La mujer relató que su violentador David “N”-quien ya había sustraido por cuatro meses al hijo menor de edad de ambos- allanó su domicilio y la violentó física y verbalmente.

Tras el ataque, la mujer llamó al 911. Policías acudieron a su domicilio; narró que, tras explicarles los hechos varias veces, esposaron a su violentador y lo trasladaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Rancho Colorado.

La mujer denunció que en el complejo el policía municipal Carlos Zenteno intentó extorsionarla diciéndole que si quería apoyo “ya sabía como era”. Narró que posteriormente fue entrevistada por el jurídico, quien no se presentó e insistió en trasladar al agresor David “N” con el juez calificador a pesar de que ella quería proceder en su contra.

Precisó que una Ministerio Público les dio la orden de trasladar al hombre violentador a la agencia correspondiente, sin embargo ignoraron tanto esta instrucción como la solicitud de la mujer sobreviviente de violencia y llevaron a David “N” con el juez calificador.

La mujer relató que, sin darle explicación alguna, la sacaron de las instalaciones. Detalló que pidió el acceso y también solicitó hablar con el comandante Carlos Zenteno pero él la ignoró. Precisó que el poclicía sólo se dirigió ella para intentar extorsionarla una vez más diciéndole “Si se le apoya pero ya sabe como”.

“Mujeres cualquier agresor y sustractor de infancias puede meterse a su casa, puede quitarles a sus hijos con violencia, puede gritarles que son de lo peor y ¿qué pasa en Puebla? La policía te pide su mochada, te maltrata el del jurídico y dejan al agresor con un juez calificador”, afirmó.

La mujer sobreviviente de violencia exige al presidente municipal de Puebla, José Chedraui, que el comandante Carlos Zenteno sea inhabilitado por ignorarla, extorsionarla y permitir que el agresor fuera llevado con el juez calificador en vez de ser trasladado al Ministerio Público correspondiente.

El cargo Tras ser atacada por su violentador, mujer fue extorsionada por policía apareció primero en .

En rueda de prensa Marichel denunció que tras seis años de dilaciones por parte de las Fiscalías de Puebla y Tijuana, la carpeta de investigación por la denuncia de abandono de persona interpuesta por Marichel contra Manuel R. fue trasladada a Tijuana sin que se lo notificara la Ministerio Público, Evelyn Susana Martínez Marín. De esta forma se ha vulnerado el derecho de acceso a la justicia de Marichel y su hijo, pues ellos radican en Puebla.

Marichel explicó que en 2019 decidió iniciar una demanda contra Manuel R. por reconocimiento de paternidad, el hombre abandonó a su hijo cuando ella estaba embarazada. Tras haber recibido negativas de varios abogados, finalmente encontró a uno en Tijuana que accedió iniciar el proceso, sin embargo esto se vio obstaculizado por la pandemia y sobre todo por las instituciones.

En 2022 Marichel obtuvo sentencia a favor de su hijo, en la que se obligaba a Manuel R. a reconocer su paternidad y a pagar la pensión alimenticia en favor del menor. Sin embargo el hombre no ha cumplido con esta obligación y no ha tenido consecuencias por ello, por lo que en febrero de 2025 Marichel lo denunció por abandono de persona en la Fiscalía de Puebla.

La denuncia fue redireccionada por las Fiscalías de Puebla y Tijuana en varias ocasiones hasta que finalmente fue recibida por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y esto fue avalado por la Fiscalía de Tijuana quienes emitieron un escrito afirmando que el proceso debía llevarse a cabo en el estado antes mencionado. La Ministerio Público Susana Martínez, encargada de llevar su caso, le recomendó realizar un control de mediación.

Después de tres meses y medio en los que Manuel R. no respondió a los llamados de la Fiscalía, fue notificado en su domicilio. Sin embargo el hombre dijo a las autoridades de Tijuana que no debían tratar esos asuntos con él sino con su representante legal.

Fue entonces cuando el 10 de junio de 2025 la Ministerio Público Evelyn Susana le dijo a Marichel que probablemente el proceso debía llevarse a cabo en Tijuana, sin embargo Marichel argumentó que de esa forma ni ella ni su hijo podrían acceder a la justicia por lo que la funcionaria afirmó que lo consultaría con sus jefes.

