Pliego Ishikawa, coordinador de la Coalición Movilidad Segura, explicó a través de un post en sus redes sociales que las agresiones comenzaron después de que publicó evidencia —incluidas capturas del vehículo con el logo del club Noisy Rides presuntamente implicado en el siniestro— y vinculó públicamente al grupo con lo ocurrido.

En respuesta, el club bloqueó el acceso público a sus redes sociales y, de manera sospechosa, usuarios anónimos comenzaron a hostigarlo con insultos y amenazas directas, incluidas advertencias de violencia física.

En su denuncia, Pliego advirtió que estas respuestas en redes sociales no pueden normalizarse, pues representan un riesgo para la seguridad de quienes ejercen el derecho a la información y a la crítica pública. Colectivos y activistas expresaron su respaldo al llamado del activista y condenaron el ciberacoso como una forma de intimidación frente a temas de interés público.

Cabe señalar que las autoridades de seguridad estatal indicaron que la colisión se debió a la falta de pericia al conducir; sin embargo, testigos y el propio Pliego sostienen que se trató de un choque relacionado con arrancones ilegales en esta vía.

El cargo Activista sufre ciberacoso tras denunciar vínculo de club en choque de la Vía Atlixcáyotl apareció primero en .

Después de que fue compartido el logro de que Daniela Flores y su hija volvieron a estar juntas tras 7 años de separación forzada, Daniela denunció en rueda de prensa que sigue siendo violentada legalmente. Una de las denuncias que su presunto agresor interpuso en su contra es por violencia familiar, la cual abre la posibilidad de que de nuevo le quite la custodia de su hija y la menor vuelva a ser víctima de violencia. Además fue apelada la vinculación a proceso de D.”N”. y denunciaron que el magistrado encargado de revisar la apelación tiene vínculos con el bufete de abogados que defiende al presunto agresor.

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Daniela Flores y su hija son sobrevivientes de violencia vicaria la cual, precisó Daniela, comenzó en mayo de 2016 cuando vivían en Francia y D.”N”. la amenazó con quitarle a su hija. Es de recordar que la amenaza fue cumplida en 2018 en México y desde entonces Daniela y su hija han sido violentadas incluso institucionalmente.

Este 2025 la lucha de Daniela, su actual abogada Aranzazú Mariana Paredes y su red de apoyo ha tenido logros significativos. En junio de este año D.”N”. fue vinculado a proceso por sustracción de menor con agravante de violencia vicaria, después de haber diferido la audiencia 5 veces, y el 15 de agosto Daniela volvió a estar con su hija.

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Es necesario resaltar que tras la orden de restitución inmediata de la custodia, la niña tuvo que haber estado con Daniela Flores desde el 9 de agosto sin embargo D.”N”. se dio a la fuga con la menor y la devolvió con su mamá después de que fue activada la Alerta Amber y ella aceptó las condiciones puestas por el hombre.

Daniela y su hija ya están juntas después de siete años, sin embargo denunciaron que la violencia continúa y estos logros podrían revertirse. La defensa de D.”N” apeló su vinculación a proceso, en rueda de prensa Daniela Flores y su abogada hicieron público su temor de que el vínculo directo del magistrado que revisará la apelación, Gerardo Gutiérrez Gayosso, con el bufete de Florentino Téllez, abogados que representan a D.”N”, pueda favorecer al presunto agresor.

Por otra parte, durante estos siete años, el presunto agresor de Daniela y su hija ha interpuesto denuncias por diferentes delitos las cuáles, aunque fueron desacreditadas por falta de pruebas, lograron obstaculizar el vínculo materno. Daniela Flores dio conocer que las denuncias en su contra continúan, las más recientes han sido por ciberacoso y violencia familiar.

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Esta última es la que más preocupa a Daniela, pues a través de ella, su presunto agresor podría nuevamente quitarle la custodia de la menor y, de esta forma, la niña sería nuevamente víctima de violencia pues es necesario recordar que en la violencia vicaria son las infancias las víctimas directas.

Por último Daniela Flores reafirmó la necesidad de que las autoridades apliquen perspectiva de género y de infancias, así como que reconozcan que en la violencia vicaria tanto las madres como las hijas o hijos son víctimas.

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A la persona responsable de esta conducta se le impondrá una pena de seis meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito. Cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, la sanción se aumentará una tercera parte de la pena mínima y hasta dos terceras partes de la pena máxima.

“Quedan excluidas del presente artículo, las manifestaciones o críticas que estén orientadas a satisfacer un interés público, garantizar el desarrollo democrático o traten del escrutinio de cualquier órgano del Estado o persona servidora pública, y todas aquellas expresiones emitidas en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el periodismo, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia y demás disposiciones aplicables”, considera el dictamen.

RECIBE MESA DIRECTIVA INICIATIVAS PARA REFORMAR EL CÓDIGO PENAL Y LA CONSTITUCIÓN

En sesión ordinaria, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para reformar y adicionar un párrafo al artículo 409 Bis; y adicionar un párrafo al artículo 410, al Código Penal del Estado, con la finalidad de establecer que al autor o autores intelectuales o a quienes induzcan, organicen o dirijan invasiones, se sancionarán con prisión de siete a doce años y multa de mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización.

