El gobierno de Puebla redujo de 752 a 97 el número de árboles que resultarían intervenidos por la construcción del cablebús, una disminución de 655 ejemplares, equivalente a 87.1 por ciento respecto del cálculo original, de acuerdo con la información presentada por la administración estatal al defender el proyecto de transporte por cable.
Durante la exposición del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), el gobernador Alejandro Armenta Mier sostuvo que no habrá tala de árboles y aseguró que, tras diversos estudios técnicos, la afectación prevista quedó acotada a 97 ejemplares que serían trasplantados o podados en puntos específicos del trayecto, entre ellos el CIS, Parque Juárez, Parque Ecológico, Xonaca, el Parque Biblioteca y el Cerro de Amalucan.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, reforzó ese planteamiento al afirmar: “Queremos dar total certeza a los ciudadanos. En la implementación de este sistema, solo 97 árboles serán podados o trasplantados; no habrá tala. El diseño técnico ha sido planeado para respetar el patrimonio arbóreo de la ciudad, privilegiando la permanencia de nuestra infraestructura verde”. El funcionario añadió que, dentro de la escala de impacto ambiental utilizada para el proyecto, el rango moderado se ubica entre 100 y 500 árboles, por lo que el efecto previsto se mantiene, según la versión oficial, por debajo de ese nivel.
El proyecto del sistema de transporte por cable contempla cuatro líneas: CIS–Parque Juárez, Parque Juárez–Xonaca, Xonaca–Cerro Amalucan y Parque Biblioteca–Unidad Deportiva. En su configuración final, prevé 13.61 kilómetros de recorrido, nueve estaciones, 87 torres y hasta 383 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una. La capacidad instalada irá de mil a 2 mil 500 usuarios por hora. Las autoridades estatales señalaron que la obra permanece en fase de estudios y que el arranque de los trabajos dependerá de la obtención de permisos y licencias. García Parra indicó, además, que las obras podrían comenzar a finales de junio si se completan esos trámites.
La administración estatal defendió el proyecto con argumentos ambientales y financieros. Según los datos difundidos, el cablebús operará con energía eléctrica y generará 48.2 toneladas anuales de dióxido de carbono, frente a las 242 toneladas que emite un solo vehículo del sistema RUTA. También se informó que el costo anual de operación sería de 105 millones de pesos y que el sistema alcanzaría autosuficiencia financiera a partir del segundo año, mientras que RUTA, con cuatro líneas, representa un gasto cercano a mil millones de pesos al año.
En materia tarifaria, el gobierno estimó un cobro preliminar de hasta 12 pesos, integrado con RUTA y el Sistema Estatal de Bicicletas mediante una sola tarjeta física y virtual. El servicio sería gratuito para adultos mayores, personas con discapacidad y alumnos de primaria. El planteamiento forma parte de una apuesta de movilidad ante un escenario metropolitano en el que actualmente se contabilizan 4.4 millones de viajes diarios en RUTA, transporte convencional y plataformas de taxi, cifra que para 2030 superaría los 5 millones. En el mismo lapso, el parque vehicular crecería de 1.5 a 2.2 millones de unidades y la población de la zona metropolitana pasaría de 2 a casi 3 millones de habitantes.
Frente a las críticas de colectivos ambientalistas, García Parra sostuvo que la ruta del cablebús no será modificada porque, según los estudios oficiales, representa la alternativa de menor impacto. Informó que ya se realizaron al menos cuatro mesas de trabajo con 24 grupos ambientalistas y que comenzará una jornada informativa en 43 colonias ubicadas sobre la traza. También aseguró que ninguna de las 87 torres será colocada dentro de fraccionamientos o unidades habitacionales.
En paralelo, el gobierno estatal reportó que se promovieron seis juicios de amparo contra el proyecto: uno fue desechado y cinco obtuvieron negativa de suspensión definitiva. Sobre ese punto, García Parra afirmó: “Se presentaron seis juicios de amparo de los cuales uno fue desechado y cinco se encuentran con suspensión definitiva denegada“. Según explicó, las resoluciones judiciales se apoyaron en que la obra aún no inicia, no se acreditó un daño ambiental inminente y “no se ha talado, cortado ni afectado ningún árbol urbano” en la zona prevista para el sistema.
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