A más de dos semanas de la detención y posterior desaparición de Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, la Guardia Nacional continúa sin explicar por qué no registró su aseguramiento en el Registro Nacional de Detenciones, obligación legal establecida para todas las corporaciones de seguridad del país, mientras insiste en negar que sus elementos le hayan causado las fracturas que el docente denuncia.
En un comunicado emitido este martes, la corporación federal sostuvo que la detención del académico de nacionalidad colombiana ocurrió el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, a petición de agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes presuntamente lo reportaron por alterar el orden público y negarse a acatar indicaciones. Según la Guardia Nacional, el aseguramiento se realizó con base en facultades previstas en la Ley de la Guardia Nacional y derivó en su puesta a disposición ante un juez cívico del municipio de Apodaca.
La institución afirmó que, tanto al momento de su ingreso a los separos municipales como tras su localización el 16 de enero de 2026, médicos legistas de Apodaca y de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no detectaron fracturas, sino únicamente marcas leves de enrojecimiento en las muñecas, con lo cual rechazó la versión del académico, quien aseguró que fue golpeado y torturado por elementos de la corporación, sufriendo fracturas en tres costillas.
Sin embargo, el comunicado elude completamente uno de los señalamientos centrales del caso: la ausencia del registro oficial de la detención. La Guardia Nacional no ha explicado por qué el nombre de Escobar Barrios nunca fue ingresado al Registro Nacional de Detenciones, una herramienta obligatoria que permite garantizar la trazabilidad de las personas privadas de la libertad y prevenir desapariciones forzadas.
La omisión ha sido reconocida indirectamente por la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca, que deslindó responsabilidades al señalar que no contaba con facultades legales para realizar el registro, ya que el municipio no actuó como primer respondiente. De acuerdo con la versión municipal, la detención fue realizada exclusivamente por la Guardia Nacional, por lo que correspondía a esa corporación cumplir con dicha obligación.
Especialistas en derecho penal y derechos humanos han advertido que la falta de registro no puede considerarse un error administrativo, sino una posible violación grave a disposiciones legales vigentes, al tratarse de un mecanismo creado precisamente para evitar situaciones como la que enfrentó el académico, quien permaneció fuera del sistema oficial de detenciones durante casi dos semanas, periodo en el que fue reportado como desaparecido.
El propio Escobar Barrios denunció que durante las 36 horas de arresto administrativo no fue informado de sus derechos, no se le permitió comunicarse con su familia ni con personas cercanas y, tras ser liberado, personal del aeropuerto le negó auxilio y lo expulsó de la terminal, obligándolo a permanecer en situación de calle, lo que puso en riesgo su vida.
Estas denuncias fueron presentadas públicamente durante una rueda de prensa en la Universidad Iberoamericana Puebla, donde autoridades universitarias exigieron el esclarecimiento de los hechos. En un pronunciamiento leído por el rector Alejandro Eduardo Guevara Sanginés, la institución subrayó que la localización con vida de Escobar Barrios no equivale a justicia, sino que apenas representa el primer paso para determinar responsabilidades y reparar el daño.
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