Como en muchas otras historias de violencia vicaria, Alejandra fue separada de su hijo mediante amenazas formuladas cuando ella estaba en situación desventajosa y su hijo era apenas más que un bebé. 

En el año 2017, el papá sustrajo al pequeño y lo retuvo durante un mes, mientras armaba un caso para criminalizar a Alejandra, fingir que él era el custodio central y amenazarla con llevárselo a otra entidad para que no pudiera verlo nunca más… todo para que el miedo la obligara a firmar un acuerdo diseñado por un secretario que dejó todo a favor del padre, negándole a ella convivencias de vacaciones y dejándole únicamente 28 horas semanales de contacto; lo que -muy a su pesar- obedeció, cumpliendo sus horarios y entregando la pensión alimenticia, hasta que, en mayo de 2025, la amenaza de que pronto le quitarían la totalidad del contacto y los crecientes suplicios de su hijo la llevaron a retenerlo y cometer un desacato para salvarlo mientras emprendía acciones legales para buscar la modificación de la guardia y custodia. Solicitud que han sido desechada por una jueza que pidió una escucha en la que el menor fue obligado a entrar a la sala sin su acompañante de confianza elegido (que era su hermana) y entre lágrimas relató que tiene miedo de estar con su padre porque su abuela lo obliga a beber cerveza y llamarla mamá, mientras que él lo fuerza a pelear con sus compañeros de escuela, le dice “niñita” y lo abofetea cuando llora por extrañar a su verdadera mamá, pero aún así decidió ignorar estas declaraciones y ordenó que sea devuelto a una casa en la que se siente -de acuerdo a las valoraciones hechas por peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE)- al borde de la automutilación.

Este miércoles 4 de febrero, acuerpada por el apoyo de la Colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y a una Vida Libre de Violencia, Alejandra informó que ya se ha amparado ante el Juzgado Séptimo y ha presentado una queja formal, ante el Consejo de la Judicatura (CJ), contra esta jueza que que en 2019 se atrevió a anotarse como aspirante para presidir la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal a pesar de que tiene un largo historial de señalamientos públicos y formales por agravios contra personas vulnerables, que incluye un notorio caso despojo, mediante documentos apócrifos, del terreno de una mujer de 80 años en el municipio de Huejotzingo.

Lastimosamente, este patrón de comportamiento de exponer a los menores a interrogatorios crueles que ni siquiera sirven de algo, porque una vez que se expresan son ignorados, ya lo hemos visto mucho en Puebla, la misma Amador Marquéz fue una de las juzgadoras que no actuó para cuando una le tocó parte del caso de Daniela Flores y su hija, que eran martirizadas por el juez Joel Daniel Baltazar Avalos, quien obligó a la pequeña Nelly a hacer ocho pruebas periciales sobre un supuesto tocamiento sexual del que el padre acusaba a la madre, y que la niña siempre negaba, mientras que los psicólogos señalaban que estos reiterados esfuerzos para forzarla a acusar a su mamá, la estaban dañando. 

Ambos casos muestran son muestras de la falsedad del mito machista de que los jueces siempre son conducidos por los criterios de género y favorecen ciegamente a las madres, pues muestran que en realidad el criterio que se impone es el del influyentísimo que da valor y armas a los principales agresores vicarios. Ni las mujeres ni los infantes llevan las de ganar, los supuestos garantes de la justicia están más que dispuestos a permitir manipulaciones previas y tratar con hostilidad a los niños y niñas para obligarlos a hablar contra sus mamás y beneficiar a sus poderosos papás; y si llegan a expresan su realidad a pesar de su tristeza y la dureza de las condiciones en las que se les hace testificar, estas verdades simplemente son anuladas cuando no le sirven a los agresores.

En un estado en que los agresores vicarios no sólo son protegidos por el machismo sistémico del que nacen, sino que además son consentidos por los y las juzgadoras en la medida en que sus carteras e influencia aceitan los engranajes de la violencia institucional, queda más que claro lo necesarias que son las colectivas que abrazan la causa de la madre, acompañan su denuncia y le dan la fuerza de un eco cargado de experiencia legal y de lucha social y comunicacional. 

