La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este miércoles 25 de febrero una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que propone regular el uso de la Inteligencia Artificial y prohibir los bots en elecciones, con el propósito de frenar la desinformación y la manipulación digital durante las campañas. Entre sus puntos más importantes destaca este apartado tecnológico, con el que el Ejecutivo federal busca blindar la contienda electoral frente a prácticas digitales que alteren la voluntad ciudadana.
La propuesta fue dada a conocer en la conferencia matutina por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; sin embargo, el documento base de la enmienda aún no es público en su versión íntegra. La propia titular del Ejecutivo federal informó que la iniciativa será enviada formalmente al Congreso de la Unión el próximo lunes 2 de marzo, por lo que será hasta entonces cuando se conozca el contenido completo para su análisis legislativo.
De acuerdo con la explicación oficial, la reforma se estructura en diez ejes. En primer término, plantea modificar la integración del Congreso de la Unión: la Cámara de Diputados se mantendría con 500 integrantes, todos electos por votación directa; 300 por mayoría relativa y 200 bajo un esquema mixto que contempla 97 espacios para candidaturas que, sin ganar, obtuvieron la votación más alta de su partido; 95 electas por circunscripción —un hombre y una mujer por partido— y ocho para mexicanos residentes en el extranjero. El Senado se integraría por 96 escaños: 64 por mayoría relativa y 32 de primera minoría.
En materia presupuestal, se propone reducir en 25 por ciento el costo de las elecciones, con recortes al presupuesto del INE, partidos políticos, organismos públicos locales electorales y tribunales, así como la disminución de sueldos y bonos de altos mandos conforme al artículo 127 constitucional. También se contempla eliminar duplicidades administrativas y reducir el gasto del Congreso federal y de los congresos locales, además de ajustar el número de regidurías municipales con un tope máximo de 15, según la población.
Respecto a la fiscalización, el INE tendría acceso oportuno a operaciones financieras de partidos y candidaturas; se prohibirían aportaciones en efectivo y se obligaría a que los recursos se manejen dentro del sistema financiero, apoyados con herramientas tecnológicas de seguimiento.
La iniciativa incluye facilidades para el voto en el extranjero, en particular para la diputación migrante; la reducción de tiempos oficiales en radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora durante el periodo electoral; el inicio de los cómputos distritales al término de la jornada electoral; el fortalecimiento de mecanismos de democracia participativa —como referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato— con posibilidad de voto electrónico en estos instrumentos; la prohibición expresa del nepotismo en cargos de elección popular; y la eliminación de la reelección consecutiva en todos los cargos a partir de 2030.
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