Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que esta credencial permitirá a las y los ciudadanos acceder al sistema de salud que le corresponda — IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, servicios estatales—, Fuerzas Armadas e Institutos Nacionales de Salud, además de vincularlos a un expediente medico electrónico protegido.

La titular del Ejecutivo detalló que el proceso contara con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos, destinados a la instalación de 2 mil 365 módulos y 9 mil 791 estaciones de toma de datos, así como a la impresión de las credenciales. Subrayó que dicho proceso forma parte del fortalecimiento y digitalización los principales sistemas públicos de salud,

Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que la credencial física incluirá datos como nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y condición de donador de órganos, además de dos códigos QR que indicaran la derechohabiencia   y la unidad médica asignada. La versión digital estará disponible a partir de abril en la App Mx y contendrá la misma información.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, indicó que el registro se realizará en los 32 estados del país, con el apoyo de 14 mil servidoras y servidores de la nación y se llevará a cabo de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas, conforme a un calendario basado en la letra inicial del primer apellido.

Para menores de edad se requerirá acta de nacimiento con CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial del padre, madre o tutor, mientras que las personas adultas deberán presentar identificación oficial con fotografía, CURP y comprobante de domicilio.

El proceso iniciara el 2 de marzo en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; y a partir del 23 de marzo en Baja California, Chiapas, Cuidad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca , Quintana Roo y Veracruz . Se prevé que la credencial impresa pueda recogerse aproximadamente seis semanas después del registro, tras una notificación vía SMS o llamada telefónica.     

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La recomendación, identificada con el número 15/2025, fue emitida luego de que el ISSSTEP se negara a aceptar una propuesta conciliatoria previa (13/2025), en la que ya se había establecido que la persona involucrada sufrió violaciones a su derecho a la seguridad jurídica y a la protección social.

La CDH calificó la negativa del Instituto como un hecho especialmente delicado, debido a que el mecanismo de conciliación tiene como objetivo resolver con prontitud situaciones que implican violaciones a derechos humanos. Esta respuesta, según el organismo, mostró una falta de disposición para reparar la afectación de manera expedita.

El conflicto gira en torno a una demora excesiva en el análisis y resolución del expediente de pensión del trabajador afectado, cuya gestión inició el 1 de febrero de 2018. Esta tardanza ha impedido que acceda a su retiro, a pesar de ser un derecho garantizado por la ley.

Entre las acciones recomendadas, la CDH solicitó al ISSSTEP que dictamine de manera inmediata el expediente pendiente, que informe al Órgano Interno de Control para que abra una investigación administrativa y que emita una circular interna exhortando al personal a atender con apego a la ley las solicitudes de jubilación.

Asimismo, se instó a capacitar al personal del instituto en materia de derechos humanos y a realizar una reparación integral del daño, conforme al artículo 1º de la Constitución Mexicana, que obliga a todas las autoridades a respetar y garantizar estos principios.

La recomendación busca corregir la omisión y evitar que otros afiliados enfrenten situaciones similares de negligencia institucional.

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dio a conocer que los 10 mil millones de pesos provenientes de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, mismos que fueron transferidos por la Nacional Financiera (Nafin) a las cuentas de la Tesorería Federal, serán destinados para fortalecer los servicios de salud del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Durante la “Conferencia del Pueblo” de este viernes 11 de abril, la mandataria habló respecto a este tema, descartando que exista alguna irregularidad con esta acción financiera, luego de que el Consejo de Suprema Corte de la Nación (SCJN), precedido por la Ministra Norma Piña, advirtió que iniciará acciones legales contra esta orden que dispone de esos recursos que estaban suspendidos por órdenes judiciales y que fueron transferidos por Nafin de manera inesperada.

Ante esta amenaza, Sheinbaum Pardo dijo que la Corte no tiene la razón, pero de todas maneras se le pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que le haga llegar un comunicado al órgano judicial, explicándole cuál es el sustento jurídico de dicha transferencia, reiterando que no hay ningún problema.

