La justicia internacional analiza en La Haya si Myanmar violó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU al ejecutar una ofensiva militar contra la minoría étnica rohinyá en 2017, la cual derivó en muertes masivas, violaciones y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas.
Durante las audiencias, Myanmar rechazó las acusaciones y defendió sus acciones al calificarlas como una operación de “contraterrorismo”, al tiempo que negó la existencia de una intención genocida.
En contraste, Gambia, país que interpuso la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, sostiene que existe evidencia sólida de actos dirigidos a exterminar, al menos de forma parcial, a la comunidad rohinyá.
El proceso, que podría establecer precedentes jurídicos a nivel global en materia de crímenes de genocidio, prevé la emisión de un fallo definitivo hacia finales de 2026.
Myanmar, también conocido como Birmania, es un país del sudeste asiático y uno de los más extensos de la región. Limita con China, India, Tailandia, Laos y Bangladés.
La operación militar, catalogada por la ONU y otras organizaciones como genocidio y limpieza étnica, dejó al menos nueve mil muertes durante su primer mes, incluidas 730 niñas y niños, de acuerdo con estimaciones de Médicos Sin Fronteras. Otras fuentes elevan la cifra a más de 25 mil víctimas. Asimismo, se registró el desplazamiento de más de 740 mil personas hacia Bangladesh, donde se estableció en Cox’s Bazar el campo de refugiados más grande del mundo.
Además, se documentaron ejecuciones masivas, violaciones grupales y la destrucción de cientos de aldeas.
En la actualidad, cerca de un millón de rohinyás viven en condiciones de incertidumbre, sin ciudadanía y sin garantías para un retorno seguro.
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