La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció el respaldo del Gobierno federal para atender las denuncias de presuntas extorsiones y otras irregularidades en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla. Sin embargo, aclaró que la intervención de las instituciones federales dependerá de una solicitud expresa de la administración estatal, encabezada por Alejandro Armenta Mier.
Durante la Conferencia del Pueblo de este jueves 12 de noviembre, la mandataria explicó que el centro penitenciario está bajo responsabilidad del gobierno poblano, por lo que corresponde a las autoridades estatales solicitar el apoyo de la Federación si consideran necesaria su participación.
“Es un penal que está bajo la administración del gobierno del estado de Puebla y está en contacto el Gabinete de Seguridad para poder, si requiere apoyo el estado de Puebla, poder apoyar en lo que se requiera. Tiene que ser a solicitud del gobierno del estado de Puebla”, señaló.
La presidenta también hizo referencia a la colaboración federal en otros centros penitenciarios del país, entre ellos los de Sinaloa, donde las fuerzas de seguridad participan en operativos para retirar teléfonos celulares y otros artículos cuyo ingreso está prohibido.
Las declaraciones se producen en medio de las denuncias de familiares de personas privadas de la libertad, quienes han señalado presuntos cobros ilegales, amenazas y agresiones al interior del penal de San Miguel. Entre los señalamientos figuran exigencias económicas para evitar represalias, acceder a determinados servicios y conseguir cambios de dormitorio.
CDH acumula 32 quejas por presuntas extorsiones
En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) acumulaba, hasta el 11 de noviembre, 32 quejas relacionadas con presuntas extorsiones en el centro penitenciario durante 2026.
La presidenta del organismo, Rosa Isela Sánchez Soya, informó que 18 expedientes cuentan con medidas cautelares para proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con la titular de la CDH, las quejas pueden recibirse por iniciativa del propio organismo, mediante llamadas telefónicas o directamente de las personas internas. Una vez integrados los expedientes, la Comisión solicita información a las autoridades penitenciarias y da seguimiento a cada caso.
A los señalamientos se suman testimonios de familiares sobre presuntos cobros que van de los 20 mil a los 300 mil pesos, además de amenazas de agresiones físicas contra quienes se niegan a cubrir las cantidades exigidas. Estas denuncias deberán ser esclarecidas por las instancias competentes.
Armenta prevé revisión con instituciones federales
Un día antes de las declaraciones presidenciales, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció una revisión del funcionamiento del penal de San Miguel y de otros centros penitenciarios de Puebla, con participación de instituciones de seguridad federales.
Durante una reunión de la Mesa de Paz, el mandatario informó que se contemplaba la intervención de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y áreas de inteligencia para revisar las condiciones de operación de los reclusorios.
“Se va a hacer un trabajo muy a fondo con la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional, la Comisión de Inteligencia de la Federación para revisar cómo está el funcionamiento del penal de San Miguel y otros”, declaró.
Armenta también adelantó que solicitaría analizar el traslado de dos personas privadas de la libertad, señaladas por familiares como presuntas responsables de coordinar cobros ilegales y amenazas dentro del reclusorio.
La colaboración federal, en los términos planteados por Sheinbaum, queda sujeta a la petición del gobierno de Puebla.
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