La madrugada del 11 de febrero, El Paso amaneció con una orden extraordinaria: el espacio aéreo alrededor de su aeropuerto quedaba prácticamente congelado por “razones de seguridad nacional”. La medida se anunció como si la ciudad estuviera ante un episodio mayor: un cierre previsto por hasta 10 días. Duró horas. Después, la autoridad aeronáutica reabrió el cielo con una frase que, por sí sola, desinfla el dramatismo: no había amenaza.
Entre ese primer golpe de efecto y la marcha atrás se instaló el verdadero tema: la versión oficial no fue una, sino varias.
De un lado, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, colocó la explicación donde hoy se colocan casi todas las explicaciones: en “drones de cárteles mexicanos”. Dijo, además, que la amenaza fue neutralizada. Pero incluso en reportes estadounidenses se subrayó lo inusual: un avistamiento de dron cerca de un aeropuerto normalmente provoca pausas breves, no un cierre de ese calibre.
Del otro lado, la historia que fue saliendo por rendijas institucionales —fuentes, filtraciones y reconstrucciones periodísticas— apuntó a un conflicto interno: un sistema antidrones de energía dirigida (láser) operado por personal de Seguridad Nacional o vinculado a Fort Bliss, sin la coordinación adecuada con la FAA. Lo que pudo ser un ensayo o despliegue apresurado terminó disparando la reacción más aparatosa: cerrar el espacio aéreo para evitar riesgos. En esa versión, el “objetivo” habría sido incluso algo inocuo, como un globo tipo Mylar, y el gobierno federal habría preferido vender la narrativa del “cártel” antes que admitir el desorden interagencial.
México, por su parte, negó tener información que confirmara drones cruzando hacia Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió no especular y reclamó datos verificables.
Hasta aquí, los hechos públicos dejan una fotografía incómoda: un cierre extremo, una reapertura exprés y un relato oficial en disputa, con un elemento constante —cártel, dron, frontera— que funciona como comodín político.
Y entonces aparece la pregunta que no es técnica, sino política: ¿por qué insistir en el guion del “dron del cártel” cuando hay indicios de que el episodio se explica mejor por una prueba militar mal coordinada?
No es una pregunta inocente. La administración Trump ya ha mostrado que puede mezclar operaciones de fuerza con justificaciones cambiantes, y que después ajusta el discurso a conveniencia.
Ahí está el precedente venezolano. El 3 de enero, Estados Unidos ejecutó una operación militar en Caracas para capturar a Nicolás Maduro y trasladarlo a Nueva York, donde enfrentó cargos federales; incluso especialistas discutieron públicamente la legalidad internacional de la acción y el hecho de que el Congreso no hubiera sido notificado antes del despliegue.
Pero lo más revelador vino después, no en expedientes, sino en micrófonos. En una conferencia tras la captura, Trump dijo que Estados Unidos pondría a Venezuela bajo “control” temporal y añadió un componente que desnudó el subtexto: la entrada de grandes petroleras estadounidenses para “refurbish” la infraestructura del país con las mayores reservas probadas de crudo. Críticos señalaron que ese énfasis en el petróleo tensaba la narrativa de que se trataba, estrictamente, de un operativo de “cumplimiento de la ley” contra el narcotráfico.
Más aún: el propio Bolton, exasesor de seguridad nacional, ha descrito la fijación de Trump por “tomar” el petróleo venezolano y ha advertido que las acciones recientes podrían leerse como una reivindicación de recursos tras la caída de Maduro.
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