Su carpeta de investigación fue trasladada a la Fiscalía de Tijuana en agosto del presente año. Marichel se enteró por la Comisión de Derechos Humanos, una de las instituciones a la que ha acudido para poder acceder a la justicia. Ella denunció que la Ministerio Público Evelyn Susana Martínez en ningún momento le notificó esta decisión.

Por recomendación de su actual abogada solicitó que se realizara un control judicial. La primera audiencia esta programada para este 10 de noviembre a las 11:00 am, en este encuentro se buscará que la carpeta de investigación de la denuncia por abandono de persona contra la ex pareja de Marichel sea regresada a Puebla.

Por último es importante destacar que Marichel ha acudido con varias autoridades para que intervengan en su caso y pueda acceder a la justicia, entre las que se encuentran la Secretaría de las Mujeres de Puebla y de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta.

El cargo Fiscalías de Puebla y Tijuana llevan 6 años jugando con Marichel y su hijo apareció primero en .

Continuando con las protestas iniciadas el 25 de noviembre, cuando mamás activistas denunciaron afuera de CECOFAM y de las instalaciones del Poder Judicial a funcionarios que ejercen violencia institucional, este 10 de diciembre las activistas de Sorora Mujer en Desarrollo y Colectiva por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia alzaron la voz afuera del Congreso del Estado de Puebla y de la Fiscalía Espacializada en Investigación de Délitos de Violencia Género Contra las Mujeres exigiendo la legislación en torno a la violencia institucional y el cese de omisiones y agresiones por parte de la Fiscalía Especializada en Délitos de Género.

Este martes a las 9:30 de la mañana las activistas protestaron frente al Congreso de Puebla portando pancartas con los nombres de 47 funcionarios señalados de ejercer violencia institucional. Explicaron que estas protestas iniciadas el 25 de noviembre de este año forman parte de los 16 días de activismo contra la violencia de género que propone la ONU. En el caso de estas dos colectivas que se han unido, mencionaron que su propósito es pedirle a los tres poderes del estado un alto a la violencia institucional.

Vuelve a leer: Activistas señalan a 47 funcionarios que ejercen violencia institucional

“Señoras y señores diputados nos urge que legislen en torno a la violencia institucional. No es posible que tengamos que seguir soportando la violación constante de derechos por parte de las instituciones”

Por lo que urigieron a diputadas y diputados legislar en torno a este tipo de violencia. Así como implementar mecanismos de prevención, investigación y sanción hacia todos los funcionarios que se han convertido en agresores de víctimas a las que deberían proteger y garantizarles justicia. Gabriela Rosas, vocera de la Colectiva Por el Derecho al Cuidado, enfatizó que estaba representando a tres de sus compañeras que por seguridad tuvieron que dejar el estado. Señalando la deuda que tienen las personas legisladoras con la protección de derechos de mujeres e infancias.

“Este estado les debe, les debe mucho y ustedes también les deben. Les deben instrumentos eficaces, que legislen, que realmente cumplan con su obligación, que protejan sus derechos, que las protejan a ellas”.

Tras protestar, al rededor de 30 minutos afuera del Congreso del Estado, la funcionaria Viviana Vázquez de Atención Ciudadana salió a recibir a las activistas. Terminando el diálogo, Gabriela Rosas refirió a medios de comunicación que ellas solicitan la existencia de un mecanismo que incluya a la sociedad civil para monitorear y dar seguimiento a casos de violencia institcuional. Añadió que un representante de la diputada Laura Artemisa García, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, afirmó que les agendaría una cita con ella. La activista enfatizó que para ellas resulta importante que diputados y diputadas escuchen a las víctimas antes de legislar.

Fiscalía Especializada en Delitos de Género cierra las puertas a mamás activistas

Cumpliendo su consigna de exigir a los tres poderes del estado un alto a la violencia institucional, las activistas se dirigieron a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género. Donde incluso antes de que pudieran acomodarse afuera de la institución para dar su mensaje, policías cerraron las puertas de la dependencia. Las activistas condenaron este acto afirmando que estaban ejerciendo la violencia que ellas denuncian.

“Venimos a denunciar violencia institucional y nos responden con más violencia institucional negándonos el acceso a la justicia, ni si quiera les hemos dicho a qué venimos”.

