Integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua comenzaron a retirar el plantón que mantenían sobre la carretera federal México- Puebla, a la altura de San Pedro Cholula, después de que autoridades estatales y municipales iniciaron trabajos para atender parte de las demandas relacionadas con el antiguo relleno sanitario de la región
El levantamiento de la protesta ocurrió tras casi seis días de bloqueo y varias mesas de negociación en las que participaron representantes comunitarios, el gobierno estatal y el ayuntamiento encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández Díaz. Aunque la circulación comenzó a restablecerse, los habitantes advirtieron que mantendrán vigilancia sobre las acciones comprometidas y que podrían reanudar las movilizaciones si los trabajos se suspenden.
Entre los acuerdos alcanzados se encuentra la extracción de lixiviados acumulados en el sitio, el relleno de una excavación realizada durante el proyecto de ampliación del basurero y el desmantelamiento de la maquinaria utilizada por la empresa ProFaj Hidrolimpieza para el tratamiento de residuos.
La organización informó que las labores para retirar los lixiviados ya comenzaron, aunque solicitó que las autoridades transparenten el calendario de trabajo, así como el destino y tratamiento final que recibirán esos residuos. Los habitantes han expresado preocupación por los posibles efectos en los mantos acuíferos y en los recursos hídricos de la zona.
Asimismo, señalaron que el relleno de la excavación podría extenderse hasta marzo de 2027, mientras que el retiro total de la maquinaria tendría una duración aproximada de diez semanas.
Durante las negociaciones, el ayuntamiento de San Pedro Cholula informó que buscará que ProFaj Hidrolimpieza asuma los costos de los trabajos de saneamiento y remediación, al tiempo que recordó que existen procedimientos administrativos relacionados con presuntos incumplimientos de la empresa en el cierre del sitio.
Aunque aceptaron liberar la vialidad, los integrantes de la Unión de Pueblos sostuvieron que el conflicto no está resuelto. Indicaron que continuarán supervisando el cumplimiento de los compromisos ambientales y exigieron claridad sobre las responsabilidades económicas y ambientales derivadas de la operación del exrelleno sanitario.
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