Proponen sancionar con hasta 15 años de prisión la cohabitación forzada de menores en Puebla

Proponen sancionar con hasta 15 años de prisión la cohabitación forzada de menores en Puebla

El diputado local Mario Riestra Piña presentó en el Congreso del Estado de Puebla una iniciativa para sancionar con hasta 15 años de prisión la cohabitación forzada de personas menores de edad con adultos, práctica equiparada al matrimonio infantil y considerada una forma de violencia que vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes

La propuesta plantea reformar el Código Penal del Estado, a fin de tipificar como delito la cohabitación forzada cuando una persona obligue, coaccione, induzca o facilite que un menor de 18 años conviva de manera permanente con un adulto en una relación similar al matrimonio, aun cuando se aleguen usos y costumbres o exista consentimiento de terceros

De acuerdo con el legislador, esta práctica persiste en distintas regiones del estado, particularmente en comunidades indígenas y rurales, aunque el matrimonio infantil se encuentra formalmente prohibido. La iniciativa busca cerrar vacíos legales que permiten la existencia de uniones de facto sin acta civil, en las que las víctimas permanecen fuera del alcance de la autoridad

La sanción propuesta contempla penas de ocho a 15 años de cárcel, además de multas económicas, con agravantes cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, lo que permitiría aumentar la pena conforme a los criterios establecidos en el Código Penal Federal, reformado en 2023

Datos citados durante la presentación de la iniciativa indican que Puebla registra más de 46 mil niñas y adolescentes que viven casadas o en unión libre, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, cifra que coloca a la entidad entre las de mayor incidencia a nivel nacional

La propuesta también busca armonizar la legislación estatal con la federal, donde ya se reconoce el delito de cohabitación forzada, permitiendo la intervención del Sistema DIF y de la Fiscalía General del Estado incluso sin denuncia directa de la víctima, al tratarse de una violación grave a derechos humanos

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