El Senado de la República aprobó una nueva legislación que reconoce a los animales como “seres sintientes y sujetos de cuidado”, establece cinco dimensiones obligatorias para evaluar su bienestar, crea un registro nacional de fauna de compañía y un padrón de personas infractoras, además de sanciones que pueden superar los 200 mil pesos por actos de crueldad.
Sin embargo, una modificación incorporada durante las últimas horas de la discusión dejó fuera de una regulación federal uniforme dos de los asuntos que habían provocado mayor confrontación: las corridas de toros y las peleas de gallos.
El pleno aprobó el martes, con 115 votos a favor y uno en contra, la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, integrada por 125 artículos y concebida como el nuevo piso nacional para establecer las obligaciones de autoridades y particulares hacia animales de compañía, producción alimentaria, exhibición, espectáculos, investigación y enseñanza.
La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, por lo que el ordenamiento todavía deberá superar esa etapa legislativa antes de convertirse en ley vigente.
El único voto en contra fue del senador de Morena Adán Augusto López Hernández.
El cambio central del nuevo ordenamiento es jurídico y conceptual: los animales dejan de ser abordados únicamente como bienes bajo propiedad humana y son reconocidos expresamente como seres sintientes y sujetos de cuidado. A partir de ello, la legislación establece cinco dominios para determinar su bienestar: nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental.
Obligaciones humanas
En esa lógica, alimentar a perritos y gatitos o mantenerlos con vida ya no agotaría las responsabilidades de su tutor. Las condiciones de alojamiento, atención veterinaria, posibilidad de desarrollar comportamientos propios de su especie y ausencia de miedo, estrés o sufrimiento pasan a formar parte de los parámetros que deberán observarse.
El ordenamiento establece obligaciones de tutela responsable para quienes tengan animales bajo su cuidado, además de facultades para autoridades federales, estatales y municipales.
También crea una Estrategia Nacional de Bienestar Animal, programas estatales, un subsistema nacional de información, el Registro Nacional de Animales de Compañía y un Directorio de Criaderos, Albergues, Refugios y Rescatistas.
A ello se suma un padrón de personas infractoras por actos de maltrato animal.
La intención es que una parte de la política de protección deje de depender exclusivamente de sistemas estatales y municipales dispersos y exista información nacional sobre animales de compañía, establecimientos, criadores y personas sancionadas.
La ley también interviene en la comercialización. Entre sus disposiciones se encuentra la prohibición de vender animales en mercadillos y nuevas obligaciones de identificación, control sanitario y trazabilidad para quienes se dediquen a su reproducción o venta.
El maltrato y la crueldad podrán dar lugar a amonestaciones, decomisos, clausuras, multas y arrestos administrativos de hasta 36 horas. En los casos más graves, las sanciones económicas pueden alcanzar aproximadamente los 234 mil pesos.
El responsable de maltratar o abandonar un animal también podrá ser obligado a cubrir los gastos derivados de su atención veterinaria, rehabilitación y resguardo.
La legislación alcanza además ámbitos que suelen quedar fuera de las normas enfocadas exclusivamente en perros y gatos.
Establece disposiciones para animales destinados a producción alimentaria, zoológicos, acuarios, granjas didácticas, investigación, enseñanza, producciones audiovisuales y espectáculos.
En zoológicos y sitios de exhibición, por ejemplo, se contemplan condiciones de alojamiento, medicina preventiva, enriquecimiento ambiental y protocolos de emergencia.
Retos estales
La aplicación del nuevo marco, sin embargo, enfrentará una primera dificultad: convertir obligaciones nacionales en servicios públicos disponibles en los estados y municipios.
Durante la discusión, la senadora priista Carolina Viggiano advirtió sobre esa contradicción referirse a la esterilización de perros y gatos. El ordenamiento establece obligaciones para los tutores y sanciones por incumplimiento, mientras la prestación gratuita de esos servicios por parte del Estado estará condicionada por la disponibilidad presupuestaria.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reconoció también que la puesta en marcha exigirá armonizar legislaciones locales, desarrollar normas, hacer funcionar los registros y coordinar a autoridades de los tres niveles de gobierno.
Influyen taurinos
Es precisamente en las entidades donde quedó alojada una de las mayores disputas que acompañaron la aprobación de la ley.
Horas antes de la votación, representantes gubernamentales, legisladores e integrantes de Tauromaquia Mexicana sostuvieron reuniones mientras el sector taurino buscaba impedir que el nuevo ordenamiento derivara en una prohibición nacional de las corridas.
La discusión llegó hasta el pleno.