Asimismo, se propone que, si los responsables del ilícito son servidores públicos, o el despojo se realiza con fines de lotificación o comercialización de la tierra, la sanción se aumentará en una mitad y se le impondrá, además, la destitución e inhabilitación de uno a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

El legislador también presentó una iniciativa para imponer de cuatro a doce años de prisión y multa de quinientos a mil quinientas unidades de medida y actualización, a quien para obtener el pago de un préstamo o crédito ejerza actos de intimidación, amenazas, coacción, daños, hostigamiento, presión psicológica, retención de objetos personales, violencia física o moral, o cualquier otro medio que afecte la seguridad, integridad, libertad o patrimonio del deudor o su entorno.

Las adiciones al artículo 292 Ter del Código Penal del Estado tienen la finalidad de incorporar el delito de “gota a gota” para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad económica, quienes muchas veces se ven obligadas a recurrir a este tipo de préstamos por exclusión del sistema financiero formal; reducir la impunidad en casos de extorsión disfrazada de actividad económica, fortaleciendo el papel del Estado como garante del orden y la legalidad; así como desarticular redes delictivas organizadas.

Por su parte, la diputada Celia Bonaga Ruíz presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Puebla, con el objetivo de que las autoridades estatales y municipales competentes, en coordinación con los medios de comunicación, plataformas digitales y prestadores de servicios de anuncios, establezcan mecanismos de verificación y validación de identidad de personas físicas o morales que publiquen contenidos relacionados con ofertas laborales, académicas, recreativas o de servicios personales.

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para adicionar el artículo 334 Bis al Código Penal del Estado, a fin de equiparar al delito de inducción y auxilio al suicidio, al que por medio de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TICS), redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, o de forma directa y personal, induzca a niñas, niños o adolescentes, a realizar retos o desafíos virales que notoriamente pongan en riesgo su vida, o faciliten ideas, mecanismos o herramientas para terminar con ésta.

Las iniciativas antes mencionadas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

El diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para reformar el acápite y la fracción III del artículo 104 de la Constitución Política del Estado de Puebla, con el objetivo de evitar la permisibilidad de concesionar los servicios públicos municipales de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis.

En tanto, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que, en coordinación con el Ayuntamiento de Puebla y con base en criterios técnicos de densidad poblacional, incidencia delictiva y accesibilidad, implemente un plan integral de fortalecimiento de la seguridad en las juntas auxiliares.

El cual contemple la creación, adecuación o habilitación de al menos cuatro comandancias generales en puntos estratégicos cercanos a dichas comunidades, con el objetivo de mejorar la atención ciudadana, garantizar presencia policial constante y fortalecer la coordinación con autoridades auxiliares en materia de prevención y respuesta ante hechos delictivos.

Este exhorto fue enviado a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y resolución procedente.

La Mesa Directiva dio cuenta de los siguientes asuntos:

-Iniciativa del diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta para reformar y adicionar las fracciones II, III, IV y se adiciona la fracción V al artículo 217 del Código Penal del Estado con la finalidad de establecer que comete el delito de corrupción de menores al que permita el acceso de un menor a exhibiciones de carácter lascivo o sexual; se le impondrá prisión de tres a cinco años y multa de doscientas a mil doscientas Unidades de Medida y Actualización.

-Iniciativa del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez para adicionar el artículo 254 Bis al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de establecer sanciones para quienes presenten acusaciones falsas por delitos sexuales con dolo y mala fe, protegiendo a las personas inocentes de ser injustamente señaladas, sin limitar el derecho legítimo de quienes sí han sido víctimas para denunciar.

La propuesta, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

El cargo Avala LXII<br>Legislatura reformas al delito de ciberasedio apareció primero en .

“Sí quiero ser muy tajante en el tema este de la libertad de expresión: el gobierno de México está en contra de cualquier tipo de censura”, aseveró la responsable de la política interior en el país. Y añadió: “Nosotros nos apreciamos de seguir las líneas sobre el tema de un gobierno por las libertades y por los derechos, entonces, de ninguna manera el gobierno de la Cuarta Transformación está por una cuestión de la censura hacia los medios de comunicación”.

La secretaria de Gobernación apuntó: “Absolutamente estamos en contra de cualquier intento, y por cierto que se me hizo bien la iniciativa que tomó el gobernador de enviarle al Congreso de Puebla una cordial invitación para que revisen lo relativo al artículo que ha causado polémica sobre el ciberacoso”.

Luego, acotó: “Me parece muy importante que participen pues toda la sociedad poblana sobre y la de México, la que así consideraría sobre este tipo de artículos que han aprobado en el Congreso del Estado. Entonces, que se ponga a consideración y que pues sean muchos los periodistas que participen, los padres de familia, en fin, que participen todo mundo para que pueda dar su opinión, sobre que pues en México no debe haber censura, libertad, libertad y derecho”.

Insistió sobre la Ley contra el Ciberacoso: “Creo que debe ponerse a consideración de la población, pues a mí lo que me pareció bien es que se diga que se someta a una revisión de la población, más que una posición este sobre un artículo específico, nosotros lo decimos en el gobierno de México en general, no a la censura”.

“Me parece que en cualquier momento es bueno para corregir. Lo único que uno tiene que estar esté atento es a decir en este tipo de decisiones veamos si se puede revisar y si es necesario corregir.

Ahorita solamente está a revisión de todo el pueblo de Puebla que se someta a una revisión exhaustiva, creo que todos los casos tienen que ser revisados porque el pueblo de México no está a favor de la censura. El pueblo de México está a favor de las libertades y pues del respeto a las garantías constitucionales, el derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a libre tránsito, en fin, el derecho a la propiedad privada, todas los derechos y las garantías individuales”.

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