El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que pone fin a las llamadas “pensiones doradas” que reciben exfuncionarios y altos mandos de organismos públicos y empresas estatales, por lo que el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.
La reforma, impulsada por el Ejecutivo federal, modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar la mitad del salario mensual de la persona titular de la Presidencia de la República, lo que representa un tope aproximado de 70 mil pesos mensuales
El dictamen aprobado establece que el límite aplicará principalmente a jubilaciones de altos mandos de empresas productivas del Estado, organismos públicos y banca de desarrollo, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. La medida excluye a trabajadores de base, personal sindicalizado y a las Fuerzas Armadas.
Durante la discusión en el pleno, legisladores de distintos grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de eliminar privilegios económicos financiados con recursos públicos. No obstante, algunos senadores expresaron reservas sobre el alcance de la reforma, particularmente en lo referente a su carácter retroactivo y a la exclusión de ciertos sectores del servicio público.
De acuerdo con estimaciones presentadas durante el debate, la aplicación de esta reforma permitiría generar ahorros anuales cercanos a los 5 mil millones de pesos, recursos que podrían destinarse a programas sociales y a otras prioridades del gasto público
De acuerdo con estimaciones presentadas durante el debate, la aplicación de esta reforma permitiría generar ahorros anuales cercanos a los 5 mil millones de pesos, recursos que podrían destinarse a programas sociales y a otras prioridades del gasto público.
Tras su aprobación en el Senado, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde deberá ser discutida y votada. En caso de ser avalada, la reforma entrará en vigor conforme a los plazos establecidos en el proceso constitucional
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