Tras las críticas que generó la adquisición de camionetas Jeep Cherokee, con un costo superior a los 3 millones de pesos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) afirmó que los ministros y ministras renunciaron a usar los vehículos e intentarán regresarlos a la empresa en los que se compraron adjudicarlos mejor a juzgadores y juzgadoras que precisan protección, puesto que los automotores cuentan con blindaje.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) pretextó que existían riesgos de seguridad derivados del uso de vehículos heredados por la anterior administración del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Mediante un comunicado el OAJ sostuvo que tuvo conocimiento de “diversos incidentes de seguridad” relacionados con unidades que ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección, lo que obligó —afirmó— a tomar una decisión inmediata para garantizar la integridad de los integrantes del máximo tribunal del país.
Según el órgano administrativo, la compra forma parte de una estrategia de ahorro a mediano plazo. Detalló que, entre 2022 y 2025, la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del PJF operaron bajo un esquema de arrendamiento de 445 vehículos, lo que habría implicado un gasto anual de 366.2 millones de pesos. En contraste, la adquisición de 571 unidades por 252 millones de pesos, realizada en el último trimestre de 2025, representaría —según sus cálculos— un ahorro estimado de mil 98 millones de pesos entre 2026 y 2028.
El OAJ añadió que 124 de los vehículos adquiridos son híbridos o eléctricos, con una reducción proyectada de 30 por ciento en el gasto de combustible, además de menores costos de mantenimiento y la posibilidad de recuperar valor de mercado al final de su vida útil, a diferencia del modelo de arrendamiento.
No obstante, la explicación institucional no disipó las críticas. Diversos sectores cuestionaron que la compra de camionetas blindadas de alta gama contradice el discurso de austeridad que ha acompañado a la reforma judicial y al proceso de renovación del Poder Judicial. En redes sociales y espacios de opinión se establecieron comparaciones con ministros y ministras de etapas anteriores, quienes —señalan los críticos— no contaban con vehículos de ese nivel ni con esquemas de protección tan costosos.
En este contexto, la propia SCJN informó, a través de un mensaje difundido este domingo, que las ministras y ministros decidieron no utilizar las camionetas y solicitaron iniciar el procedimiento para su devolución o, en su caso, ponerlas a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre conforme a la normatividad vigente.
La presidenta Claudia Sheinbaum había señalado previamente que la compra del nuevo parque vehicular representó un ahorro superior a los mil millones de pesos frente al esquema de arrendamiento. Sin embargo, el episodio abrió un debate público sobre la congruencia entre las decisiones administrativas del Poder Judicial y el nuevo contexto político que exige mayor sobriedad en el uso de recursos públicos.
La Corte anunció que este lunes ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar la información y precisar el destino final de las unidades adquiridas.
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