Organizaciones civiles, vecinos y usuarios de parques públicos interpusieron una demanda de amparo indirecto contra el proyecto integral del Cablebús en la ciudad de Puebla, al señalar presuntas violaciones a derechos humanos y ambientales, así como la falta de información pública y de procesos de consulta ciudadana antes del inicio de las obras.
De acuerdo con el pronunciamiento difundido este 11 de marzo, las personas promoventes argumentan que el Gobierno del Estado inició trabajos del sistema de transporte por cable sin garantizar el acceso a información técnica completa, estudios de impacto ambiental, dictámenes técnicos ni evaluaciones de movilidad, lo que consideran una transgresión al derecho a un medio ambiente sano y a la participación pública en asuntos ambientales.
En el documento se señala que la demanda de amparo se sustenta, entre otros instrumentos jurídicos, en el Acuerdo de Escazú y en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, al considerar que no se cumplieron los principios de transparencia, consulta previa e información oportuna antes del arranque del proyecto.
Las organizaciones y vecinos indicaron que las obras del Cablebús podrían implicar la intervención, tala o trasplante de cientos de árboles en distintas zonas de la capital poblana, entre ellas el Parque Benito Juárez, el Parque Ecológico, el Cerro de Amalucan, áreas verdes del bulevar Xonacatepec, camellones del bulevar 5 de Mayo, así como parques y espacios comunitarios en distintos barrios de la ciudad.
El amparo colectivo advierte que la reducción del arbolado urbano podría agravar problemas ambientales preexistentes, como la sobreexplotación del Acuífero Valle de Puebla, el aumento de inundaciones urbanas y la alteración del microclima, además de afectar la biodiversidad urbana, particularmente a especies de aves y flora nativa protegidas por la legislación ambiental.
Asimismo, se expone que la disminución de áreas verdes tendría impactos en la salud pública, al reducir filtros naturales contra la contaminación atmosférica, y en la cohesión social, al afectar espacios de convivencia comunitaria que cumplen funciones recreativas y socioafectivas.
Las personas promoventes del amparo señalaron que el recurso legal es de carácter colectivo y fue presentado por habitantes de las zonas afectadas, usuarios de los parques involucrados, asociaciones civiles y especialistas, con el objetivo de que se revisen las condiciones legales, ambientales y de participación ciudadana del proyecto
El amparo fue impulsado por colectivos vecinales y organizaciones como el Nodo de Derechos Humanos, Terraformar Librespacio Cultural, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C., así como integrantes del Seminario Permanente de Investigación “Entramados Comunitarios y Formas de lo Político” del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP.
Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido un posicionamiento público específico sobre la demanda de amparo anunciada por los colectivos
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