“En el Gobierno de Puebla defendemos y garantizamos la libertad de expresión. Coincidimos que el criterio jurídico de la legislación establezca que criticar el desempeño de las y los funcionarios o debatir en lo público no es delito; respaldamos lo que nuestra presidenta, la Dra”, escribió el gobernador.

Ha trascendido que Alejandro Armenta podría estar mañana presente en la llamada “Mañanera del Pueblo”, que encabeza la presidenta Sheinbaum.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, el Ejecutivo poblano secundó el llamado presidencial a “ponderar la protección de mujeres, la niñez, periodistas y activistas” en consonancia con el diálogo que se ha tenido con la sociedad en los foros sobre ciberseguridad realizados en días recientes, y pidió a las y los diputados, que, a través de la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Legislativo local, Laura Artemisa García Chávez, las modificaciones al Código Penal dejen claro que combate al acoso digital no equivale a la censura a la crítica pública a servidores públicos o figuras políticas.

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“Hacemos un respetuoso llamado al @CongresoPue, a través de la presidenta, Laura Artemisa a que se considere ese criterio para refrendar que la Ley de Ciberseguridad asegura el libre ejercicio periodístico, tal como sucede en países como España, Brasil, Argentina y Chile, para consolidar la construcción de una sociedad digital con ética, responsabilidad y respeto”.

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En ese tenor, el mandatario estatal dijo que las reformas al Código Penal estatal “deben ser enriquecidas por toda la sociedad”, lo que sugiere que podría intervenir, como lo hizo con la propuesta de foros de divulgación de las enmiendas, para que se cambien los artículos que han sido considerados como susceptibles para ejercer la censura.

Presente también en la rueda de medios, el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, a quien se considera impulsor de las reformas -por haber presentado una iniciativa similar cuando fue diputado- aseguró que la llamada “Ley contra el Ciberasedio” no se creó de ninguna manera para proteger a servidores públicos de críticas y señalamientos por su desempeño, sino para cuidar la integridad de los poblanos y las poblanas, especialmente de las infancias.

El gobernador Armenta afirmó que el objetivo de la legislación es proteger a la ciudadanía frente a delitos como el robo de identidad, la suplantación de cuentas bancarias y de redes sociales, así como otras acciones que vulneran la seguridad digital de las y los poblanos.

Aseguró que no existe persecución ni censura hacia periodistas o medios de comunicación, y enfatizó que el acceso a la información, las críticas y los cuestionamientos hacia el gobierno pueden expresarse con total libertad, en una relación basada siempre en el respeto mutuo.

Armenta justificó la necesidad de la ley citando estadísticas que colocan a Puebla como el quinto estado del país con mayor incidencia de ciberdelitos, incluyendo suplantación de identidad, robo de datos bancarios y filtración de contenido íntimo —afectando, principalmente, a mujeres— a través de redes sociales e internet.

“Si cerramos los ojos, ¿cuál va a ser la crítica al gobierno? Que somos omisos, que no hacemos nada. Hay baches y el gobernador haciendo faena”, ironizó el mandatario, insistiendo en que es necesario atender la problemática.

Armenta también señaló que es fundamental enfrentar a delincuentes que, haciéndose pasar por menores de edad, enganchan a niñas y niños para fines de explotación sexual.

Añadió que frente a un escenario de creciente violencia y mayor uso de tecnología, es necesario regular su uso, para evitar que empresarios sean asediados o víctimas de robo de identidad.

El gobernador lamentó además el asesinato de una ciudadana argentina en Lomas de Angelópolis, presuntamente a manos de un menor de edad, hecho que relacionó con la exposición constante a mensajes violentos en redes sociales que sufren niños y adolescentes.

Reiteró que esta legislación no va dirigida contra medios de comunicación ni periodistas, a quienes reconoció como “guardianes de la libertad de expresión”. Señaló que las críticas de la prensa son bienvenidas, ya que “nos ayudan a mejorar y a mantener los pies en la tierra”, recordando que el servicio público implica estar al servicio del pueblo.

Finalmente, Alejandro Armenta concluyó que el diálogo sigue abierto y que la ley es perfectible, por lo que puede enriquecerse con las opiniones de todos los sectores involucrados, incluidos los usuarios de internet y redes sociales, siempre con el objetivo de regular el uso de la tecnología para prevenir agresiones digitales contra la población sin distinción alguna.

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Bajo el argumento de proteger derechos personales, la iniciativa aprobada -denominada ley del ciberasedio- establece mecanismos para que cualquier persona pueda solicitar la eliminación de contenidos digitales sin orden judicial ni revisión independiente, lo que podría derivar en censura encubierta y limitar gravemente la libertad de expresión en entornos digitales, según informes de prensa.

La reforma crea el delito de “ciberasedio”, para “quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emociona”, según informó Aristegui Noticias. Se establecen penas con prisión de 11 meses a tres años.