Además, dijo que este recurso no puede destinarse solo a los altos funcionarios de la corte como se hace ahora, por lo que es falso que esos fideicomisos eran para los trabajadores del Poder Judicial a los que garantizó sus derechos laborales, así como el de los maestros y maestras; para ello son estos recursos.

“No hay nada irregular, no hay ningún problema y sencillamente, en vez de que se quede en unos cuantos de la Corte –además, que quede claro, que se garantizan los derechos laborales de todos los trabajadores de la Corte y sus salarios y todo–, pero ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte como se estaba haciendo, porque es falso que era para los trabajadores del Poder Judicial, como muchas otras falsedades que han dicho los ministros y ministras de la Corte”, agregó.

Asimismo, reprochó la actitud de la corte, cuando entregó de la misma manera parte de sus fideicomisos al INE, ya que en esa ocasión no dijo nada.

“Es muy curioso porque una primera parte ya se le dio al INE. ¿Sí recuerdan, no? Que primero fue entregada una parte de los fideicomisos y esa se le dio al INE de la misma manera como ahora se quiere utilizar, ahora digo para qué fin. De eso que se le dio al INE, el Tribunal no dijo nada; perdón, el Consejo de la Judicatura, no dijo nada ni tampoco la Corte”.

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En redes sociales circulan mensajes de feministas celebrando la consolidación de este acuerdo que obliga a que todas las unidades médicas del Seguro Social atiendan a las personas gestantes conforme a un protocolo que les permita abortar “con el máximo cuidado del bienestar físico, psicológico y social de la persona”, un paso más rumbo al reconocimiento a nivel Federal del derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

“Desde CDD, reconocemos al @ISSSTE_mx por incluir en sus servicios médicos el aborto legal, reafirmando su compromiso con los derechos de protección a la salud. ¡Un paso hacia la justicia reproductiva y la igualdad de derechos! #SaludReproductiva #ILE #ISSSTE“, celebra una publicación en X de Católicas por el Derecho a Decidir.

Es importante señalar que, desde marzo del 2024, la Secretaría de Salud federal (SSA) informó que proporcionaría servicios de “aborto seguro” por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que tiene instalaciones en las unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel del ISSSTE a nivel nacional; sin embargo, en la practica esto no podía realizarse debido a la ausencia de procedimientos que reconocieran y promovieran “la libertad reproductiva y el consentimiento informado”.

Ahora, aunque aún no se tiene claro lo qué ocurrirá en entidades en donde no se ha despenalizado el aborto, se tiene una base procedimental que refuerza las victorias legales en pro del derecho a decidir,, pues el acuerdo reconoce los derechos de todas las personas usuarias del servicio de ILE “bajo los principios de igualdad, no discriminación, perspectiva de género, y respeto a los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos; así como información clara respecto a la valoración médica y el procedimiento sugerido”, definiendo como derechos: la orientación preventiva, de control y seguimiento respecto a la ILE; el apoyo emocional y psicológico con acompañamiento de una persona capacitada en un entorno seguro y propicio; la protección de datos personales y salvaguarda de la información de la/le paciente; y la atención por parte de una persona no objetora de conciencia.

De acuerdo a lo que ya está registrado en el DOF, el ISSSTE se compromete a actuar en todo momento bajo el “principio de no revictimización” y a contar con “suficiente personal de salud No Objetor de Conciencia para garantizar la prestación del servicio”, con el debido Consentimiento Firmado de la Persona Usuaria y el respeto a los derechos de información y libertad de elección. 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del acuerdo en el DOF, la Dirección Jurídica del Instituto deberá incluir estos cambios procedimentales en la Normateca Electrónica Institucional, mientras que la Dirección Médica del ISSSTE tendrá que “coordinar y dar seguimiento a las acciones necesarias para capacitar al personal médico de todas las unidades y promover la implementación del acuerdo”.

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