Desde el 9 de enero y hasta el 30 de junio de 2026, todas las personas usuarias de telefonía celular en México deberán registrar sus líneas —de prepago, pospago, físicas o digitales— en el Registro Nacional de Líneas de Teléfonos Celulares, como parte de una nueva disposición federal.
El maestro Cuauhtémoc Cruz Isidoro, coordinador de la Licenciatura en Comunicación de la IBERO Puebla, explicó que el registro puede realizarse de dos maneras: presencialmente en los centros de atención a clientes de las compañías telefónicas o mediante los portales web habilitados por estas. En ambos casos, las empresas requerirán identificación oficial (como credencial para votar, pasaporte o CURP) y, en algunas modalidades, datos biométricos o pruebas de vida, como fotografías o videos.
Cruz Isidoro señaló que no se trata del primer intento por integrar un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Las autoridades justifican la medida como un mecanismo para disminuir delitos como fraude, extorsión o suplantación de identidad, mediante la vinculación directa entre cada número telefónico y una persona física o moral
Sin embargo, advirtió sobre riesgos importantes. El primero se relaciona con la protección de datos personales, pues recientemente se ha difundido información sobre posibles vulneraciones en algunos portales de registro, lo que genera preocupación sobre cómo se almacenarán y resguardarán datos sensibles.
El segundo riesgo está ligado al sistema de justicia. La presunción de que un delito cometido desde un número telefónico implica la responsabilidad automática de su titular podría derivar en casos de suplantación de identidad, similar a lo que ocurre en aplicaciones de mensajería. Esto trasladaría la carga de la prueba a la ciudadanía, que tendría que demostrar su inocencia, lo cual podría representar una afectación al debido proceso.
El académico destacó la necesidad de que la población analice esta medida desde una perspectiva amplia, que incluya no solo el enfoque de seguridad pública, sino también la defensa de los derechos digitales, la protección de datos personales y las garantías de justicia para la ciudadanía
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