De acuerdo con la oficina de ONU Mujeres, esta brecha refleja no solo desigualdades normativas, sino también fallas estructurales en los sistemas judiciales. En casi el 70 por ciento de los países analizados, las mujeres enfrentan más obstáculos que los hombres para acceder a la justicia, desde costos de asesoría jurídica y transporte hasta la necesidad de cubrir gastos de cuidado o asumir pérdida de ingresos.
El organismo advierte que cuando la justicia falla, los derechos quedan en el papel. Muchas mujeres que buscan denunciar violencia o discriminación son ignoradas, no creídas o sometidas a procesos de revictimización. En otros casos, las leyes, políticas o prácticas discriminatorias limitan el acceso efectivo a mecanismos de protección.
La situación se agrava en contextos de conflicto y crisis. Según ONU Mujeres, 676 millones de mujeres y niñas viven a menos de 50 kilómetros de una zona con conflicto activo, donde los sistemas judiciales se encuentran debilitados o prácticamente ausentes, lo que permite que persista la impunidad.
En este marco, el énfasis del 8 de marzo se centra en fortalecer sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, eliminar normas discriminatorias y garantizar asistencia jurídica accesible y asequible. El posicionamiento subraya que la justicia requiere financiamiento, voluntad política y acciones concretas para que los derechos se ejerzan y no permanezcan como declaraciones formales.
La agenda también se vincula con la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), donde Estados Miembros, organismos internacionales y sociedad civil analizan medidas orientadas a garantizar y reforzar el acceso a la justicia para mujeres y niñas en todo el mundo.
Bajo el llamado “Derechos. Justicia. Acción.”, la organización convoca a gobiernos, sector privado, medios y ciudadanía a impulsar cambios que permitan que la igualdad jurídica se traduzca en acceso real a tribunales, protección efectiva y reparación cuando los derechos son vulnerados.
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