Habitantes de San Rafael Comac, junta auxiliar de San Andrés Cholula, se manifestaron para exigir la clausura y el retiro de un depósito de chatarra instalado en la calle Tlatlauquitepec, debido a que, según denunciaron, representa un riesgo de contaminación para los mantos acuíferos de la comunidad. También demandaron la suspensión de las construcciones de dos naves industriales y un fraccionamiento que consideran contrarias a sus disposiciones de protección territorial.
Durante una conferencia de prensa realizada el viernes 16 de octubre, integrantes de los comités de Consulta Indígena y Vigilancia Territorial señalaron que el depósito de fierro viejo se encuentra en una zona donde el nivel freático es superficial, por lo que advirtieron sobre la posibilidad de que sustancias provenientes de los materiales almacenados se infiltren al subsuelo y afecten los pozos y veneros de agua.
Los representantes comunitarios sostuvieron que tanto el depósito como las construcciones denunciadas se encuentran en terrenos considerados de reserva agrícola y amortiguamiento, por lo que solicitaron al Ayuntamiento de San Andrés Cholula que suspenda las obras y revise las autorizaciones de funcionamiento y uso del suelo que, en su caso, hayan sido expedidas.
Explicaron que el 29 de abril de 2026, durante una Asamblea General Comunitaria, los habitantes de San Rafael Comac aprobaron las Estrategias de Planeación y Protección Territorial, que constituyen su sistema normativo interno en materia de construcción, uso del suelo y protección ambiental.
Estas disposiciones, señalaron, buscan preservar las superficies agrícolas, establecer reservas para el crecimiento natural de la población y proteger los espacios naturales y las fuentes de abastecimiento de agua.
El documento fue entregado formalmente el 16 de junio a la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del ayuntamiento, con la solicitud de que sus disposiciones sean consideradas en la expedición de licencias y permisos de construcción.
En la misma asamblea se integró el Comité de Vigilancia Territorial, al que se encomendó supervisar las obras que se desarrollan en la comunidad y verificar su compatibilidad con las estrategias aprobadas por los habitantes.
Los representantes denunciaron que las construcciones de la calle Tlatlauquitepec carecen de autorización comunitaria y que, pese a sus solicitudes, no han recibido la información técnica y administrativa necesaria para conocer las condiciones en que fueron autorizadas.
Indicaron que el 29 de julio acudieron con los encargados de las obras para notificarles la existencia del reglamento interno y solicitarles sus permisos. Posteriormente, el 21 de agosto, presentaron escritos ante la presidencia municipal y la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable para requerir los dictámenes de impacto ambiental e hídrico y demandar la cancelación de los proyectos.
Ante la falta de una respuesta que consideraran satisfactoria, el 3 de septiembre ingresaron una segunda solicitud para establecer una mesa de trabajo con las autoridades municipales, la presidencia auxiliar y los comités comunitarios.
Los inconformes advirtieron que la expansión inmobiliaria e industrial puede reducir la infiltración del agua de lluvia, afectar la recarga de los mantos acuíferos y aumentar la demanda de servicios públicos, particularmente de agua potable y drenaje.
También señalaron que el crecimiento urbano sobre terrenos agrícolas propicia cambios en el uso del suelo y un incremento en el valor de la tierra que podría dificultar la permanencia de las familias originarias.
Por ello, exigieron la suspensión de las construcciones denunciadas, el retiro del depósito de chatarra y el reconocimiento de las atribuciones del Comité de Vigilancia Territorial.
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