Desde 1976, el pueblo palestino conmemora cada 30 de marzo el Día de la Tierra Palestina, en memoria de una huelga que realizaron en protesta por el asesinato de siete jóvenes que se defendieron contra robo de 2 mil 100 hectáreas por parte de colonos sionistas. En este 2026, el gobierno israelí ha ido más lejos y busca aniquilar el significado de la fecha, habiéndola elegido para aprobar la pena capital por ahorcamiento para todos los condenados por ataques mortales catalogados como actos de “terrorismo” que busquen negar el “Estado de Israel”.
De acuerdo a esta nueva disposición que fue aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra, se considerará terrorista a cualquier persona “que provoque intencionalmente la muerte de otra con el objetivo de causar daño a un ciudadano o residente israelí, con la intención de acabar con la existencia del Estado de Israel, podrá ser condenada a muerte o a cadena perpetua”, y en el caso de que la persona sea palestina en Cisjordania ocupada, la ejecución será el castigo por defecto a quien sea condenado como terrorista por un tribunal militar israelí.
El promotor de esta ley que de inmediato fue calificada como “criminal” por numerosos países y organismos internacionales defensores de derechos humanos, fue Itamar Ben Gvir, el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, y fue secundada por Benjamín Netanyahu, primer ministro. Gvir incluso portó en su solapa un pin con una soga, en días previos a la votación.
La ONG Asociación por los Derechos Civiles en Israel anunció inmediatamente que recurrirá a la Corte Suprema para anular la legislación. La norma entra en conflicto con las leyes fundamentales de Israel que prohíben la discriminación arbitraria.
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