Gobierno de Michoacán solicita 12 años de prisión para activista que participó en protesta por asesinato de Carlos Manzo

El Gobierno de Michoacán solicitó una condena de 12 años de prisión contra el activista Raúl Meza Abonce, de 27 años, por su presunta participación en las protestas realizadas tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

De acuerdo con documentos presentados ante un juez de control, la administración estatal encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla sostiene que Meza no actuó únicamente como manifestante, sino que formó parte de una acción colectiva organizada para irrumpir en el Palacio de Gobierno durante las movilizaciones realizadas después del homicidio del edil.

El gobierno estatal se adhirió a la acusación presentada por la Fiscalía por el delito de sabotaje y, además de la pena de prisión, solicitó la suspensión de los derechos políticos del activista por el mismo periodo. También reclama una reparación del daño por un millón 370 mil pesos, derivada de afectaciones a instalaciones, mobiliario, equipo de cómputo, puertas y cristales del recinto gubernamental

La acusación plantea una teoría de responsabilidad colectiva, bajo la cual no sería necesario acreditar que una sola persona causó todos los daños, sino demostrar que participó en un plan común y tuvo un papel relevante en los hechos.

La defensa de Meza sostiene que la acusación es desproporcionada y afirma que el activista participó en la protesta motivado por el clima de violencia que enfrenta la entidad. Su abogado, Carlos Escobedo, señala que el joven se convirtió en una de las imágenes más visibles de la movilización luego de ingresar a la oficina del gobernador, tomar una bandera y mostrarla desde un balcón del Palacio de Gobierno

Por su parte, el gobierno estatal argumenta que los hechos rebasaron los límites de una manifestación y derivaron en daños a bienes públicos, afectaciones al funcionamiento institucional y el uso de objetos incendiarios. La administración sostiene que ninguna forma de protesta justifica la destrucción de patrimonio público o la interrupción de funciones gubernamentales

La audiencia intermedia del caso está programada para el 3 de septiembre, aunque previamente deberá resolverse un recurso de amparo promovido por la defensa para intentar frenar el proceso penal. Organizaciones civiles han comenzado a seguir el caso ante los cuestionamientos sobre el alcance de la respuesta judicial frente a actos de protesta social