Tras haber pasado 14 días en calidad de desaparecido -del 2 al 16 de enero- el doctor en letras, de nacionalidad colombiana, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en un centro de rehabilitación en el municipio de Juárez, en Nuevo León, cuyo personal lo rescató el 5 de enero, al haberlo encontrado en situación de calle, sin camisa, con hematomas y rasguños, y sin capacidad de identificarse ni explicar sus situación.
El catedrático e investigador de la Universidad Iberoamericana (IBERO) de Puebla acabó en este anexo tras haber sido víctima -según ha relatado el propio Leonardo- por una serie de violaciones a los derechos humanos e incumplimiento de protocolos de ley y sentencias internacionales, cometidas por la Guardia Nacional (GN), por la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca y por la autoridad judicial administrativa de este municipio.
La narración pormenorizada de estos hechos la hizo el profesor en un vídeo -grabado previamente- que fue proyectado durante una rueda de prensa realizada, este lunes 19 de enero, en el campus de la IBERO Puebla y que fue encabezada por el rector, Alejandro Guevara Sanginés, y por el coordinador de la Licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica “Minerva Calderón”, Simón Alejandro Hernández León.
Tras enfatizar que los expedientes médicos y los registros videográficos que se han podido recopilar dan aval de sus palabras, el académico relató que el 31 de diciembre -tras haber pasado sus vacaciones invernales con su familia en Colombia- arribó al Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo (MTY), que se encuentra en el municipio de Apodaca, a 24 kilómetros de Monterrey. Proyectaba pasar sólo tres horas en este sitio, pues iba a tomar otro avión a la Ciudad de México; sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos por elementos de la Guardia Nacional que lo detuvieron por causas “extrañas” (sic), que aún no han sido explicadas.
La GN trasladó a Leonardo a la comisaría de Apodaca y durante el trayecto lo torturaron al grado de provocarle fracturas en tres costillas. Una acusación que se ve reforzada por la reconstrucción de los hechos que ha hecho la Clínica Jurídica de la IBERO a partir de los informes de las autoridades, que muestra que los agentes presentaron al doctor ante un juez cuando ya habían pasado tres horas y media de su arresto, esto a pesar de que la distancia entre el aeropuerto y la comisaría es de sólo 15 kilómetros.
“Durante tres días estuve en una celda en el municipio Apodaca, a la que fui llevado por Guardia Nacional, antes de ir a dicha celda, fui golpeado por Guardia Nacional y, lo cual me generó una fractura de tres costillas (lo cual ya ha sido comprobado medicamente). Estuve en esta celda tres días, luego de estos tres días fui liberado, se me entregaron mis pertenencias, pero cuando salí de la celda seguía muy desorientado”, declaró Leonardo.
El académico asegura que pasó tres días (72 horas) en una celda, aunque en este punto puede haber una confusión de su parte debido al desgaste físico y emocional que pasó, puesto que un hecho comprobado es que el día 2 de enero pudo tener una breve comunicación con su pareja y su hermana -lo que haría imposible que su encierro hubiera durado los tres días que dijo-, lo cierto es que las autoridades tampoco han presentado una cronología única de los hechos, sino que hay una discordancia entre la versión de la Secretaría de Seguridad de Apodaca y la Fiscalía de Nuevo León, ya que la primera asegura que tras haber determinado que cometió faltas administrativas se le detuvo por 36 horas; mientras que el fiscal general dijo que fue detenido en el aeropuerto alrededor de las 20:00 horas del 31 de diciembre y que se le liberó a la 7:30 horas del 2 de enero, lo que daría sólo 35 horas y media para su traslado, presentación ante el juez, encarcelamiento y posterior liberación en el aeropuerto, y tomando en cuenta las tres horas y media de traslado inicial que se han recapitulado, el encierro no pudo haber durado ni 32 horas.
Tanto las autoridades como el profesor coinciden en que estuvo en el aeropuerto y ahí se separó de sus pertenencias, pero la Fiscalía asegura que esto ocurrió porque Leonardo corrió al ver a Guardia Nacional y dejó abandonada su maleta (que finalmente fue llevada a objetos perdidos), mientras que él dijo que llegó desorientado al aeropuerto y que ahí fue “despojado” (sic) de sus posesiones; por lo que no pudo tomar un vuelo y pasó solo una noche ahí, hasta que el personal del aeródromo no le permitió permanecer dentro y tuvo que deambular en sus inmediaciones, siendo progresivamente alejado de la zona por la policía.
