Finalmente, después de señalamientos masivos, Ticketmaster se ha pronunciado tras la preventa y venta de boletos para BTS en el estadio GNP…y la respuesta ha sido negar en su totalidad los señalamientos que army de México ha hecho durante las últimas semanas.
Después de que miles de testimonios y denuncias se compartieran en plataformas sociales, y que el tema fuera a llevado hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheibaum por segunda ocasión, la boletera envió un comunicado a algunos medios de comunicación, sin hacer el mensaje publico en sus redes sociales.
El texto inició describiendo y justificando las fallas de los días preventa al indicar que la demanda hizo imposible satisfacer a todos los interesados, dado que, según sus datos, 2.1 millones de usuarios ingresaron a la plataforma en busca de boletos: “esta diferencia estructural entre el número de personas interesadas y boletos disponibles explica por qué no fue posible satisfacer la totalidad de la demanda”.
Sumado a lo anterior, negó que su plataforma utilizara “precios dinamicos y algoritmos que modifiquen el costo de los boletos durante la venta” y que, los precios reflejados habían sido establecidos por el artista, su equipo y promotor. Todo esto, a pesar de los miles de registros visuales que army de México visibilizó en redes.
Negó también la emisión de boletos físicos y rechazó la reventa ilegal, pese a los múltiples señalamientos por ser cómplice de esta práctica: “La prioridad de Ticketmaster es brindar mayor certeza, transparencia y tranquilidad a los fans”, se lee en las últimas líneas del comunicado.
Ante estas declaraciones, Army ha rechazado la versión de la boletera y continúa haciendo eco de sus denuncias, ahora muchas más dirigidas formalmente a Profeco. A su vez, cientos de seguidoras continúan una fuerte campaña para evitar la reventa, incluyendo búsqueda de información de los revendedores y bloqueos de cuentas.
La situación ha sido retomada por la prensa internacional, recibiendo el apoyo de army internacional para que las irregularidades sean más visibles y las autoridades mexicanas actúan de acuerdo al marco de la ley y en favor de las y los consumidores.
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