Desalojo en Santa Ana Acozautla desata fuerte operativo policial

Desalojo en Santa Ana Acozautla desata fuerte operativo policial

SANTA ISABEL CHOLULA, Pue. – Un aparatoso operativo policial sorprendió este día a los habitantes de la junta auxiliar de Santa Ana Acozautla, donde elementos de seguridad de distintos órdenes de gobierno se desplegaron para cumplimentar una orden de desalojo en un predio que ha sido objeto de una disputa legal prolongada.

El incidente, que se originó por un litigio de propiedad privada, provocó momentos de alta tensión cuando las familias que habitaban el lugar fueron notificadas y obligadas a retirar sus pertenencias de manera inmediata. Ante la resistencia inicial de algunos de los ocupantes, las autoridades estatales y municipales reforzaron la presencia de uniformados, incluyendo equipos antimotines, para evitar que la situación escalara a un enfrentamiento de mayores proporciones.

Conflicto por la tierra en la región de Cholula:

Testigos en la zona reportaron que los accesos principales a la comunidad fueron custodiados por patrullas, mientras que un grupo de cargadores procedía a desalojar los bienes muebles de las viviendas improvisadas en el terreno. El despliegue no solo afectó a los involucrados directos, sino que generó incertidumbre entre los pobladores locales debido al cierre parcial de vialidades y la fuerte presencia de unidades oficiales.

Los afectados han manifestado públicamente que el proceso de desalojo carece de transparencia y que no se les otorgó el tiempo suficiente para presentar recursos legales de defensa. Por su parte, la contraparte legal y los actuarios presentes sostuvieron que la diligencia cuenta con el respaldo de documentos oficiales que avalan la propiedad del inmueble a favor de un particular, tras años de juicio en los tribunales correspondientes.

Hasta el momento, la zona de Santa Ana Acozautla permanece bajo vigilancia preventiva. Las autoridades han hecho un llamado a mantener la paz social, mientras que los grupos de vecinos desalojados han advertido que buscarán el apoyo de organizaciones sociales para revisar la legalidad del procedimiento y tratar de recuperar lo que consideran su patrimonio.

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