“Traté de acercarme hasta el aeropuerto de Monterrey, tratando de terminar finalmente mi escala, pero esto nunca fue posible, puesto que al llegar al aeropuerto de Monterrey, de alguna manera fui despojado de mis posesiones, de mis pertenencias, y esto me imposibilitó poder seguir viajando. Llegó un punto donde fui inadmitido al aeropuerto de Monterrey, por razones que yo desconozco, y total sólo pude pasar una noche en el aeropuerto de Monterrey, posteriormente se me vio obligado a deambular en las inmediaciones del aeropuerto. Después de esto la policía comenzó a alejarme más y más del aeropuerto”, continuó narrando la víctima.
Tanto la Fiscalía como Leonardo reconocen que pasó un tiempo dando vueltas en los alrededores del aeropuerto. Al no tener dinero, ni documentos y siguiendo aturdido por lo ocurrido en los días pasados en los que fue torturado, tuvo escaso acceso a comida y bebidas (ya que sólo tomó agua de un grifo en la celda en la que estuvo), y habiendo sido alejado del puerto aéreo, entró prácticamente en una situación de calle y comenzó a refugiarse entre la maleza para evitar la insolación:
“Sin documentos, sin dinero y sin nada, me llevó a una condición totalmente vulnerable, estuve totalmente cuatro días deambulando, sin poder comer, sin poder tomar agua y sin recibir asistencia de la población civil. De esta forma pues, prácticamente fui orillado a una situación de calle. Me vi obligado a refugiarme en la maleza, para tratar de evitar el sol, para tratar de evitar una deshidratación crónica y esto ocurrió por varios días y noches”
Aunque la víctima refiere que esta situación duró cuatro días, en realidad debieron ser tres días, puesto que de acuerdo una narración para medios que dio Felipe Rangel, el director de la clínica de rehabilitación Fénix, en horas anteriores a la rueda de prensa de la IBERO, él y su esposa lo encontraron, el 5 de enero, al bajar de un puente en el sector de Terranova, en el municipio de Juárez. Estaba sentado en la calle, sin camisa, con hematomas y arañazos, por lo que le preguntaron sus datos personales y si necesitaba ayuda, pero al no recibir respuesta alguna, decidieron retornar a su clínica y enviar a un equipo para rescatarlo.
“Afortunadamente, después de muchos días fui rescatado -porque debo decir que así fue- por una patrulla que maneja una clínica de rehabilitación, ellos me confunden con un habitante de calle y, afortunadamente, me llevan a las instalaciones de esta clínica en el municipio de Juárez. Ahí permanezco 10 días en una total inconciencia; yo no recuerdo dicha inconciencia, pero ellos dicen que durante estos días yo nada más tuve mutismo, no hablé, no di detalles sobre mi identidad y nada más tomé agua. Finalmente, el día 15 recuperé mi conciencia, afortunadamente recordé quién soy, cómo me llamó y dónde trabajo” relató el doctor en Letras.
La declaración del director de la clínica y el relato de Leonardo concuerdan en que pasó 10 días descansando en esa institución sin poder identificarse plenamente y que fue hasta el día 15 cuando su situación mental se estabilizó lo suficiente para poder responder a interrogatorios sobre su nombre y lugar de trabajo, así como para recordar lo que le había pasado antes de ser rescatado; pues aunque desde el 13 de enero había comenzado a decir que era maestro, inicialmente no le creyeron porque suelen tener muchos pacientes que hacen aseveraciones de ese tipo y porque no podían indagar su origen debido a que su acento no sonaba regio ni tampoco colombiano al cien por ciento.
“Él tardó alrededor de entre ocho días desvariando. En algunas ocasiones mencionaba que era profesor, que era maestro, y teníamos nosotros como tratamos de indagar de dónde era porque el acento no era regio, pero tampoco presentaba el acento como tal colombiano hasta al pasar los días que ya pudimos los coordinadores entablar conversaciones con él. Ya fue cuando empezó a mencionar que él era maestro, pero por la situación en que lo encontramos, por la situación en la que llegan esos tipos de personas, que nosotros tenemos en las calles, pues no le creímos”, explicó Rangel al medio Milenio, en una entrevista dada el día 17 de enero.
