Los agresores vicarios no existen en el vacío y rara vez caminan solos. Brotan en una sociedad machista y un sistema corrupto plagados de juzgadores que aceptan su dinero, favores o influencia y dan la espalda al más importante de sus deberes: el de proteger el interés superior de la niñez. Juzgadores como Amada María Teresa Márquez Bermúdez, la titular del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, que fue una de las muchas manos por las que pasó el emblemático y vergonzoso caso de agravios vicarios contra Daniela Flores Mustre y su hija Nelly -separadas durante 6 años en los que además sufrieron persecución penal y tortura pericial, respectivamente- y que ahora es la principal responsable del caso de Alejandra Castillo Santos y su hijo de 11 años, quien carga las huellas físicas de los casi nueve años que ha estado bajo la custodia principal de su padre, siendo alienado de su madre, reducido a objeto de venganza, y sometido a los abusos que vienen con una crianza extremadamente machista.
Como en muchas otras historias de violencia vicaria, Alejandra fue separada de su hijo mediante amenazas formuladas cuando ella estaba en situación desventajosa y su hijo era apenas más que un bebé.
En el año 2017, el papá sustrajo al pequeño y lo retuvo durante un mes, mientras armaba un caso para criminalizar a Alejandra, fingir que él era el custodio central y amenazarla con llevárselo a otra entidad para que no pudiera verlo nunca más… todo para que el miedo la obligara a firmar un acuerdo diseñado por un secretario que dejó todo a favor del padre, negándole a ella convivencias de vacaciones y dejándole únicamente 28 horas semanales de contacto; lo que -muy a su pesar- obedeció, cumpliendo sus horarios y entregando la pensión alimenticia, hasta que, en mayo de 2025, la amenaza de que pronto le quitarían la totalidad del contacto y los crecientes suplicios de su hijo la llevaron a retenerlo y cometer un desacato para salvarlo mientras emprendía acciones legales para buscar la modificación de la guardia y custodia. Solicitud que han sido desechada por una jueza que pidió una escucha en la que el menor fue obligado a entrar a la sala sin su acompañante de confianza elegido (que era su hermana) y entre lágrimas relató que tiene miedo de estar con su padre porque su abuela lo obliga a beber cerveza y llamarla mamá, mientras que él lo fuerza a pelear con sus compañeros de escuela, le dice “niñita” y lo abofetea cuando llora por extrañar a su verdadera mamá, pero aún así decidió ignorar estas declaraciones y ordenó que sea devuelto a una casa en la que se siente -de acuerdo a las valoraciones hechas por peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE)- al borde de la automutilación.
Este miércoles 4 de febrero, acuerpada por el apoyo de la Colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y a una Vida Libre de Violencia, Alejandra informó que ya se ha amparado ante el Juzgado Séptimo y ha presentado una queja formal, ante el Consejo de la Judicatura (CJ), contra esta jueza que que en 2019 se atrevió a anotarse como aspirante para presidir la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal a pesar de que tiene un largo historial de señalamientos públicos y formales por agravios contra personas vulnerables, que incluye un notorio caso despojo, mediante documentos apócrifos, del terreno de una mujer de 80 años en el municipio de Huejotzingo.
Lastimosamente, este patrón de comportamiento de exponer a los menores a interrogatorios crueles que ni siquiera sirven de algo, porque una vez que se expresan son ignorados, ya lo hemos visto mucho en Puebla, la misma Amador Marquéz fue una de las juzgadoras que no actuó para cuando una le tocó parte del caso de Daniela Flores y su hija, que eran martirizadas por el juez Joel Daniel Baltazar Avalos, quien obligó a la pequeña Nelly a hacer ocho pruebas periciales sobre un supuesto tocamiento sexual del que el padre acusaba a la madre, y que la niña siempre negaba, mientras que los psicólogos señalaban que estos reiterados esfuerzos para forzarla a acusar a su mamá, la estaban dañando.
Ambos casos muestran son muestras de la falsedad del mito machista de que los jueces siempre son conducidos por los criterios de género y favorecen ciegamente a las madres, pues muestran que en realidad el criterio que se impone es el del influyentísimo que da valor y armas a los principales agresores vicarios. Ni las mujeres ni los infantes llevan las de ganar, los supuestos garantes de la justicia están más que dispuestos a permitir manipulaciones previas y tratar con hostilidad a los niños y niñas para obligarlos a hablar contra sus mamás y beneficiar a sus poderosos papás; y si llegan a expresan su realidad a pesar de su tristeza y la dureza de las condiciones en las que se les hace testificar, estas verdades simplemente son anuladas cuando no le sirven a los agresores.
En un estado en que los agresores vicarios no sólo son protegidos por el machismo sistémico del que nacen, sino que además son consentidos por los y las juzgadoras en la medida en que sus carteras e influencia aceitan los engranajes de la violencia institucional, queda más que claro lo necesarias que son las colectivas que abrazan la causa de la madre, acompañan su denuncia y le dan la fuerza de un eco cargado de experiencia legal y de lucha social y comunicacional.
Estas colectivas que conjuntan los datos y arman los expedientes del proceder de los y las jueces que el Poder Judicial falla en monitorear, acompañan a Alejandra en su llamado al gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, y al Consejo de la Judicatura a no permitir que le arranquen a su hijo que apenas empieza a sentir que su normalidad no tiene que ser la del terror que vivía con el padre que le hace desear cortarse a sí mismo. El llamado es que no cierren los ojos ante la realidad, como lo hace esta jueza que cada que se mueve deja ver los hilos de la corrupción guiando sus fallos.
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