Durante la décima y última emisión de la primera temporada de Derecho de Réplica, el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, retomó el caso del Museo Internacional del Barroco y expuso las promesas que acompañaron al proyecto, así como el impacto financiero que tuvo para las finanzas de Puebla.
A través de una lámina titulada
“Lo que se prometió: seis beneficios para Puebla”, García Parra señaló que el proyecto contemplaba programas para conservar y rescatar el patrimonio barroco; convertirse en el primer museo internacional del Barroco en el mundo y contar con un espacio dedicado a su investigación.
También se planteó que el recinto recibiría 400 mil visitantes al año, generaría mayor actividad para hoteles, restaurantes y servicios turísticos, además de propiciar 3 mil 150 empleos derivados del turismo y la derrama económica.
Sin embargo, las cifras expuestas durante la emisión muestran una diferencia entre esa expectativa y el comportamiento de las visitas al museo.
De acuerdo con los datos presentados por García Parra y retomados este miércoles por medios locales, el Museo Internacional del Barroco alcanzó su mayor registro en 2018, con 209 mil 347 visitantes, mientras que en 2025 recibió 14 mil 71 personas. Esta última cifra representa apenas 3.5 por ciento de la meta anual de 400 mil visitantes.
Un contrato hasta 2039
El museo fue construido durante la administración de Rafael Moreno Valle bajo un esquema de asociación público-privada y comenzó operaciones en 2016. El contrato contemplaba pagos hasta 2039.
Antes de que concluyera anticipadamente, el Gobierno de Puebla había pagado 3 mil 974 millones de pesos entre 2016 y mayo de 2025. De continuar con las condiciones originales, los pagos pendientes hasta 2039 rondarían los 10 mil millones de pesos, de acuerdo con las cifras que García Parra dio a conocer en 2025.
El funcionario calificó entonces el esquema como una “deuda oculta”, al señalar que comprometía recursos del Impuesto Sobre la Nómina hasta 2039 y que no estaba registrada como deuda ante la Secretaría de Hacienda bajo esa modalidad contractual.
La obra, por su parte, tuvo un costo aproximado de mil 740 millones de pesos, de acuerdo con cifras difundidas durante el proceso de terminación del contrato.
Puebla pagó 2 mil mdp para terminar el contrato
En junio de 2025, García Parra informó que el Gobierno estatal había acordado con Hermes Infraestructura la terminación anticipada del contrato.
La negociación estableció un pago de aproximadamente 2 mil millones de pesos, frente a los alrededor de 10 mil millones que todavía se habrían erogado hasta 2039. Con ello, el gobierno estatal calculó un ahorro cercano a 8 mil millones de pesos.
En julio de ese año se precisó que los 2 mil millones destinados para cerrar el compromiso estaban integrados por mil 750 millones de pesos ya presupuestados y 250 millones adicionales para concretar la terminación.
El convenio se firmó el 23 de junio de 2025 entre el gobernador Alejandro Armenta y Gaspar Guerreiro, director general de Hermes Infraestructura. A partir de entonces, el inmueble pasó a ser propiedad del Gobierno de Puebla.
García Parra sostuvo en ese momento que la decisión permitiría liberar recursos para las siguientes administraciones y destinarlos a rubros como salud, educación, seguridad e infraestructura.
“El mensaje es muy claro para las futuras generaciones: los siguientes gobiernos no tendrán estos recursos comprometidos y podrán destinarlos a proyectos prioritarios como salud, educación, seguridad e infraestructura”, declaró entonces el funcionario.
Durante la firma del convenio, García Parra también sostuvo que la terminación anticipada no significaba detener las investigaciones relacionadas con el esquema contractual y afirmó que se trataba de una decisión “técnica jurídica y estratégica para proteger las finanzas del Estado”.
El museo tendrá un nuevo uso
La terminación del contrato no significó el cierre definitivo del inmueble. Durante 2026, el Gobierno de Puebla planteó reconvertir el antiguo Museo Internacional del Barroco en un espacio educativo y cultural, con la incorporación de la Universidad de Creación de las Artes y la Cultura (Unicrea).