La identificación final del doctor fue posible gracias al coordinador del centro, Brian Saucedo, quien puso su foto en su página y redes, pero no había recibido respuestas porque la falta de aseo y lo crecido de su barba lo hacían ver diferente a la ficha circulada por la Fiscalía de Nuevo León y la Comisión de Búsqueda de ese estado. Cuando Leonardo pudo dar respuestas más claras sobre sí mismo, Saucedo pudo acotar su indagación de información y se dio cuenta de que sus características coincidían con las de un hombre cuya búsqueda empezaba a sonar fuertemente en redes, y se lo comunicó a la esposa del director del centro, la cual a su vez le llamó a su marido para informarle que parecía ser el mismo caso, y Rangel contactó al Ministerio Público, que en un lapso de 30 minutos llegó al sitio y confirmó la localización con vida del académico, por el que un día antes la IBERO había realizado una movilización en Puebla.
“Sabes qué, está presentándose este caso, aparentemente la persona que rescatamos coincide con las características de una persona que tiene búsqueda y ahorita traen un operativo y lo andan buscando“, dijo la esposa del director del Centro de Rehabilitación Fénix, quien decidió contactar al Ministerio Público.
Un caso que no debe verse aisladamente y en el que aún prevalecen las violaciones a derechos y la opacidad
Los representantes de la IBERO agradecieron a las autoridades que sí cumplieron con sus obligaciones de ley y encomió a comunidad universitaria, a la sociedad en general y a los medios de comunicación que dieron eco al caso; pero simultáneamente señalaron que su localización con vida “no es sinónimo de justicia”, y reiteraron el llamado que, desde el 13 de enero, hizo el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) a aclarar todos los hechos, actuar con perspectiva de no revictimización y no tratar el tema como una situación aislada a los más de 130 mil casos activos de personas desaparecidas en el país.
Indicaron que en este caso quedaron evidenciadas varias deficiencias del sistema estatal de búsqueda y la facilidad con la que empresas como el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A. de C.V. (que maneja el aeropuerto de Monterrey) discriminan y ponen en riesgo a sus clientes, además de que retienen evidencias de hechos ocurridos en un espacio público y que servirían para resolver casos de urgencia como una desaparición. Además de que también están pendientes la investigación y sanción de las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron, así como las omisiones de diversos protocolos de ley y sentencias internacionales.
Esta universidad, que desde hace años ha sido crítica respecto al papel que la Guardia Nacional juega al abordar la seguridad pública desde una lógica castrense y bajo el mando directo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), señaló que el primer signo de alerta es que la detención de Leonardo no ha sido justificada y no ocurrió en el punto que originalmente se reportó -pues las autoridades de Apodaca aseguraron que se debió a una falta en el filtro migratorio del aeropuerto, pero los vídeos proporcionados por el titular del Instituto Nacional de Migración muestran que el académico pasó sin contratiempos. Y en segundo lugar, durante las tres horas y media que pasaron antes de que fuera presentado ante una autoridad judicial, estuvo en calidad de desaparecido y fue torturado, lo cual constituye una doble violación a los derechos, pues debido a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2023, respecto a la Acción de Inconstitucionalidad 63/2019, la Fuerza Armada permanente que apoye la seguridad pública debe registrar las detenciones que realiza de manera inmediata y directa, no solo avisar a la policía, garantizando así el derecho fundamental a saber dónde está una persona detenida.
Las irregularidades en torno a la falta de registro de la detención, continuaron una vez que Leonardo fue dejado en custodia de la policía de Apodaca, ya que ni el juez ni la policía dejaron reportes oficiales de esto, a pesar de que, desde 2021, por ley, todas las detenciones relacionadas con infracciones administrativas (de justicia cívica) -al igual que las detenciones por delitos del fuero federal y del fuero común- deben quedar señaladas en el Registro Nacional de Detenciones (RND), que sirve como protección para cuidar los derechos de las personas detenidas. Y en ningún momento se le dio al detenido la oportunidad de llamar a su familia, amigos o representante legal para reportar su situación; por lo que su pareja y su hermana, que habían recibido mensajes de voz de Leonardo el día 31 de diciembre, volvieron a recibir noticias suyas hasta el 2 de enero, mediante una llamada realizada desde un número con lada de Apodaca.
Tanto el titular de la Clínica Jurídica, como el rector Guevara Sanginés, remarcaron la gravedad de que no se haya atendido a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la cual responde a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano. Y urgieron a las autoridades a deslindar las responsabilidades e iniciar el proceso de reparación a las víctimas sin estigmatizaciones ni filtraciones de información descontextualizada que resulte revulnerante y obstaculice el esclarecimiento de la verdad.
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