El Gobierno de Tlaxcala reiteró que el caso del matrimonio conformado por Karina Ruiz y Alexandro Tello no se investiga bajo la figura de delincuencia organizada y confirmó que las personas detenidas han sido vinculadas a proceso únicamente por el delito de desaparición cometida por particulares, al tratarse de una investigación que corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.
A través de pronunciamientos públicos, el coordinador de Comunicación del gobierno tlaxcalteca, Antonio Martínez Velázquez, señaló que ninguna de las líneas de investigación abiertas por la fiscalía estatal contempla la participación de grupos delictivos, en contraste con declaraciones previas realizadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla.
La Fiscalía de Tlaxcala informó que dos personas, identificadas como Hugo N. y Alejandro N., fueron vinculadas a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio del matrimonio, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida en el municipio de Chignahuapan, Puebla. La autoridad tlaxcalteca precisó que la calificación jurídica del caso se determinó con base en los elementos integrados en la carpeta de investigación.
Martínez Velázquez subrayó que la investigación se conduce con base en peritajes y pruebas ministeriales, y que la información oficial será difundida conforme avance el proceso judicial, una vez que se definan las causales legales correspondientes. Añadió que la fiscalía estatal no actúa bajo presión mediática y llamó a respetar el debido proceso.
Desde Tlaxcala también se rechazaron versiones que vinculan a los detenidos con autoridades estatales o con la familia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, al señalar que dichas afirmaciones carecen de sustento en la investigación ministerial
El caso Tello Ruiz ha generado diferencias públicas entre las fiscalías de Puebla y Tlaxcala, luego de que autoridades poblanas señalaran que el homicidio podría estar relacionado con una deuda entre particulares y que, por el número de personas presuntamente involucradas, podría configurarse la participación de delincuencia organizada.
La desaparición del matrimonio fue denunciada inicialmente en Puebla, mientras que los hechos que derivaron en su privación de la libertad y posterior homicidio ocurrieron en Tlaxcala. Los cuerpos fueron localizados posteriormente en una zona limítrofe entre ambas entidades, lo que dio lugar a la colaboración interinstitucional y a la controversia sobre la conducción de la investigación.
Las autoridades tlaxcaltecas reiteraron que será la Fiscalía General de Justicia del Estado la única instancia encargada de informar sobre el avance del caso y la situación jurídica de las personas imputadas, conforme se desarrollen las etapas procesales
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