El caso volvió a ocupar parte de la agenda de Derecho de Réplica en la décima emisión, con la revisión de las expectativas que originalmente acompañaron al proyecto y de los resultados que tuvo durante sus primeros años de operación.
Con esta emisión, García Parra cerró la primera temporada del programa, que inició en agosto de 2026. El funcionario adelantó que el espacio podría continuar con una segunda y hasta una tercera temporada, además de plantear la posibilidad de abrir el programa a ciudadanos, medios de comunicación y grupos opositores para discutir proyectos del Gobierno estatal.
Qué se sabe del proyecto original
El Museo Internacional del Barroco fue inaugurado en febrero de 2016 como una de las obras emblemáticas de la administración de Rafael Moreno Valle. El inmueble fue diseñado por el arquitecto japonés Toyo Ito y se construyó en la zona de Angelópolis, en el municipio de San Andrés Cholula.
La propuesta museográfica incluyó piezas de arte barroco de distintas colecciones nacionales e internacionales, así como exposiciones temporales y recursos tecnológicos para presentar obras de pintura, escultura, mobiliario y arte sacro. La Secretaría de Cultura federal y el propio museo difundieron el recinto como un espacio especializado en el estudio y la divulgación del Barroco.
El proyecto fue financiado mediante un contrato de prestación de servicios a largo plazo con Hermes Infraestructura. Bajo este modelo, la empresa privada participó en el diseño, construcción, operación y mantenimiento del inmueble, mientras el Gobierno estatal asumió pagos periódicos durante la vigencia del contrato.
La revisión de las finanzas públicas
La discusión sobre el museo se relacionó con el crecimiento de los compromisos de largo plazo contratados por Puebla mediante asociaciones público-privadas y proyectos de prestación de servicios. Organismos fiscalizadores y documentos presupuestarios han señalado que estos esquemas deben analizarse no sólo por el costo de construcción, sino también por los pagos futuros, las garantías y las obligaciones vinculadas a su operación.
En el caso del Museo Internacional del Barroco, el Gobierno estatal presentó la terminación anticipada como una medida para reducir obligaciones futuras. No obstante, el monto pagado para concluir el contrato representa un desembolso inmediato que debe distinguirse del ahorro estimado a largo plazo.
La diferencia entre ambos conceptos —el pago de salida y los recursos que ya no se erogarían hasta 2039— es central para evaluar el resultado financiero de la operación. La información definitiva deberá contrastarse con el convenio de terminación, los estados financieros estatales y los informes de fiscalización correspondientes.
Pendientes de transparencia
La terminación del contrato también dejó pendientes de información pública sobre el destino del inmueble, los costos de su mantenimiento y el calendario para su transformación en un espacio educativo y cultural.
Entre los datos que deberán precisarse se encuentran el presupuesto de adecuación, el modelo de operación, las instituciones responsables y los mecanismos para medir el impacto de la nueva propuesta. También será relevante conocer si el inmueble conservará una función museística y cómo se garantizará la preservación de las colecciones y exposiciones que albergue.
La reconversión anunciada por el Gobierno de Puebla abre una nueva etapa para el edificio, pero su viabilidad dependerá de que el proyecto cuente con presupuesto, objetivos verificables y reglas claras de operación.
El museo tendrá un nuevo uso
La terminación del contrato no significó el cierre definitivo del inmueble. Durante 2026, el Gobierno de Puebla planteó reconvertir el antiguo Museo Internacional del Barroco en un espacio educativo y cultural, con la incorporación de la Universidad de Creación de las Artes y la Cultura (Unicrea).
El caso volvió a ocupar parte de la agenda de Derecho de Réplica en la décima emisión, con la revisión de las expectativas que originalmente acompañaron al proyecto y de los resultados que tuvo durante sus primeros años de operación.
Con esta emisión, García Parra cerró la primera temporada del programa, que inició en agosto de 2026. El funcionario adelantó que el espacio podría continuar con una segunda y hasta una tercera temporada, además de plantear la posibilidad de abrir el programa a ciudadanos, medios de comunicación y grupos opositores para discutir proyectos del Gobierno estatal.
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