Senadores de Morena y del Partido Verde presentaron modificaciones durante la discusión en lo particular. Una de ellas estableció que las entidades federativas serán responsables de regular la participación de animales en espectáculos deportivos, recreativos y de entretenimiento.
La modificación fue aprobada por 113 votos.
También se incorporaron expresamente las cabalgatas entre las actividades comprendidas y se añadió al artículo 78 la obligación de que los espectáculos con animales se sujeten a condiciones de bienestar acordes con la naturaleza y características de éstos y con sus vínculos con las personas y sus actividades.
El resultado dejó sin una prohibición federal expresa a las corridas de toros y las peleas de gallos.
Salvador Arias, abogado vinculado al sector taurino, explicó a la agencia EFE que la reserva incorporada al artículo 78 consiguió que sean las entidades las que decidan sobre esas actividades.
“La batalla será en los estados”, resumió.
El director de Tauromaquia Mexicana, Pepe Saborit, interpretó el resultado como un reconocimiento al valor cultural que ese sector atribuye a las corridas.
La modificación implica que el país podrá mantener regulaciones distintas según la entidad.
Sonora inició desde 2013 la prohibición de las corridas de toros, aunque mantuvo una excepción para las peleas de gallos. Guerrero y Coahuila adoptaron posteriormente restricciones; Quintana Roo prohibió ambas actividades en 2019. Michoacán eliminó en 2025 las corridas y otros espectáculos violentos con animales, pero conservó las peleas de gallos, mientras la Ciudad de México optó ese mismo año por permitir un modelo de corridas sin sangre.
La nueva ley general no elimina esas diferencias.
Establece un piso nacional de bienestar y distribuye competencias entre Federación, estados y municipios, pero deja a los congresos locales una parte sustancial de las decisiones relacionadas con espectáculos.
La aprobación representa, por ello, el inicio de una segunda etapa de la disputa.
Las organizaciones defensoras de los animales deberán llevar ahora una parte de sus demandas a los congresos estatales, mientras los sectores taurino y gallístico buscarán preservar las actividades donde continúan permitidas.
El debate tampoco comenzó esta semana.
Durante la elaboración de versiones anteriores del proyecto, organizaciones animalistas se movilizaron contra disposiciones relacionadas con la llamada “matanza zoosanitaria” y otras posibilidades de sacrificio que consideraban excesivamente amplias. Activistas llegaron a calificar aquellas disposiciones como un “manual para matar”.
Parte de los artículos cuestionados fueron modificados o eliminados antes de que el dictamen alcanzara su versión aprobada.
La legislación que finalmente salió del Senado refleja así meses de negociación entre posiciones diferentes: organizaciones que reclamaban una protección nacional más amplia; autoridades obligadas a determinar cómo financiarla y aplicarla; actividades productivas
sujetas a nuevas exigencias; y sectores ligados a espectáculos tradicionales que buscaban evitar una prohibición federal.
Para los propietarios de animales de compañía, el cambio más visible estará en las nuevas responsabilidades de cuidado, identificación, salud, esterilización y bienestar.
Para las autoridades, el desafío será considerablemente mayor.
Federación, estados y municipios deberán construir registros, instrumentar campañas de esterilización y vacunación, supervisar criaderos y establecimientos, atender denuncias, mantener instalaciones para animales rescatados y hacer cumplir sanciones.
Ese despliegue requerirá presupuesto, personal veterinario, inspectores, infraestructura y coordinación entre dependencias.
La dimensión del problema ayuda a explicar el alcance de la reforma.
Durante el debate legislativo se recordó que alrededor de siete de cada diez hogares mexicanos cuentan con animales de compañía y que las denuncias por maltrato se cuentan por miles, mientras las sanciones efectivas continúan siendo reducidas.
El nuevo ordenamiento intenta modificar esa situación mediante una legislación nacional que ya no considere suficiente la ausencia de golpes o lesiones visibles para determinar que un animal recibe un trato adecuado.
Nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental serán los cinco parámetros desde los cuales deberá observarse su bienestar.
Pero el Senado dejó pendiente una de las preguntas que atravesó toda la discusión: hasta dónde debe llegar ese principio cuando el sufrimiento de un animal forma parte de una actividad considerada cultural, deportiva o de entretenimiento por quienes la practican.
La respuesta no será única para todo México.
Si la Cámara de Diputados conserva la modificación aprobada por el Senado, esa controversia continuará en los congresos de las entidades federativas.
La nueva ley fijaría entonces por primera vez un marco nacional de bienestar animal, mientras la supervivencia, transformación o prohibición de algunos de los espectáculos más controvertidos seguirá decidiéndose estado por estado.
Deja un comentario