Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Puebla se sumaron este viernes 6 de noviembre al paro nacional de labores por tiempo indefinido, ante el temor de que el nuevo esquema de evaluación del desempeño ponga en riesgo sus empleos y la permanencia en sus plazas. La protesta se concentró en las instalaciones judiciales ubicadas sobre el Periférico Ecológico, donde los manifestantes cerraron los accesos y suspendieron las actividades.
Desde temprano, decenas de empleados se reunieron frente a la sede federal para expresar su rechazo al Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado el pasado 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).
La disposición establece evaluaciones obligatorias para el personal de carrera judicial, entre ellos secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales. El procedimiento contempla exámenes de conocimientos y valoraciones sobre el desempeño de los trabajadores, cuyos resultados, en las etapas ordinarias, podrían influir en la permanencia dentro de la institución.
La inconformidad radica principalmente en los criterios que contempla el acuerdo. Los empleados advierten que algunas valoraciones podrían quedar sujetas a decisiones discrecionales de sus superiores, además de que, a su juicio, no se reconoce suficientemente la antigüedad, experiencia y trayectoria de quienes durante años han desempeñado distintas funciones en juzgados y tribunales.
Por esta razón, los inconformes exigen que el acuerdo quede sin efectos y que cualquier evaluación tenga como propósito mejorar la preparación del personal, mediante cursos y programas de capacitación, sin que sus resultados se utilicen para justificar despidos, cambios de adscripción o la pérdida de plazas.
OAJ sostiene que la primera evaluación será diagnóstica
Ante las protestas, el Órgano de Administración Judicial aclaró este viernes que la primera evaluación, prevista para diciembre de 2026, tendrá únicamente carácter diagnóstico y no implicará consecuencias inmediatas para los trabajadores.
El organismo explicó que en esta etapa no habrá aprobados ni reprobados y que los resultados no se utilizarán para separar al personal de sus cargos ni aplicar sanciones individuales. En cambio, servirán para identificar necesidades de actualización y diseñar programas de capacitación de acuerdo con las funciones de cada trabajador.
Asimismo, precisó que las evaluaciones ordinarias con efectos sobre la permanencia se llevarán a cabo después de las etapas formativas correspondientes. También reconoció el derecho de los empleados a manifestarse y expresó su disposición para establecer canales de diálogo.
No obstante, el pronunciamiento no convenció a los trabajadores, quienes mantuvieron la suspensión de actividades al considerar que las aclaraciones no ofrecen garantías suficientes mientras el acuerdo continúe vigente.
Paro alcanza instalaciones judiciales de 17 estados
La movilización en Puebla se sumó a una jornada nacional de protestas que, de acuerdo con los reportes, alcanzó al menos 22 sedes judiciales en 17 entidades del país.
Entre los estados donde también se registraron suspensiones de actividades se encuentran Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Morelos, Chiapas, Guanajuato y Michoacán.
La inconformidad se suma a las tensiones laborales que persisten dentro del Poder Judicial de la Federación después de la reforma constitucional de 2024. Sin embargo, en esta ocasión el reclamo se centra en la estabilidad de los trabajadores que forman parte de la estructura operativa de juzgados y tribunales, quienes demandan certeza sobre sus derechos laborales y las condiciones para conservar sus empleos.
En Puebla, el paro se mantiene por tiempo indefinido, mientras los trabajadores esperan una respuesta a sus demandas y la apertura de una mesa de diálogo que permita revisar las nuevas disposiciones.
Trabajadores del PJF en Puebla paran labores por temor a perder sus plazas










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