Estas colectivas que conjuntan los datos y arman los expedientes del proceder de los y las jueces que el Poder Judicial falla en monitorear, acompañan a Alejandra en su llamado al gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, y al Consejo de la Judicatura a no permitir que le arranquen a su hijo que apenas empieza a sentir que su normalidad no tiene que ser la del terror que vivía con el padre que le hace desear cortarse a sí mismo. El llamado es que no cierren los ojos ante la realidad, como lo hace esta jueza que cada que se mueve deja ver los hilos de la corrupción guiando sus fallos.

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“Siempre lo he dicho, somos respetuosos del Poder Judicial, estamos siempre atentos, está en estudio y lo he comentado, si en su momento hay una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosotros lo haremos como debe de ser, estamos abiertos siempre a mejorar”, dijo este miércoles el presidente del Congreso.

A pesar de que este es el sexto amparo en contra de la ley de ciberasedio -el primero, otorgado en julio de 2025 al investigador y periodista independiente Roberto Celaya Figueroa; tres más, concedidos entre diciembre de 2025 y enero de 2026, a los abogados César Pineda Zárate, Ricardo Gali y Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico; y otro dado el 14 de enero a una periodista (cuyo nombre ha sido reservado) respaldada por la organización Propuesta Cívica, que además tiene pendientes cinco juicios más-, el también líder de la bancada local de Morena, Pavel Gaspar, insistió en que la tipificación de este delito fue hecha para “cuidar y defender” a infancias, juventudes y ciudadanía en general, y restó importancia a los amparos anteriores al de Article 19 por proteger cada uno a una sola persona; pero señaló que si la Suprema Corte lo ordenará, acatarían sus resoluciones y modificarían la ley.

Al igual que en los amparos ganados previamente por abogados, organizaciones y periodistas investigadores, en la resolución emitida el 27 de enero a favor de Article 19, a raíz del juicio de amparo 825/2025 -realizado a inicios de este año-, se señala que la llamada ley de ciberasedio es una norma vaga y confusa y no podrá aplicarse a los sujetos amparados; pero la resolución lograda por la organización internacional en defensa de la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información tiene efectos más amplios que la de sus predecesores, pues en este caso no se refiere a una sola persona, sino que abarca -en el presente y en el futuro- a todas las personas que “ya eran parte de ARTICLE 19 al momento de la sentencia” y a “quienes se integren posteriormente y realicen labores de acuerdo a sus estatutos“.

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El pronunciamiento de los movimientos sociales que están acuerpando la demanda de la familia a que ambos casos sean concluidos durante los 26 días hábiles que quedan, condena la decisión tomada, la ultima semana de octubre, por el Cuarto Tribunal de Alzada en Materia Penal de repetir la última audiencia del juicio oral, para volver a emitir sentencia, que ha obligado a las víctimas a tener que volver a sobrellevar este proceso al mismo tiempo que el de feminicidio -para el cual es clave el de violencia familiar dado que sería el probable móvil- en un período extremadamente corto, lo cual ha sido uno de los giros más inesperados en los más de tres años que se llevan de este caso en el que ha habido una cadena de violaciones a derechos humanos y retrocesos judiciales, que, las organizaciones califican como una expresión del “desprecio del Estado de Puebla hacia las mujeres y la justicia”.

