José Isaac “N”, exmunícipe de Esperanza, Puebla, y otras ocho personas fueron vinculados a proceso y sujetos a prisión preventiva oficiosa, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) los señalara por su presunta participación en delitos relacionados con el crimen organizado.
Entre los cargos imputados se encuentran portación y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud y cohecho, de acuerdo con la información sobre la continuación de la audiencia judicial.
Las nueve personas fueron detenidas el pasado 7 de septiembre durante un operativo coordinado por la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Las acciones incluyeron el cateo de la vivienda del exedil y otros 22 inmuebles.
Tras las detenciones, el Congreso de Puebla determinó la disolución del Cabildo y del Ayuntamiento de Esperanza, además de designar un concejo municipal provisional para asumir las funciones de gobierno.
Exsecretaria de Seguridad, entre las personas procesadas
Abigail “N”, quien se desempeñaba como secretaria de Seguridad del municipio, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho, luego de que presuntamente ofreciera dinero a los agentes para detener uno de los cateos.
Además, enfrenta acusaciones por portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, Melesio “N” fue vinculado por los delitos de acopio de armas y posesión de cartuchos de uso reservado. Durante el cateo de su domicilio, las autoridades aseguraron armas largas, indumentaria táctica, un dron, inhibidores de señal y placas vehiculares.
El resto de los imputados, identificados como José Alfredo, Manuel, Verónica, Efraín, Cristian y Eduardo, todos bajo la denominación “N”, enfrentan cargos por delitos contra la salud, portación ilegal de armas, posesión de cartuchos de uso reservado e inhibidores de señal.
Fiscalía tendrá hasta dos meses para concluir investigación
Durante la continuación de la audiencia, el juez de control estableció un plazo de entre uno y dos meses para el cierre de la investigación complementaria a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
El periodo dependerá de la situación jurídica particular de cada una de las personas vinculadas a proceso.
Deja un comentario