A cuatro días de la detención, por presunta agresión contra su expareja, de Hugo Arturo Mendoza González, integrante del Colectivo Hermanos Serdán, una organización social que interpuso amparos contra el Cablebús de Puebla, organizaciones ambientalistas que han organizado marchas, foros, siembras y tendederos informativos contra este proyecto, realizaron una rueda de prensa en la que se pronunciaron en contra de toda forma de violencia y a favor de las investigaciones de toda denuncia conforme a debido proceso, pero simultáneamente cuestionaron la condena mediática previa a los procesos de ley que se ha estado dando en este caso, y exigieron al Gobierno del Estado que este proceso penal no sea utilizado como mecanismo de “revancha, venganza política o intimidación hacia la lucha social” (sic).
Remarcando que su movimiento es de carácter plural y se ha manifestado en todo momento a favor de la transparencia y el cumplimiento de la ley –elementos que consideran que no son cumplidos a cabalidad en el proyecto del cablebús- , este miércoles 30 de septiembre, desde el zócalo de Puebla, colectivos como Raíces Poblanas Defensoras del Territorio, Granja la Tierra, Árboles Patrimoniales de Puebla, Periferia Verde y Arborismo Ciudadano, recordaron que toda persona que es imputada de algún delito -como es el caso de Arturo Mendoza, a quien se le dictó prisión preventiva por presunta violencia familiar y lesiones dolosas- merece ser tratada conforme a los lineamientos del debido proceso y pidieron al Gobierno apegarse a su obligación de respetar en todo momento al Estado de Derecho y no usar a las fuerzas públicas ni a las instituciones procuradoras de justicia para manipular dichos procesos a fin de desprestigiar movimientos sociales amplios.
Esta misma semana, otras luchas sociales, tales como la Asamblea Social del Agua y los vecinos defensores de La Resurrección, así como familiares de Arturo Mendoza, realizaron otra rueda de prensa en la que relataron que Arturo no solamente es una de las personas que ha participado en el trámite de amparos contra el cablebús, sino que también es parte de otros procesos jurídicos referentes a temas sociales fuertes y que se encuentran activos, como la protección de 170 hectáreas, que son codiciadas por una inmobiliaria, en la junta auxiliar de La Resurrección. Además, expusieron sus suspicacias ante la atípica velocidad con las que las autoridades emitieron la orden de detención contra este integrante del Colectivo Hermanos Serdán, y calificaron el arresto -ocurrido el sábado 26 de septiembre- como una detención política aplicada como un “sabadazo” (expresión usada para referirse a un sorpresivo acto de mala fe en un fin de semana para que la reacción sea menor a la de un día con mayor actividad) que se da en el contexto del crecimiento de la indignación pública ante muerte, por presunto suicidio, de Rubén Alberto Curiel Tejeda, exencargado de despacho de la Fiscalía Anticorrupción estatal y actual coordinador general Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla, descubierta justo un día antes, en el tercer sótano del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, la cual fue un caso de alto impacto a nivel estatal y nacional.
A continuación el comunicado íntegro de los colectivos que participan en la lucha contra el Cablebús:
El rechazo al cablebús en Puebla parte de la genuina y legítima preocupación ciudadana frente a un proyecto con claros indicios de opacidad. La transparencia, solidez técnica, cuidado del medio ambiente y atención a las necesidades sociales reales de movilidad, son demandas que desde un inicio han sido colocadas en el centro de las exigencias al Gobierno del Estado y a Alejandro Armenta en Particular. No obstante, desde su inicio, la respuesta por parte de la administración pública ha estado marcada por la descalificación y la burla.
Es importe resaltar que la denuncia en torno al cablebús, se ha transformado en un movimiento colectivo, plural, diverso y transversal; y que con el tiempo se ha fortalecido bajo distintas miradas y enfoques en torno a la comunidad, el territorio y las luchas sociales.
En este contexto y en relación con la detención de Hugo Arturo Mendoza González, el pasado 26 de septiembre, expresamos lo siguiente:
1. ninguna forma de violencia hacia cualquier persona debe ser permitida;
2. rechazamos y condenamos los actos de linchamiento mediático, revictimización y acoso dirigidos a las personas involucradas en el caso;
3. señalamos que, a toda persona imputada por algún delito, el Estado tiene la obligación de asegurar un genuino apego al debido proceso;
4. exigimos al Estado, garantizar que en ningún momento el procesamiento penal será utilizado con excesos, como mecanismo de revancha, venganza política o intimidación hacia la lucha social.
Finalmente, hacemos manifiesto que la crítica al proyecto cablebús se mantiene vigente y seguiremos haciéndola pública en cuanto la demanda de transparencia, apego a las necesidades sociales reales de movilidad y respeto al medio ambiente no han sido atendidas
por parte del gobierno de Alejandro Armenta.
Puebla, Puebla a 30 de septiembre de 2026.
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