Las activistas recordaron que el Poder Judicial tuvo la misma respuesta el pasado 25 de noviembre, pues también les cerraron las puertas. Enfatizaron que con estas acciones las autoridades reflejan las vulneraciones continuas que comenten al defender violentadores, al guiarse por sus prejuicios y al actuar careciendo de perspectiva de género e infancias. Al leer su comunicado, una de las madres activistas enfatizó que la Fiscalía Especializada en Délitos de Género es la que más invalida las denuncias de mujeres, infancias y adolescentes.

Tras nombrar a los 47 funcionarios y funcionarias que han ejercido violencia institucional, incluyendo a la titular de la dependencia que les cerró las puertas, Margarita Garcidueñas; las activistas precisaron que en esa lista faltaban nombres sin embargo, afirmaron, que una de las principales vulneraciones que cometen los funcionarios es no presentarse por lo que no pueden identificarlos.

Después de tocar la puerta de la Fiscalía por más de 10 minutos, sin recibir respuesta, las activistas dejaron en la entrada una carta solicitando el diálogo con Margarita Garcidueñas. Por último, recalcaron que no fueron recibidas y afirmaron que ellas van a seguir trabajando y continuarán denunciando las violencias que cometa esta dependencia.

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Este 25 de noviembre, activistas de los colectivos Sorora Mujeres en Desarrollo y Colectiva por el Derecho al Cuidado y Una Vida Libre de Violencia protestaron frente a las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) y del Poder Judicial del Estado de Puebla, exhibiendo los nombres de 47 funcionarios que han ejercido violencia institucional y de género. Esta acción marca el inicio de una protesta de 16 días en los que estas colectivas harán públicas las violencias de estos trabajadores.

Venimos a Ciudad Judicial para decirle a Alejandro Armenta Mier próximo gobernador del estado, a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Puebla María Belinda Aguilar Díaz, al Presidente del Consejo de la Judicatura José Eduardo Hernández Sánchez y a los medios de comunicación que la injusticia tiene nombres y apellidos, aquí 47 de ellos.

Las activistas señalaron que la violencia institucional se ejerce cuando se extravia un expediente, cuando hacen esperar horas a las víctimas para tomarles declarón, también las veces en las que se entrevista a niñas y niños sin los protocolos adecuados y cuando se cuestiona la moralidad de las mujeres víctimas de violencia. Señalaron que estos agravios, además de atrasar los procesos legales, las revictimiza y causa daños en las infancias.

Cuando las mujeres se acercaron al edificio del Poder Judicial, personal de esta institución cerró las puertas, por lo que las activistas tomaron la palabra y señalaron que ese acto era muy simbólico pues les estaban cerrando las puertas de una institución pública mientras que hay mujeres que llevan más de 20 años esperando una resolución para sus casos de violencia.

“Tardaron cinco segundos en cerrar las puertas y nosotras llevamos años esperando justicia”

Entre los 47 funcionarios y funcionarias se encuentran titulares de fiscalías, agentes de Ministerios Públicos, Psicólogas, jueces y políticos de Chinantla. Si bien la mayoría de los señalamientos fueron a personas que laboran en la capital y los municipios cercanos como Cholula Atlixco, no hay que olvidar que al menos dos ediles han sido señalados de violencia de género este año. El edil de Acteopan Álvaro Tapia fue detenido por el délito de feminicidio, mientras que el Edil de Zapotitlán de Méndez Emiliano Vázquez fue detenido por délito de homicidio, sin embargo previamente había sido señalado por violentar a mujeres e infancias de la comunidad.

1. Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal
2. Fiscal Especializada en Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, Margarita Garcidueñas Cuellar
3. Titular de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, Liliana Flores Huerta
4. Agente de Ministerio Público, Joselin Paredes Corona
5. Agente de Ministerio Público, Karla Picasso Núñez
6. Agente de Ministerio Público, César Arriaga
7. Agente de Ministerio Público, Beatriz Beristain
8. Agente de Ministerio Público, Diana Gómez González
9. Agente de Ministerio Público, Karen Elizabeth Velazco Ortíz
10. Agente de Ministerio Público, Guadalupe Fernández Rodríguez
11. Agente de Ministerio Público, Edna Patricia González Romero
12. Agente de Ministerio Público, Luisa Ramírez Barrientos
13. Agente de Ministerio Público, Aurora Altieri Sánchez de la Vega
14. Agente Investigador, Jaqueline Cabrera Díaz
15. Perito en Psicología, Laura Patricia Aguilera
16. Agente Litigador, Ivonne Zepeda Pacheco
17. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, María Belinda Aguilar Díaz
18. Juez de Control Penal, Joel Daniel Baltazar Ávalos
19. Jueza de Juzgado Tercero de lo Familiar de Puebla, María Belén Olívares
20. Jueza de Oralidad, Aurora Amelia Velázques C.
21. Jueza de lo Familiar Distrito Judicial de Atlixco, Verónica Rojas
22. Secretaria de Acuerdos Distrito Judicial de Atlixco, Alicia Balbuena López
23. Jueza de Oralidad Familiar San Andrés Cholula, María de los Ángeles Múñoz Cortéz
24. Jueza de Oralidad Familiar San Andrés Cholula, Gabriela Álvarado León
25. Secreataria de Acuerdo San Andrés Cholula, Rosa María Gonzáles Melgarejo
26. Juez de Oralidad Familiar Puebla, Raúl Hernández Maldonado
27. Jueza de Oralidad Familiar Puebla, Minerva Mejía Pérez
28. Secretaria de Acuerdos Puebla, Maribel San Pedro Ramírez
29. Jueza de Oralidad Familiar Puebla, Magda Reyes Delgado
30. Jueza de Oralidad Casa de Justicia, Idalia Artiñega Arias
31. Jueza de control Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Atlixco, Daniela Victoria Ramírez Palma
32. Director CECOFAM, Luis Armando Juárez Valencia
33. Piscóloga de CECOFAM, Susana Hernández
34. Psicóloga de CECOFAM, Xoli Jiménez
35. Psicóloga de CECOFAM, Montserrat Martínez Espinosa
36. Juez Exhorto Puebla, José Cuahutemoc Guevara
37. Secretario de Acuerdos Juzgado de lo Civil Cholula, Marta Martínez Hidalgo
38. Secretario de Oralidad Juez Penal David Rodríguez Gonzáles
39. Procurador de Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, Raúl Ruíz Díaz
40. Director de las Clínicas de Prevención y Atención al maltrato del Sistema Estatal DIF, Arturo Almonte Carrera
41. Clínicas de Prevención y Atención al maltrato del Sistema Estatal DIF, Victor Manuel Jilgón Rojas
42. Psicológa de Prevención y Atención al maltrato del Sistema Estatal DIF, Patricia Gabriela Mastranzo Baez
43. Trabajadora Social de las Clínicas de Prevención y Atención al maltrato del Sistema Estatal DIF, Ximena Álvarez Peralta
44. Director del Sistema Estatal DIF de Chinantla, Omar Sosa Tapia
45. Juez de Paz de Chinantla, Jesús Andrés Lucero Andón
46. Ex Edil de Chinantla, María Azucena Zafra Chino
47. Ex presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco

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En rueda de prensa, Guadalupe Zárate quien por al menos 8 años ha sido víctima de violencia de género y de violencia institucional, en conjunto con sus abogados Manuel Mota y Lázaro Moreno, presidente del Consejo Nacional de Defensa Ciudadana, denunciaron las agresiones de Julio César Zechinelli Zago, esposo de la víctima, y solicitaron a la Fisacalía la investigación de las abogadas María del Carmen Romero Sánchez y Analleli González Alegría así como de los jueces Miriam Huerta y Abelardo Gil quienes, acusan, han encubierto al agresor y cometido actos en agravio de Guadalupe.

Guadalupe Zárate narró que su esposo César Zechinelli Zago le realizó el traspaso de la tienda Di Ferro el 20 de octubre de 2016 pues él necesitaba dinero por cuestiones de salud de su nueva pareja y la convenció diciéndole que los ingresos obtenidos podrían ser utilizados para la manutención de los hijos que ambos tienen en común. Guadalupe afirmó que le pagó por el local y finiquitó las deudas que su esposo tenía para lo que gastó al rededor de 300 mil pesos y pidió un prestamo de 400 mil. Sin embargo, aproximadamente tres meses después, él rompió las chapas del inmueble y cambió la combinación para que ella ya no pudiera acceder nuevamente. El 16 de febrero de 2017, Guadalupe levantó una denuncia formal en contra de Zechinelli por los delitos de robo, despojo y amenazas. De acuerdo con lo que relató después, esto marcaría el inicio de una serie de violencias institucionales por parte del Poder Judicial.

