El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, denunció que el 90 por ciento de los alcaldes que han sido investigados y separados de su cargo por la Fiscalía General del Estado (FGE) resultaron ser dueños de empresas constructoras que se beneficiaban con la obra pública de sus propios municipios.
Durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, el mandatario estatal explicó que las indagatorias abiertas contra distintos ayuntamientos poblanos destaparon un patrón repetido entre los ediles separados del cargo. “Ahora que la Fiscalía ha hecho varias investigaciones con los ayuntamientos, resulta que de los alcaldes que se han tenido que separar del cargo, el 90 por ciento son alcaldes constructores, es decir, tienen constructoras”, afirmó.
De acuerdo con el gobernador, el esquema consistía en la autocontratación: los propios presidentes municipales, a través de empresas registradas a su nombre o de prestanombres, se adjudicaban los contratos de pavimentación y obra pública en sus demarcaciones, quedándose así con la totalidad de las utilidades generadas por los proyectos. Armenta Mier calificó esta práctica como parte de un “modelo neoliberal” heredado de administraciones anteriores y que, aseguró, ha sido desmantelado en su gobierno.
Aunque el mandatario evitó revelar nombres, entre los casos documentados por la FGE figuran los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, ex alcaldes de Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, respectivamente, quienes permanecen en prisión acusados de cohecho, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos. A la lista se suma el caso de Gerardo Cortés Caballero, alcalde de Cuautempan, asegurado por la Fiscalía en posesión de armas de fuego y sustancias ilícitas.
En los municipios donde los ediles fueron separados de su encargo, el gobierno estatal ha impulsado la instalación de Concejos Municipales* para garantizar la continuidad administrativa mientras avanzan las carpetas de investigación correspondientes.
Frente a este esquema, Armenta Mier contrastó el modelo de fiscalización que —dijo— aplica su administración en materia de obra pública, sustentado en el uso de maquinaria estatal especializada, los llamados “trenes de pavimento”, que según el mandatario reduce los costos de las obras hasta en una tercera parte respecto al modelo tradicional de asignación “calle por calle” que prevalecía en gestiones anteriores.
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