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La reforma del código penal autoriza a empresas y plataformas a eliminar contenidos tras una simple solicitud, sin intervención judicial ni revisión independiente. Esto crearía una vía rápida para censurar crítica legítima, testimonios incómodos o investigaciones periodísticas, según los críticos de la reforma.

Los términos utilizados abarcarían tanto difamación como opiniones críticas o denuncias periodísticas. Esta vaguedad, según los críticos, abriría la puerta a eliminar contenidos no por su falsedad, sino por presiones de actores con poder o intereses.

Ante la amenaza de eliminación arbitraria, periodistas y medios se verían incentivados a restringir sus análisis por temor a represalias, afectando la pluralidad informativa y limitando la memoria colectiva.

Tras las críticas recibidas por parte de periodistas y organizaciones, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, convocó a foros para analizar la reforma que ya publicó en el Periódico Oficial del Estado. La presidenta del Congreso local sostuvo que la reforma se mantendrá firme.

La Declaración de Salta II, aprobada en octubre de 2024, reafirma que “los derechos vinculados a las libertades de expresión y de prensa deben garantizarse por igual en el entorno analógico y en el digital”. El Principio 4 establece que cualquier restricción al derecho de difundir información debe: Estar establecida por ley, ser sometida a revisión judicial por un poder independiente y cumplir estándares internacionales de derechos humanos.

Además, su Principio 10 advierte que suprimir o desindexar información de interés público atenta directamente contra el derecho ciudadano a informarse y preservar la memoria colectiva. Esta normativa diseñada bajo la narrativa de protección personal corroe esos principios básicos.

El presidente de la SIP José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, subrayó que “lo que está en juego es el derecho de toda la sociedad a informarse y debatir. Esta iniciativa puede borrar del espacio público información incómoda, dañando la memoria colectiva y la rendición de cuentas.”

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Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), enfatizó que “esta ley corre el riesgo de institucionalizar la censura por encargo… sin debate público, sin transparencia y sin defensa posible.”

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

*Comunicado oficial de la Sociedad Interamericana de Prensa

El cargo Sociedad Interamericana de Prensa, preocupada por censura en “Ley Ciberasedio” apareció primero en .

Este martes, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ratificó que su gobierno no respalda normativas que tiendan a censurar, sentenciando que, “está garantizada la libertad de expresión, y las y los gobernadores deben garantizarla”.

En concreto, la titular del Poder Ejecutivo federal se refirió al polémico Artículo 278 Decies del Código Penal del estado de Puebla, que ya sancionaba el uso de tecnologías de la información para contactar a menores con fines sexuales, pero fue ampliado desde el pasado 13 de junio para incluir nuevos delitos vinculados al entorno digital, como la suplantación de identidad, el espionaje informático y el acoso cibernético. Este último ha generado una fuerte polémica, pues está definido como el empleo de redes sociales y otras plataformas digitales para denigrar, insultar, calumniar, o humillar a una persona. Quien incurra en esta conducta podrá enfrentar una pena de entre once meses y tres años de prisión, además de una multa económica que oscilará entre 50 y 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La legislación precisa que la conducta debe implicar una insistencia reiterada con la capacidad de causar daño o afectación a la integridad física o emocional de la víctima para que sea considerada punible.

“No vamos a estar de acuerdo con un artículo que promueva la censura”, aseveró Sheinbaum.

La presidenta, a favor de la libertad de expresión

Cuando un reportero le preguntó su opinión sobre la también llamada “Ley Censura”, la mandataria le contestó: creo que ya el gobernador abrió un parlamento para discutirlo…Nosotros estamos en contra de la censura”.

-Pero lo abrió no para tratar de modificarlo o eventualmente haya propuestas para modificar, sino para que la gente simplemente lo conozca, porque parece que no tiene intención de modificarlo, Presidenta-le aclaró el periodista.

-Bueno, vamos a ver, ¿no?-reviró la presidenta-, nuestra posición siempre es en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, siempre. Entonces, no vamos a estar de acuerdo con un artículo que promueva la censura.

Más adelante, en la rueda de medios, le presentaron el caso del periodista Jorge Luis González Valdez del diario Tribuna, de Campeche, quien fue vinculado a proceso bajo el cargo de discurso de odio, por la jueza de control, Guadalupe Martínez Taboada, presuntamente por haber criticado a la gobernadora Layda Sansores, gobernadora de aquel estado, una situación que ha generado indignación, pues además se le prohibió al comunicador ejercer el periodismo y se le obliga a pagar una multa de 2 millones de pesos.

“Así como el artículo —sí lo leí— en el caso de Puebla; en el caso de Campeche no conozco exactamente cómo es la situación, pero cualquier cosa que tenga que ver con la censura estamos en contra, que quede claro” reiteró la presidenta de México.

El martes pasado, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez sugirió corregir las reformas al Código Penal de Puebla, para acabar con la controversia

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