El empresario Ricardo Salinas Pliego no realizó el pago de los 51 mil millones de pesos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que el plazo legal venciera el 23 de enero de 2026 sin que se concretara la liquidación del crédito fiscal, de acuerdo con reportes periodísticos y fuentes oficiales consultadas hasta el 25 y 26 de enero.
El requerimiento de pago fue emitido por la autoridad hacendaria tras resoluciones definitivas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ratificaron créditos fiscales acumulados por empresas del Grupo Salinas, principalmente Elektra y TV Azteca, derivados de adeudos que se arrastran desde hace más de 16 años e incluyen recargos y actualizaciones.
Según la información disponible, el SAT otorgó un plazo breve para que el empresario cubriera el adeudo de manera voluntaria, con la posibilidad de acceder a descuentos parciales en determinados conceptos; sin embargo, dicha opción no fue aprovechada ni se presentó una manifestación formal de intención de pago dentro del periodo establecido.
En lugar de ello, Salinas Pliego reiteró públicamente que solo pagaría si existía, a su juicio, “claridad y justicia” en el desglose de los montos reclamados, postura que fue rechazada por el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al insistir en que no habrá excepciones ni tratos preferenciales para contribuyentes con adeudos fiscales.
Hasta el momento, no existe confirmación oficial del SAT sobre la recepción de los recursos, ni anuncio alguno por parte del empresario o de sus empresas que indique la regularización del adeudo. Por el contrario, diversas fuentes señalan que la autoridad fiscal ya se encuentra en posibilidad de iniciar el cobro forzoso, lo que podría incluir embargos de bienes, congelamiento de cuentas bancarias y acciones legales contra las compañías involucradas.
Adicionalmente, se ha informado que la deuda total del grupo empresarial podría superar los 74 mil millones de pesos si se suman otros juicios fiscales aún en curso. Aunque se ha mencionado la existencia de posibles mesas de diálogo, no hay fechas ni resoluciones concretas, por lo que el caso avanza hacia la etapa de ejecución fiscal.
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