La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, a partir del martes 3 de noviembre, los alumnos de educación básica de todo el país no podrán usar celulares ni pantallas durante las clases ni en el receso. Los aparatos podrán permanecer guardados en la mochila y solo se sacarán en caso de emergencia o por alguna situación particular de cada estudiante.
La medida fue acordada el pasado viernes por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas de los estados, en la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del CONAEDU. Se publicara el día de mañana en el Diario Oficial de la Federación, junto el decálogo de las buenas prácticas y después se llevaran a cabo asambleas escolares para informar a docentes, alumnos y padres de familia.
Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, señaló que una consulta a mas de 500 mil maestros arrojo que el 81 por ciento respalda regular el uso de estos dispositivos. Preciso que la restricción no aplica a los docentes, quienes recibirán recomendaciones para reducir el tiempo en las pantallas y que en bachillerato y universidades cada plantel fijara sus propias reglas. Además la disposición se vincula con la estrategia de salud mental “El ABC de las Emociones”.
México se suma así a una tendencia global: de acuerdo con la UNESCO, 114 sistemas educativos ya tienen prohibiciones nacionales, es decir, 58 por ciento del total, frente a 24 por ciento en 2023. Desde el enfoque de derechos de la niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño ampara la educación de calidad, el desarrollo integral y la salud, incluida la mental, lo que da sustento a la medida.
No obstante, su efecto dependerá de las condiciones de cada plantel. En comunidades rurales y de bajos recursos de Puebla, el celular suele ser el único medio con el que los estudiantes se comunican con su familia o acceden a información. A su vez, niñas y adolescentes enfrentan mayor violencia digital: la restricción puede protegerlas, pero también recortar canales de denuncia y de apoyo entre pares si no se ofrecen alternativas.
Hasta ahora, las autoridades no han precisado las excepciones, las sanciones, los recursos pedagógicos que sustituirán al celular ni la capacitación para docentes. Tampoco se ha aclarado cómo se aplicará la norma en escuelas urbanas y rurales, públicas y privadas. Los detalles del decálogo, que se conocerán con su publicación en el DOF, permitirán dimensionar si la política cuenta con la inversión y el acompañamiento necesarios para funciona
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