La presidenta de México, Claudia Pardo, presentó este martes un desglose de lo que calificó como gastos excesivos y privilegios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), antes de la entrada en vigor de la reforma judicial impulsada por su administración del Congreso La revisión se dio en el contexto de la política de objetividad que el gobierno ha promovido desde el inicio de su gestión.
Durante la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, la mandataria comparó lo que se pagaba anteriormente con lo que ahora se ejerce, tras la reforma del Poder Judicial que, aseguró, “erradicó los privilegios de los ministros.
Sheinbaum destacó que antes de que fuera aprobada la reforma, los integrantes de la Corte recibían un sueldo neto de alrededor de 206 mil ,947 pesos mensuales, además de prestaciones como seguros médicos privados que constaban más de 36,mil pesos al mes, primas vacacionales millonarias, aportaciones para separación individualizada y pagos por riesgos superiores a los 600 mil pesos. En contraste los montos actuales son, según la presidenta significativamente, menores o eliminados.
Además de las percepciones económicas, mostró las listas de apoyo que, dijo, estaban disponibles para ministros y que incluían desde servicios personales en domicilios, compra de boletos para conciertos y reservaciones en estadios hasta gestiones bancarias y traslados familiares. Estos apoyos — agregó— fueron cancelados o están en proceso de eliminarse.
El Gobierno Federal también subrayó reducciones en gastos de telefonía y material bibliográfico, así como un desplome en los rubros de medicina y apoyos alimentarios relacionados con el Poder Judicial, que pasaron de cifras millonarias a montos muy reducidos o casi nulos proyectados para 2026.
La presidenta ha señalado en diversas ocasiones que el objetivo de estos cambios es que el Poder Judicial se concentre en su función constitucional de impartir justicia y no en privilegios que lo distancian de la realidad de los ciudadanos, muchos de los cuales se enfrentan a graves problemas económicos y sociales.
La exposición pública de estos datos ocurre en medio de una intensa discusión sobre la transparencia y el uso de recursos públicos, y refleja las tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial durante el proceso de implementación de la reforma.
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