La comparecencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, ante el Congreso local se convirtió en un punto de quiebre.
Lo que inició como un ejercicio de rendición de cuentas derivó en una exigencia abierta de renuncia por parte de diputadas de oposición, quienes acusaron una gestión marcada por baja eficacia, escasa incidencia institucional y una operación excesivamente burocrática, alejada de la defensa sustantiva de los derechos humanos.
Las diputadas Delfina Pozos Vergara (PRI) y Luana Armida Amador Vallejo (PAN) sostuvieron que los propios datos presentados por la titular del organismo evidencian un desempeño crítico. Sánchez Soya reconoció que, de más de ocho mil quejas iniciadas durante 2025, solo 40 concluyeron en una resolución de fondo: 18 mediante recomendaciones y 22 por conciliación. Para la oposición, esta cifra refleja una efectividad menor al uno por ciento, insuficiente para un órgano constitucional autónomo cuya razón de ser es la protección de derechos.
Delfina Pozos afirmó que, ante la falta de resultados, la presidenta de la CDH debería renunciar. Señaló que durante su gestión la Comisión dejó de actuar como un verdadero contrapeso del poder para convertirse en una instancia que administra expedientes sin impacto real. “Puebla no necesita una comisión cómoda, sino una incómoda para el poder, independiente y autónoma”, reprochó, al subrayar el bajo número de recomendaciones, la reducida incidencia institucional y la pesada carga administrativa que caracteriza al organismo.
Uno de los señalamientos centrales fue la omisión de promover una acción de inconstitucionalidad contra la reforma que tipifica el delito de ciberasedio, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí recurrió a ese mecanismo. La propia Sánchez Soya admitió que durante su gestión no se ha impulsado ninguna acción de este tipo. A ello se sumó el reclamo por la falta de respuesta sobre casos específicos, como el de la niña de Pahuatlán que no pudo rendir declaración por ausencia de una intérprete al denunciar una violación, cuestionamiento que quedó sin contestar durante la sesión.
Luana Armida Amador sostuvo que la labor de la CDH no puede evaluarse por la acumulación de trámites, sino por la calidad de sus resoluciones y la reparación del daño. Calificó como ineficacia institucional que solo el 0.7 por ciento de las quejas hayan sido resueltas y cuestionó cómo se justifica que más del 90 por ciento permanezcan sin una resolución efectiva. Recordó además que un juez federal determinó que la ley del ciberasedio vulnera la libertad de expresión, por lo que existía base constitucional suficiente para impugnarla. También criticó la ausencia de recomendaciones por hacinamiento en cárceles y exigió información clara sobre la detección de tortura en reclusorios.
Ante estos cuestionamientos, Sánchez Soya defendió que no toda queja puede derivar en una recomendación y apeló al principio de presunción de inocencia. Insistió en que el desempeño del organismo no debe medirse únicamente por el número de recomendaciones emitidas. Sin embargo, sus argumentos no lograron disipar la percepción de una Comisión más enfocada en justificar sus límites que en ejercer una defensa firme de las víctimas.
Más allá de la exigencia de renuncia, la comparecencia dejó al descubierto un problema estructural. Aunque la titular de la CDH reportó cifras que, en apariencia, reflejan alta actividad —más de nueve mil solicitudes iniciales, ocho mil 563 quejas formalizadas, seis mil 691 expedientes concluidos y mil 832 en trámite—, las y los legisladores cuestionaron la brecha entre el volumen administrativo y el impacto real de las acciones.
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