La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la iniciativa para renovar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), con el propósito de actualizar el marco jurídico ambiental de México frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y los conflictos por el territorio.
La propuesta, presentada por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación. El planteamiento busca sustituir el enfoque predominantemente regulatorio de la legislación por uno basado en la prevención, restauración, justicia ambiental y participación de las comunidades.
Escazú representa un instrumento central para proteger a quienes realizan esta labor”, señaló Bárcena al destacar que el tratado internacional será uno de los pilares de la iniciativa para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.
Antecedentes y contexto legal
La LGEEPA fue publicada originalmente en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, por lo que han transcurrido casi cuatro décadas desde su promulgación. Aunque ha tenido diversas reformas —la más reciente registrada en enero de 2026—, la iniciativa plantea una renovación integral para responder a problemas ambientales que no tenían la dimensión actual cuando fue creada.
Justicia ambiental y derechos de las comunidades
Uno de los principales ejes de la propuesta es vincular la justicia social con la justicia ambiental, bajo el argumento de que las comunidades que dependen directamente de los recursos naturales deben participar en las decisiones que afectan sus territorios.El planteamiento también pone especial atención en la protección de personas defensoras ambientales, particularmente aquellas que enfrentan riesgos por la defensa del agua, los bosques, el suelo y otros recursos naturales. La propuesta pretende que las comunidades tengan una participación efectiva en el ordenamiento territorial y en las políticas ambientales de su vida cotidiana.
Ciencia, prevención y economía circular
Entre los principios planteados se encuentra la obligación de privilegiar la prevención del daño ambiental antes que su reparación, sustentando las decisiones públicas en información científica, conocimiento técnico y saberes de los pueblos indígenas.
La iniciativa contempla una visión de largo plazo para la conservación y restauración de ecosistemas, así como el fortalecimiento de una economía circular que reduzca la generación de residuos mediante la reutilización y el aprovechamiento de materiales.
Asimismo, incorpora herramientas para enfrentar la crisis climática, la contaminación marina y los microplásticos.
Ordenamiento de costas y protección del territorio
En materia de costas, el gobierno federal busca evitar duplicidades y conflictos de competencias entre autoridades municipales, estatales y federales en los 17 estados costeros del país, revisando construcciones y permisos irregulares en la Zona Federal Marítimo Terrestre.A la par, se anunciaron acciones para reducir el impacto de los plásticos de un solo uso dentro de una estrategia de transición hacia modelos de consumo sustentable.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca avanzar hacia un modelo que coloque en el centro la protección de las personas, las comunidades y quienes defienden el patrimonio natural, a la espera de su discusión final en el Congreso de la Unión.
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