La expedición tardía de actas de defunción en el Registro Civil de Puebla ha complicado la realización de sepelios, cremaciones y traslados de personas fallecidas a otros estados, una situación que añade tiempos de espera a las familias que enfrentan la pérdida de un ser querido.
La problemática fue expuesta este miércoles por representantes de al menos 30 empresas funerarias que acudieron al Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelopolis para pedir la intervención de las autoridades estatales, ante las restricciones que, según denunciaron , enfrentan para completar los registros de defunción.
Los prestadores de servicios señalaron que en algunos juzgados únicamente les permiten gestionar dos actas por establecimiento al día. Está limitación deja pendientes otros procedimientos cuando una funeraria atiende varios fallecimientos, por lo que los familiares deben esperar para continuar los servicios de inhumación o cremación.
El retraso también repercute en los traslados hacia otras entidades, pues la documentación correspondiente es indispensable para movilizar los cuerpos y cumplir con los procedimientos legales.
Según los testimonios recabados durante la manifestación, las dificultades se presentan principalmente en los juzgados Segundo y Tercero del Registro Civil, dónde además se han reportado incidencias respecto a la disponibilidad de formatos, fallas en el sistema y restricciones para recibir los trámites.
Durante la jornada también se señalaron dificultades para llevar a cabo los registros durante los fines de semana. Los representantes del sector afirmaron que la atención se concentra en determinadas oficinas y que las limitaciones de horario, junto con la falta de formatos y las fallas del sistema complican el seguimiento oportuno de los trámites .
Uno de los problemas expuestos ocurrió el pasado 31 de octubre, cuándo, de acuerdo con los testimonios de los afectados, una falla del sistema impidió cumplir con varios registros. Algunas familias tuvieron que regresar al día siguiente para obtener la documentación.
La situación adquiere mayor relevancia porque el acta de defunción no es un documento que pueda quedar pendiente sin afectar otros procedimientos. El artículo 912 del Código Civil del Estado de Puebla establece que ningún entierro o cremación puede realizarse en autorización escrita del juez del Registro Civil, quién debe verificar el fallecimiento.
Además, la ficha oficial del gobierno estatal para el registro de defunción oportuno establece que el trámite debe realizarse antes de que transcurran 48 horas desde el fallecimiento. Cuando ese plazo se rebasa, los prestadores de servicios funerarios señalaron que las familias pueden enfrentar procedimientos adicionales ante la Fiscalía General del Estado para continuar con la documentación correspondiente.
Segob acuerda revisar los procedimientos
Ante las inconformidades, representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) sostuvieron una mesa de diálogo con integrantes del sector funerario este miércoles 11 de noviembre, con el propósito de atenderlos El alineamientos y revisar las condiciones en que se realizan los registros de defunción.
El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Desarrollo Político, Rodolfo Huerta Espinoza, quién acordó convocar a una nueva reunión para el miércoles 18 de noviembre en Casa Aguayo.
En esa mesa se prevé revisar las solicitudes de los prestadores de servicios, explicar los procedimientos para la entrega de formatos de actas de defunción y establecer acciones para atender las posibles irregularidades denunciadas en los cinco juzgados del Registro Civil.
La autoridad estatal también señaló que no permitirá actos de corrupción ni deficiencias administrativas en estas oficinas, por lo que los elementos expuestos por los representantes de los funerarias serán materia de revisión.
La próxima reunión permitirá dar seguimiento a las inconformidades y conocer las medidas que se adapten para agilizar los registros. Mientras tanto, la expedición oportuna de las actas continúa siendo un requisito indispensable para que las familias puedan realizar los servicios funerarios y los traslados de sus seres queridos conforme a las disposiciones legales.
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