La primera persona señalada, fue la licenciada María del Carmen Romero a quien, como agente de Ministerio Público, le fue asignada la denuncia de Guadalupe. Evidenciaron que aunque en diversas ocasiones le solicitaron por escrito el seguimiento de la carpeta de investigación, la funcionaria siempre hizo caso omiso, favoreciendo y protegiendo al agresor. Por lo que en 2022 la denunciaron en la Fiscalía Anticorupción quienes determinaron que María del Carmen Romero era inocente y no tenía ninguna responsabilidad en el asunto.

Previamente, durante el mismo 2017 la carpeta fue turnada al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal donde, señalaron, Guadalupe fue obligada por la licenciada Susana Andrade a firmar un convenio con Julio César Zechinelli en el que se acordó que él le pagaría una parte de lo que ella invirtió en el local, 104 mil pesos en efectivo de los cuales pagaría mil pesos a la semana y 46 mil pesos en especie. Sin embargo denunciaron que este acuerdo no fue respetado por Zechinelli y no le ha pagado nada de lo que fue estabalecido. De igual forma, el abogado Lázaro Moreno explicó que cuando Julio César firmó el acuerdo y lo ratificó, aceptó tacitamente que se había metido a Di Ferro de manera furtiva y cometido robo.

“A la fecha el señor no le ha dado (a Guadalupe) un solo peso y no sólo eso sino que el señor le debe una pensión alimenticia de sus dos hijos, pese a que un juez lo determinó no lo ha hecho. Lo que ha hecho es evadir a la justicia porque es un señor que siempre le encanta comprar a las autoridades”, afirmó el abogado Lázaro Moreno.

En 2022, después de que María del Carmen Romero fue denunciada en la Fiscalía Anticorrupción, la sustituyeron por la abogada Analleli González Alegría quien, al igual que su predecesora, afirmaron, se negó a entregar por escrito el aseguramiento del bien inmueble y el seguimiento de la investigación, negándose a continuarla. Declararon que durante las audiencias en las que González Alegría estuvo presente, en todo momento se sometió a lo que decía la jueza de control Miriam Huerta Lechuga e incluso se negó a presentar como prueba una fotografía que mostraba a Julio César Zechinelli portando armas, imagen con la que el hombre amenazó de muerte a Guadalupe.

“Por haber presentado unas fotografías donde mi aun esposo está con unas damas y él tiene un revolver, una escuadra y una escopeta. Me las manda y me dice, tú sigues, yo te voy a matar. Lo abogados presentan esas pruebas y es cuando tanto el Ministerio Público como la jueza Miriam Huerta Lechuga se ofenden”.

Enfatizaron que la jueza de control Miriam Huerta Lechuga, quien ya ha sido señalada de criminalizar a defensores de la tierra y fue reprobada por animalistas tras haber liberado al agresor de la yegua Mila, los reprendió por haber presentado como prueba las fotografías diciéndoles que si volvían a hacerlo los podrían meter a la cárcel y en represalia sustituyó al abogado defensor de Guadalupe, Manuel Mota, por uno de oficio que dijo no conocer la causa y por lo tanto manifestó que estaría de acuerdo con todo lo que dijera la abogada Analleli Alegría, Guadalupe afirmó que con este acto la dejaron en un estado de indefensión. Además destacaron que la jueza Miriam Huerta se ha negado a aceptar otras pruebas como las que acreditan el delito de lesiones.

El último funcionario señalado fue el juez Abelardo Gil Martínez. En 2022 se le impusó a Julio César Zechinelli la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de desacato a la autoridad. Sin embargo, aseguraron que el juez antes mencionado se pronunció a favor de Zechinelli y le concedió un sobreseimiento, con lo que fue puesto en libertad y además, afirmaron, así se anulan todos los delitos que se le están imputando.

Finalmente, Lázaro moreno, tras afirmar que él también ha recibido amenzas, declaró ante todos los medios de comunicación presentes que si algo les sucede responsabilizan a María del Carmen Romero, Analleli González Alegría y a Marco Antonio Javier González Alegría.

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