Los manifestantes sostienen que, aunque la empresa ha argumentado que utilizará riego por goteo para cultivos de frutos rojos, la dimensión de los invernaderos pone en riesgo el abasto de agua para Azumbilla. Por ello, demandaron la presencia de autoridades estatales y advirtieron que no retirarán el bloqueo hasta que la compañía comience a desmontar la infraestructura que ya fue instalada en varias hectáreas.

La protesta se intensificó luego de que, según los pobladores, el presidente auxiliar, Román Jiménez Cuevas, no acudiera al diálogo convocado por la comunidad. De acuerdo con los reportes locales, el funcionario les informó por llamada en altavoz que no podía presentarse por indicaciones del gobierno estatal, debido a que no había condiciones para hacerlo, lo que encendió aún más el descontento.

Al sitio acudió el delegado de Gobernación, Marco Antonio Balseca, para atender a los inconformes. Sin embargo, el conflicto ya no se limitó a Azumbilla. Otro grupo de habitantes de Chapulco también pidió la intervención estatal y exigió que el funcionario recorriera con ellos la zona de Los Fresnos, donde, aseguran, la presencia de invernaderos podría provocar daños a las fuentes hídricas en el corto plazo.

El bloqueo se inscribe en una disputa que ya había tenido episodios previos. El 25 de marzo, pobladores de Azumbilla cerraron la carretera Azumbilla-Tlacotepec por la reactivación de pozos vinculados con estos proyectos de invernadero. Desde entonces, la comunidad se mantiene dividida entre quienes ven en la inversión una fuente de empleo y tecnificación del campo, y quienes consideran que el costo ambiental sería demasiado alto para una región marcada por el estrés hídrico.

La movilización de este jueves provocó afectaciones en la circulación sobre uno de los principales corredores de conexión entre Puebla y Veracruz. Hasta la tarde, los inconformes mantenían firme su postura de permanecer en el lugar hasta obtener una respuesta concreta sobre la salida de la empresa y la protección del agua en la zona.

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A través de una convocatoria difundida por el Campamento de la Resistencia en Defensa de la Tierra y el Agua de Malacatepec y otros colectivos, se llamó a un foro abierto este domingo 18 de mayo en el Cerro Cacalotepetl. La finalidad del encuentro fue compartir testimonios, denuncias y propuestas frente al crecimiento urbano que —aseguran— ha implicado despojos de tierras, contaminación ambiental, uso excesivo de agua y represión a defensores del territorio.

Los participantes acusaron a Grupo Proyecta de haberse enriquecido durante más de tres décadas a costa de los pueblos originarios, mediante la construcción de desarrollos habitacionales y comerciales en zonas tradicionalmente agrícolas o naturales. Denuncian el uso de expropiaciones, juicios amañados, incremento de impuestos, ocupaciones ilegales y uso de la fuerza pública como mecanismos de despojo.

Asimismo, se responsabiliza a los gobiernos de San Andrés Cholula, Santa Clara Ocoyucan y al gobierno estatal por facilitar esta expansión urbana mediante la planeación de obras viales y cambios en los programas de desarrollo urbano. Los colectivos señalan que estas políticas han permitido una densificación poblacional que ha multiplicado por cuatro el número de habitantes en algunas zonas, generando altos niveles de consumo de agua y basura. San Andrés Cholula es ahora, indican, el segundo municipio que más residuos sólidos genera en el estado.

Otro de los puntos críticos denunciados es la situación del basurero intermunicipal de San Pedro Cholula, clausurado por comunidades el 21 de marzo de 2024 debido a su impacto ambiental. Las organizaciones acusan que, lejos de buscar soluciones, las autoridades han respondido con represión. El pasado 30 de abril, en un operativo policial que incluyó a fuerzas estatales, municipales, ejército y marina, se reportó el uso de armas de fuego contra manifestantes. Hasta el momento, denuncian, no hay responsables sancionados por estos hechos.

Además, exigieron la liberación inmediata de José Emiliano Zambrano, defensor del territorio de Malacatepec, quien permanece preso desde hace ocho meses. De acuerdo con las organizaciones, su detención responde a su oposición a los proyectos de Grupo Proyecta, cuyo manifiesto de impacto ambiental ha sido rechazado tres veces por la Semarnat para continuar obras en la zona.

Entre las exigencias principales de los convocantes están: detener la extracción de agua en los pueblos de Acuexcomac y Nealtican, incluir las estrategias de planeación de los pueblos originarios en los programas de desarrollo urbano, y remediar el sitio donde se ubica el basurero intermunicipal.

Finalmente, hicieron un llamado a pobladores, académicos, colectivos y artistas a sumarse al encuentro de este domingo, con el fin de construir estrategias comunes frente a lo que califican como una urbanización insostenible que amenaza con desaparecer la identidad cultural y territorial de los pueblos cholultecas.

