El gobernador Alejandro Armenta Mier entregó este jueves 12 de noviembre al Congreso del Estado el Paquete Económico 2027, que proyecta ingresos por 139 mil 749 millones de pesos y contempla una bolsa de 8 mil 185 millones para inversión pública, 35 por ciento más que en el ejercicio anterior. El incremento en infraestructura coincide con las inconformidades de habitantes de la capital por proyectos como el Cablebús, cuyos posibles efectos sobre áreas verdes, espacios públicos y colonias mantienen abierto el debate sobre su ejecución.
Ante las y los diputados de la LXII Legislatura, el mandatario presentó las iniciativas de Ley de Ingresos y de Egresos para el próximo año. La propuesta financiera establece un crecimiento de 6.4 por ciento respecto a los recursos estimados para 2026, equivalente a 8 mil 383 millones de pesos adicionales.
Durante la presentación, la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Daniela Stephanie Pérez Calderón, explicó que el paquete se estructura bajo tres ejes: seguridad, justicia y riqueza comunitaria. También señaló que no se contempla la creación de nuevos impuestos ni el incremento de las tasas vigentes, aunque las cuotas por derechos tendrán una actualización de 4.5 por ciento conforme al factor inflacionario.
Armenta destacó que el presupuesto contempla más de 5 mil millones de pesos para seguridad y 2 mil millones para el programa de Obra Comunitaria. Asimismo, planteó como meta alcanzar 150 mil calles pavimentadas en Puebla al término de su administración, en 2030.
Sin embargo, el aumento de los recursos destinados a infraestructura también coloca en el centro de la discusión las condiciones en que se desarrollarán las obras, particularmente en las zonas habitacionales y espacios públicos donde existen inconformidades ciudadanas.
Cablebús, entre la inversión y las protestas vecinales
Uno de los proyectos que concentra estos cuestionamientos es el Sistema de Transporte por Cable, conocido como Cablebús, cuya continuidad figura entre las prioridades de infraestructura y movilidad de la administración estatal.
Habitantes de distintas colonias de Puebla capital han realizado manifestaciones, cierres viales y asambleas comunitarias para expresar su rechazo al proyecto y solicitar información sobre el trazo, la instalación de torres y estaciones, así como las posibles afectaciones a sus viviendas y al entorno urbano.
El 11 de octubre, vecinos de Resurgimiento, Santa Bárbara y El Ángel realizaron movilizaciones y cierres de vialidades. En esas protestas también participaron habitantes de Azcárate y Bella Vista, quienes plantearon la necesidad de fortalecer la organización comunitaria frente a la construcción del sistema.
A estas inconformidades se sumó la movilización del 8 de noviembre en el Parque Ecológico, donde colectivos ambientalistas y ciudadanos cuestionaron las posibles afectaciones al arbolado, la biodiversidad y los espacios de convivencia. Entre sus demandas se encuentra transparentar los estudios ambientales y conocer las condiciones bajo las cuales se desarrollaría la infraestructura.
Los reclamos no se limitan a la oposición al sistema de transporte. También involucran el derecho de los habitantes a conocer las características de una obra que modificará el entorno de sus colonias, así como las medidas previstas para prevenir, mitigar o reparar posibles daños.
En este escenario, la asignación de recursos para el Cablebús tendrá que acompañarse de información pública sobre sus costos, estudios técnicos, impacto ambiental y mecanismos de participación ciudadana. La inversión anunciada no sustituye la obligación de atender las inquietudes de quienes habitan los territorios intervenidos.
El saneamiento del Atoyac, otro compromiso pendiente
Otro de los proyectos vinculados con la infraestructura y la recuperación ambiental es el saneamiento del río Atoyac, una de las principales demandas de las comunidades asentadas en su cuenca.
La recuperación de este afluente requiere coordinación entre los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, además de la intervención de autoridades federales, particularmente por la contaminación acumulada durante años y las descargas industriales y municipales.
Para 2027, el proyecto federal de saneamiento y restauración del Atoyac y sus afluentes contempla una inversión de mil 581.5 millones de pesos compartida entre Puebla y Tlaxcala. Por tanto, no se trata de una asignación exclusiva para el estado.
Además, el gobierno estatal ha informado sobre una inversión superior a 265 millones de pesos para reutilizar agua tratada y beneficiar a mil 450 hectáreas agrícolas durante 2027. La estrategia también contempla vigilancia ambiental, inspecciones y medidas contra quienes incumplan la legislación en materia de descargas contaminantes.
En este caso, el desafío no se reduce a disponer de recursos para construir infraestructura hidráulica. También implica garantizar que las plantas de tratamiento funcionen, que las descargas contaminantes sean vigiladas y que las comunidades puedan conocer los avances y resultados de las acciones de saneamiento.
El Congreso deberá revisar la distribución del gasto
Con la entrega del Paquete Económico 2027 comienza la etapa legislativa de análisis de las iniciativas de ingresos y egresos. Las y los diputados deberán revisar la distribución de los recursos antes de aprobar el presupuesto que ejercerá el gobierno estatal durante el próximo año.
La discusión no sólo estará relacionada con los montos destinados a infraestructura, seguridad y programas sociales, sino también con la manera en que esas inversiones responderán a las necesidades de las distintas regiones y comunidades de Puebla.
Para los habitantes de las zonas donde se proyectan las obras, la transparencia presupuestal también pasa por conocer cuánto costarán, qué afectaciones podrían generar y cuáles serán las garantías para proteger sus viviendas, áreas verdes y espacios comunitarios.
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