Vecinos de diversas zonas de la capital, junto con organizaciones civiles, interpusieron una demanda de amparo indirecto contra el proyecto integral para la construcción del sistema de transporte público por cable en Puebla. El recurso señala presuntas violaciones al derecho a un medioambiente sano, a la consulta pública y al acceso a información relacionada con obras de impacto ambiental, de acuerdo con el boletín emitido por las agrupaciones firmantes.
Las organizaciones sostienen que el inicio de las obras ocurrió sin procesos efectivos de información y participación temprana. Señalan que no se garantizó el acceso completo a estudios técnicos ambientales, dictámenes y análisis de movilidad. El amparo cita instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, al argumentar que el Estado incumplió obligaciones de transparencia y participación pública.
Según el documento, los colectivos tuvieron conocimiento del impacto del proyecto a través de medios no institucionales. Entre las zonas mencionadas por posibles afectaciones debido a tala, trasplante o intervención de árboles se encuentran áreas verdes de la BUAP en Reforma Agua Azul; el Parque Benito Juárez; el camellón junto al Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec en el bulevar 5 de Mayo; parques en las colonias San Ángel y 17 Oriente; el Parque Ecológico; el Parque de la Juventud; áreas verdes del bulevar Xonacatepec y el Cerro de Amalucan.
El boletín señala que estas áreas contribuyen a la regulación del clima urbano y ayudan a mitigar inundaciones en una ciudad ubicada sobre el Acuífero Valle de Puebla, el cual presenta sobreexplotación y déficit anual, según reportes técnicos disponibles en estudios hídricos estatales y federales (por ejemplo, datos de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA).
Las organizaciones afirman que los parques mencionados sirven como hábitat de más del 50% de las especies de aves registradas en Puebla, de acuerdo con monitoreos ciudadanos y bases de biodiversidad consultadas por especialistas locales. Añaden que la Ley General de Vida Silvestre protege tanto a la fauna nativa como a las especies de flora presentes en estas zonas.
El documento indica también que la reducción de áreas verdes incidiría en la capacidad de filtración de contaminantes atmosféricos, lo cual tiene impacto en enfermedades respiratorias. Además, los parques desempeñan funciones de convivencia comunitaria y son espacios utilizados por los habitantes de la ciudad.
Las organizaciones denunciaron falta de consulta pública y ausencia de mecanismos efectivos de participación para evaluar el proyecto. En respuesta, interpusieron un amparo colectivo firmado por vecinos y usuarios de los parques, así como por especialistas y asociaciones como NODHO, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A. C., Terraformar Librespacio Cultural y el Seminario Permanente ICSyH-BUAP.
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