Propietarios, representantes legales de instituciones educativas particulares, así como a personas físicas con relación administrativa con el sector educativo, serán obligadas por la SEP a denunciar actos de extorsión o soborno cometidos por funcionarios públicos, so pena de sufrir consecuencias legales.
La medida ha generado suspicacias en el sector, pues fuentes consultadas por este portal periodísticol señalaron que en el interés de cumplir con los lineamientos de la acreditación ISO9000, la dependencia está sobreregulando una obligación que ya está establecida claramente con anterioridad en la ley.
De acuerdo con documentación oficial emitida por la propia dependencia -a la cual tuvo acceso Info Quórum- la dependencia impuso la firma de una carta compromiso, documento que no tiene carácter voluntario ni declarativo, sino que es un requisito obligatorio dentro del Sistema de Gestión Antisoborno que impulsa la autoridad educativa.
La misiva establece que quienes mantengan vínculos administrativos o comerciales con la SEP deben informar de manera inmediata cualquier solicitud indebida de dinero, dádivas o beneficios, así como el conocimiento de prácticas corruptas en trámites, supervisiones o procesos académicos.
La instrucción fue girada a través de un oficio dirigido a personal de supervisión, con el que se ordena recabar la firma de las cartas compromiso y distribuir material informativo entre directivos y responsables de instituciones educativas particulares. En el mismo se advierte que la omisión de denunciar hechos de corrupción puede derivar en responsabilidades administrativas y legales para los firmantes, aun cuando no hayan participado directamente en los actos.
La política antisoborno que acompaña esta medida establece un esquema de cero tolerancia al cohecho y considera como faltas graves no solo la entrega o aceptación de sobornos, sino también el encubrimiento, la tolerancia o la falta de denuncia de estas conductas. Bajo este criterio, los dueños y representantes de instituciones educativas quedan obligados a colaborar activamente con la autoridad en la prevención y detección de actos de corrupción.
El material informativo difundido por la SEP detalla además los canales formales para la presentación de denuncias y subraya que existe un compromiso institucional de proteger la confidencialidad de quienes reporten irregularidades.
También se establece que la relación entre la autoridad educativa y las instituciones particulares puede ser suspendida o cancelada si se acredita la participación o la omisión deliberada frente a actos de soborno.
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