La lucha feminista por justicia para Cecilia Monzón es abrazada por otros movimientos

Este documento que demanda a los tribunales frenar “el borrado institucional de la justicia para las mujeres y sus familias”, ha sido firmado por colectivas como Mujeres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria, Feministas de Izquierda 19 de Marzo, Mujeres por el Derecho al Cuidad y una vida Libre de violencia, CIUM en Rosa, Por las mujeres de Puebla, REDefine Puebla, Política en Femenino, la Red Plural de Mujeres, y Madres Viviendo Violencia Vicaria, que forman parte de la lucha feminista en la que, en vida, destacó en vida Cecilia Monzón; pero también ha sido suscrito por asociaciones civiles de otros sectores que comparten la demanda de que el Poder Judicial deje de actuar en favor de los perpetradores de delitos y en contra de las víctimas.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran movimientos animalistas y ambientalistas como Periferia Verde, AMA Colectivo por los Animales y el Medio Ambiente, Vecinos Unidos por la Defensa del Parque Ecológico, la Agenda Ciudadana por los Árboles y las Áreas Verdes, Abogados Animalistas de Puebla y RAM; defensores de Derechos Humanos y de la Diversidad como Odesyr, CIUM, APSS y Enlace Ciudadano; así como asociaciones de izquierda como Puebla Vigila, el Movimiento Popular Progresista y el Frente Comunicacional Antifascista.

Cabe destacar que la suscripción de estas organizaciones de sectores diversos se da en el contexto de las múltiples liberaciones y modificaciones de sentencias que ha permitido el Poder Judicial en menos de un mes, pues el caso de Javier López Zavala sería el quinto en este período en el que también fue reclasificado como homicidio el feminicidio de Araceli Vázquez Barranco; fue temporalmente liberado el agresor de la activista Andrea Lezama y el primer hombre vinculado a proceso por violencia vicaria en Latinoamérica; se dio proceso en libertad a un hombre acusado por el biocidio de al menos 15 perritos en la colonia La Venta, pese a ser una persona con antecedentes de acoso sexual y agresión con arma blanca; y en que se emitió un amparo discrecional a favor de otro hombre señalado por lesionar con un machete a un perrito en San Diego Chalma. Cinco casos de naturaleza distinta que muestran la negligencia, incompetencia o probable complicidad del Poder Judicial con los procesos contrarios a la procuración de justicia

A continuación el comunicado integro de las organizaciones:

H. Puebla de Zaragoza a 18 de noviembre de 2025.

BOLETÍN DE PRENSA

JUSTICIA PARA CECILIA MONZÓN

Colectivas, Organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos y activistas exigimos justicia ante la revocación de sentencia de seis años de cárcel a López Zavala por violencia familiar y las dilaciones en el juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón.

La familia de Cecilia Monzón denunció que el Cuarto Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal del Poder Judicial de Puebla dejó sin efectos la sentencia condenatoria de seis años de prisión dictada contra Javier López Zavala por el delito de violencia familiar. La decisión, ordena repetir la última audiencia del juicio oral, realizada en julio de 2024, para volver a emitir sentencia, lo que calificamos como un acto de revictimización y retroceso judicial, demostrando una vez más el “desprecio del Estado de Puebla hacia las mujeres y la justicia”

Nos sumamos de manera colectiva a las exigencias de justicia por parte de la familia de Cecilia Monzón, porque reconocemos que la fuerza y valentía de todas las colectivas y organizaciones son ejemplo de sororidad, lucha y resistencia contra un sistema que no protege a las mujeres ni a sus familias, por lo que hacemos el llamado para que dentro de los 23 días hábiles del calendario del Poder Judicial de Puebla en este 2025, se lleven a cabo los juicios por feminicidio y violencia familiar con la máxima condena.

Hoy, más que nunca, debemos alzar la voz ante la injusticia y revictimización que el Tribunal de Puebla decide hacer sobre las mujeres y sus familias, el borrado institucional de la justicia para las mujeres está más presente que nunca y no debemos permitirlo; porque en un estado donde una mujer es asesinada cada 28 horas, permitir estos retrocesos no es un error: es complicidad del Estado al servicio de los agresores y eso también es violencia.

Por último, hacemos un llamado a continuar en la lucha de Cecilia Monzón, contra este sistema que solo pone obstáculos a las víctimas y a sus familias, a defender los derechos humanos de las mujeres y las infancias, hasta que la dignidad en México se haga costumbre.

#JUSTICIAYAPARACECILIAMONZÓN

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