Después de una discusión por ruido y consumo de alcohol en un hotel de Acatlán, policías judiciales desnudaron, golpearon, electrocutaron, amarraron y amenazaron a un grupo de familiares y amigos que ahí se hospedaban. Esto sucedió en 2017. Ocho años después, el 30 de abril de 2025 la Comisión de Derechos Humanos solicitó la reparación integral del daño a las víctimas y que sean investigados los agentes responsables.

De acuerdo con los testimonios incluidos en el documento de la Comisión de Derechos Humanos, las víctimas fueron torturadas por los policías física y psicológicamente. Dichos testimonios señalan que algunos de los hombres fueron obligados a firmar unos documentos. Después de haber sido torturados, los agraviados fueron detenidos, uno de ellos falleció durante la detención.

La Comisión de Derechos Humanos ordenó la reparación integral del daño económica y psicológicamente a las cuatro víctimas directas de estos hechos-ocurridos en 2017- así como a sus familias, la investigación de los servidores públicos involucrados así como capacitación sobre respeto y protección de Derechos Humanos a personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de la Secreataría de Seguridad Pública y del ayuntamiento de Acatlán con el fin de evitar que estos hechos se repitan.

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Ese día, las hermanas Hoyos López, entonces reporteras del medio Enlace Noticias, cubrían una manifestación feminista del colectivo Marea Púrpura en el marco del Día Internacional de la Mujer. Al concluir la protesta, fueron detenidas de manera ilegal por elementos de la Policía Municipal, quienes las trasladaron a la Subcomandancia de Seguridad Sur. Durante al menos cinco horas, ambas periodistas permanecieron incomunicadas. Según su testimonio, fueron obligadas a desnudarse, golpeadas, amenazadas con ser desaparecidas y sometidas a agresiones sexuales, todo con el presunto conocimiento de autoridades superiores, entre ellas la entonces presidenta municipal Irene Olea Torres, militante del partido Morena Las víctimas fueron liberadas la mañana siguiente tras el pago de una multa por el supuesto delito de alterar el orden público.

Ese mismo día pusieron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso por tratarse de delitos contra la libertad de expresiónEl proceso judicial ha sido largo y complejo. En mayo de 2024, la FGR imputó formalmente a 11 funcionarios municipales, incluidos altos mandos de seguridad. Sin embargo, en julio de ese mismo año, una jueza estatal impuso medidas no privativas de la libertad, lo que permitió que los presuntos responsables siguieran el proceso fuera de prisión

La decisión fue rechazada por la FGR y por la defensa de las víctimas, argumentando que la libertad de los hombres representaba un riesgo para las periodistas, así como la posibilidad de fuga y manipulación de pruebas. Finalmente, el Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito dio la razón a las víctimas y ordenó la detención inmediata de los seis imputados

Este avance judicial representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para las hermanas Hoyos López y destaca la importancia de proteger la libertad de expresión y los derechos humanos en México.

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En la misma publicación, José Chedraui anunció que Rosales Solís se integrará a la Subsecretaría de Política Criminal Vinculación y Protección Civil.

Cabe recordar que, el pasado sábado dos policías municipales fueron asesinados en su cumplimiento de su deber en la colonia Del Valle, en la ciudad de Puebla. Tras no ser auxiliados, algunos elementos representativos de la policía municipal se manifestaron ese mismo día por la noche en el Zócalo capitalino.

Para el domingo, José Chedraui se reunió con los representantes, quienes le entregaron un pliego petitorio, destacado la destitución de Fernando Rosales, así como el aumento salarial y mejores condiciones de trabajo y trato digno

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