance del documento, por lo que consideró necesario escuchar propuestas y realizar modificaciones que permitan evitar confusiones.
La mandataria agregó que la defensa de los derechos de las audiencias debe mantenerse como un principio constitucional y planteó que la autorregulación de los medios, junto con mecanismos como el derecho de réplica, debe prevalecer antes que cualquier esquema que pueda interpretarse como control estatal.
El debate continúa abierto mientras la CRT mantiene la consulta pública hasta el próximo 21 de agosto, en medio de una discusión que enfrenta dos posturas: quienes consideran que los lineamientos fortalecen la transparencia y los derechos de los usuarios, y quienes advierten posibles riesgos de sobrerregulación para la libertad de expresión
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