Activista opositor a cablebús sale de prisión; estará en resguardo domiciliario

Activista opositor a cablebús sale de prisión; estará en resguardo domiciliario

A raíz de la resolución de una audiencia realizada el pasado viernes (con casi 5 horas de retraso y con una duración de casi nueve horas), este lunes 5 de octubre, el activista Hugo Arturo Mendoza González, salió del penal de San Miguel, para continuar en su domicilio con el proceso al que fue vinculado por el presunto delito de violencia familiar y lesiones simples contra su expareja, Nadia Hernández Vargas.

La semana pasada, el juez determinó el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva justificada a resguardo domiciliario, por lo que este día, este integrante del Colectivo Hermanos Serdán, que ha encabezado la elaboración de amparos contra el proyecto del cablebús de Puebla, retornó a su domicilio, en donde deberá permanecer las 24 horas del día de manera ininterrumpida hasta su próxima audiencia, la cual se llevará a cabo dentro de tres meses, una vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) haya concluido el plazo fijado para las investigaciones complementarias sobre lo ocurrido el pasado 22 de agosto de 2026, cuando, de acuerdo a la versión de Nadia Hernández, ella entró a la casa del abogado escalando por un portón y -una vez dentro- él la habría sujetado del cuello, derribándola y provocándole lesiones.

En días previos a esta primera audiencia, otras organizaciones y activistas ambientalistas que se oponen al cablebús, así como defensoras y defensores de Derechos Humanos de movimientos como la Asamblea Social del Agua, indígenas nahuas del pueblo de Coyomeapan y vecinos de la junta auxiliar de La Resurrección, realizaron ruedas de prensa y concentraciones para exigir que sea respetado el derecho de Arturo al debido proceso y para denunciar la existencia de una campaña de desprestigio mediático en su contra, así como las atipicidades en su detención que les hacen temer que tanto la denuncia como la detención y la eventual vinculación a proceso pueden tener más que ver con una estrategia de “revancha, venganza política o intimidación hacia la lucha social”, que de efectiva justicia penal.

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