La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este 14 de octubre un decreto para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos en redes sociales y otras plataformas digitales. La medida establece nuevas obligaciones para las empresas tecnológicas, que deberán informar sobre los mecanismos que aplicarán para prevenir la exposición de menores a materiales que promuevan la violencia, el acoso y otras conductas de riesgo.
Como parte de este acuerdo, empresas como Meta, Google, TikTok, X, Microsoft, Apple y Huawei tendrán un plazo de 30 días naturales para presentar sus protocolos de actuación y las medidas de seguridad que implementarán en México. El documento, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno federal, será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor conforme a los términos establecidos en la disposición.
El caso de Torreón puso el foco en la violencia digital
La iniciativa surge después del ataque ocurrido a principios de octubre en la Escuela Secundaria General número 13 Justo Sierra Méndez, en Torreón, Coahuila. De acuerdo con la información referida por las autoridades, los hechos estuvieron relacionados con dinámicas de comunicación en plataformas digitales en las que se exaltaban masacres escolares y se alentaban conductas violentas.
Durante el anuncio, Sheinbaum señaló que las autoridades han identificado indicios de una posible relación entre el uso de redes sociales y al menos cuatro casos graves de violencia en entornos educativos. Entre ellos, mencionó un hecho en el que una docente perdió la vida.
A partir de estos antecedentes, el Gobierno federal busca establecer medidas que permitan detectar oportunamente contenidos de riesgo y reducir su circulación entre la población menor de edad, sin limitar la estrategia únicamente a la eliminación de publicaciones después de que se produzcan hechos violentos.
¿Qué deberán hacer las plataformas digitales?
Entre las principales medidas previstas se encuentra reforzar la protección de menores frente a contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual. También se contempla atender publicaciones que promuevan el suicidio, las autolesiones, los trastornos de la conducta alimentaria y el ciberacoso, incluida la violencia que ocurre en el entorno escolar.
El acuerdo plantea, además, que las empresas habiliten mecanismos para responder ante situaciones de riesgo inminente y colaboren con las autoridades en las investigaciones correspondientes.
Para ello, deberán mantener un punto de contacto permanente, disponible las 24 horas del día, para la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Este canal facilitaría la notificación de incidentes, así como la preservación y entrega de evidencia digital cuando proceda conforme a la legislación aplicable.
Otra de las medidas previstas consiste en fortalecer los mecanismos de verificación de edad y los controles parentales, de modo que madres, padres y tutores puedan gestionar con mayor facilidad la seguridad de las cuentas. Asimismo, se busca que los perfiles de menores tengan, de manera predeterminada, las opciones de privacidad y protección más estrictas disponibles.
Gobierno federal vigilará el cumplimiento
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) estará a cargo del seguimiento de las medidas, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud. La estrategia también contempla difundir información sobre salud mental, prevención del ciberacoso y atención a personas que atraviesen una crisis emocional, incluidos los servicios de la Línea de la Vida.
Aunque el Gobierno federal plantea una primera etapa de colaboración con las empresas tecnológicas, el cumplimiento de los compromisos será un punto central de la evaluación que se realizará después del plazo de 30 días.
Por ahora, el esquema anunciado no contempla sanciones económicas directas. Sin embargo, Sheinbaum y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, advirtieron que, si las plataformas no presentan resultados suficientes o incumplen las medidas acordadas, el Ejecutivo impulsará una iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión para establecer sanciones administrativas y penales.
De esta manera, el Gobierno federal busca que las plataformas asuman una mayor responsabilidad en la prevención de la violencia digital, particularmente cuando sus contenidos y sistemas de recomendación puedan poner en riesgo a niñas, niños y adolescentes.
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