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La protesta busca visibilizar lo que califican como el abandono al campo y la falta de apoyos por parte del gobierno. Los afectados buscan una mesa de diálogo, mientras tanto, empleados del recinto se han resguardado, pues se reportan actitudes violentas por parte de algunos de los inconformes.

El bloqueo está afectando la circulación y el acceso a la oficina federal, mientras los productores exigen ser escuchados por las autoridades.

En videos, se muestra a los inconformes gritando: “¡Queremos solución, queremos solución!”Además, se muestra cómo amagaron a una funcionaria del SAT, lo que desató un conflicto entre campesinos y elementos de la Policía.

La demanda

Los productores del sector primario, amparados por la legislación desde 2008, tienen derecho a la devolución del IEPS siempre que demuestren el uso exclusivo del combustible en sus labores. Sin embargo, los manifestantes denuncian que el SAT no ha cumplido con el reembolso, afectando a más de 3,000 productores en Puebla con un adeudo superior a los 25 millones de pesos.

“Necesitamos ese recurso para seguir produciendo. No pedimos regalos, pedimos que nos regresen lo que ya pagamos y nos corresponde por ley”, declaró un líder campesino.

Los manifestantes señalan que la falta de respuesta del SAT compromete la productividad del campo y agrava la pobreza en regiones vulnerables del estado.

Apenas el 11 de abril de 2025, decenas de campesinos se manifestaron pacíficamente frente a las oficinas del SAT en Puebla, pero la falta de avances en su demanda desembocó en la acción de este 23 de abril.

Pequeños productores señalan que enfrentan crecientes dificultades debido a los costos de insumos, lo que hace que la devolución del IEPS sea crucial para su subsistencia.El SAT no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente hasta el momento, pero fuentes locales indican que las oficinas permanecerán cerradas temporalmente.

El impacto

La interrupción de los servicios del SAT en Vía Atlixcáyotl afecta a cientos de contribuyentes. El SAT en Puebla cuenta con 10 módulos en la entidad, sin embargo, la oficina de Angelópolis es una de las más concurridas, con citas programadas con hasta 20 días de espera.

Los usuarios que tenían citas este 23 de abril deberán reprogramar, lo que podría generar retrasos en procesos como la declaración anual, cuya fecha límite para personas físicas es el 30 de abril.

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Ángel López Pérez, destacado luchador social y Presidente de la Unión Indígena Totonaca y Nahuat (UNITONA), explicó los beneficios de los programas sociales del gobierno actual, señalando que el programa Sembrando Vida no se implementó en Huitzilan debido a la negativa del Ayuntamiento controlado por Antorcha Campesina. Asimismo, mencionó que el Banco del Bienestar tampoco se instaló por falta de colaboración de las autoridades municipales.

Durante la asamblea, la regidora electa María de Jesús Ramos Xalcuaco denunció los ataques que ha recibido, junto a su equipo, por parte de Antorcha Campesina, que los ha acusado falsamente de desvío de recursos en relación con el programa “La Clínica es Nuestra”. Por su parte, la regidora Victoria Bonilla Velázquez de MORENA habló sobre las dificultades que ha enfrentado en su labor debido a las agresiones del grupo antorchista y llamó a sus compañeros a continuar con la lucha.

Dolores Silverio Tino, madre del pequeño niño Cristian Gobierno Silverio, cuya muerte sigue sin ser esclarecida, expresó su indignación por la falta de justicia y agradeció el apoyo recibido en su búsqueda de respuestas. Finalmente, Alonso Aco Cortés, presidente del Movimiento Popular Progresista (MPP), destacó el cambio en la mentalidad de los mexicanos hacia la participación política y social, subrayando que Antorcha Campesina perdió alrededor de dos mil millones de pesos que anteriormente recibía del gobierno federal durante el mandato de Enrique Peña Nieto.

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Funcionarios de la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla acudieron al punto para tratar el conflicto el día de ayer, en un diálogo que fue breve. Hoy se dio una apertura a las vialidades que comunican a la Ciudad Universitaria de la BUAP y sus alrededores.

Sin embargo, el ambiente es de una tensa calma tras el retiro de los inconformes..

Los afectados exigen el pago por la expropiación de sus tierras que hoy son usadas como una de las vialidades más importantes en la capital poblana.

El adeudo es de un aproximado de 2 mil 200 millones de pesos cantidad que se debe desde los años 80 por lo que deudos exigen de manera categórica con autoridades estatales y municipales reiterando que esto es un falló establecido por el tribunal agrario.

Finalmente, de acuerdo a las declaraciones del secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, ya se está estableciendo una mesa de discusión con los implicados en donde participarán funcionarios municipales de la administración actual y electa lo mismo con colaboradores de la dependencia responsable de la política interior en la entidad, esperando que la negociación y la conversación sea fructífera y se alcancen acuerdos que beneficien a todos.

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