La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “muy irresponsable” el operativo realizado en abril en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, en el que participaron dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Durante la Mañanera del Pueblo de este lunes 19 de octubre, señaló al exfiscal estatal César Jáuregui como principal responsable de la intervención. El exfuncionario fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, tras la ejecución de una orden de aprehensión por presunta traición a la patria.

“Muy irresponsable, por decirlo menos”, expresó Sheinbaum al referirse al operativo que terminó con la muerte de cuatro personas. La mandataria cuestionó que agentes extranjeros participaran en una acción terrestre de seguridad sin la autorización correspondiente del Gobierno federal.

“No solamente por haber permitido la participación en contra de la ley de agentes extranjeros en un operativo en tierra, sino por la manera en que lo hicieron”, señaló.

Sheinbaum también cuestionó que las autoridades estatales realizaran una intervención para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas sintéticas sin que, según lo expuesto por el Gobierno federal, existiera la coordinación necesaria con la Federación.

Ellos ni siquiera tienen atribuciones para desmantelar un laboratorio; esas atribuciones las tiene la Fiscalía General de la República”, afirmó.

La presidenta se refirió además a las condiciones en las que se desarrolló el operativo, incluido el traslado por una carretera sinuosa de la sierra durante la noche. En ese contexto, señaló la responsabilidad que corresponde a quienes encabezan las instituciones encargadas de procurar justicia.

“Si alguien tiene la responsabilidad de promover la justicia, son los fiscales, y acá fue el primero que viola la ley”, declaró.

Sobre la posible participación de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, Sheinbaum aclaró que, hasta donde se conoce, no hay pruebas de que haya ordenado directamente el operativo. Añadió que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación y que existen otros asuntos relacionados con Jáuregui que serán dados a conocer por esa institución.

El exfiscal fue detenido el 17 de octubre en Chihuahua por una investigación estatal relacionada con presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Durante el proceso local, un juez determinó que podía enfrentarlo en libertad bajo las medidas cautelares correspondientes.

Sin embargo, después de esa resolución, agentes federales ejecutaron una orden de aprehensión contra Jáuregui por el probable delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. Posteriormente, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La FGR sostiene que Jáuregui habría ordenado y coordinado el operativo en el que participaron los dos estadounidenses sin la autorización federal requerida. La fiscalía informó que ha realizado más de cien actos de investigación y señaló que los hechos podrían constituir una afectación a la soberanía y la integridad de la nación.

En la misma investigación figura Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, contra quien también se giró una orden de aprehensión, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

La defensa de Jáuregui, encabezada por el abogado Héctor Villasana, rechaza la acusación de traición a la patria. El litigante ha cuestionado que se responsabilice a su cliente por la participación de los agentes estadounidenses y ha puesto en duda los elementos utilizados para cambiar su condición dentro de la investigación. La responsabilidad penal del exfuncionario deberá resolverse en los tribunales.

Los hechos ocurrieron entre el 17 y el 19 de abril en El Pinal, una localidad del municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara. El objetivo del operativo era desmantelar un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, con la participación de agentes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como integrantes de la CIA: Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.

Durante el regreso, un vehículo cayó a un barranco. En el accidente murieron cuatro personas: Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación; el agente estatal Manuel Genaro Méndez Montes, y los dos estadounidenses.

Tras el accidente, Jáuregui presentó inicialmente a los ciudadanos estadounidenses como instructores vinculados con la Embajada de Estados Unidos. La información posterior sobre su participación en el operativo generó cuestionamientos acerca de la presencia de agentes extranjeros y de la falta de conocimiento del Gobierno federal sobre la intervención.

El 27 de abril, Jáuregui renunció a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y asumió responsabilidad política por las inconsistencias en la información que se había proporcionado sobre el caso.

Ahora, el exfiscal enfrenta procedimientos en los ámbitos estatal y federal. La acusación por traición a la patria deberá ser examinada por un juez federal, mientras que la causa local seguirá su propio curso. Hasta que se resuelvan ambos procesos, las imputaciones constituyen acusaciones y no una sentencia de culpabilidad.