El Gobierno de Puebla informó que la deuda del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Puebla (Soapap), calculada en 2 mil 300 millones de pesos, será cubierta mediante un financiamiento con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), cuyo pago concluirá en 2028, de acuerdo con la directora del organismo, Josefina Morales Guerrero
La directora explicó que la cifra incluye financiamiento otorgado por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) y aportaciones de la concesionaria Agua de Puebla. El Estado participa como deudor solidario, lo que permite cubrir parte del pasivo sin afectar la operación cotidiana del organismo. Señaló que el gasto operativo del Soapap es reducido y que la mayor carga financiera proviene de adeudos acumulados en administraciones anteriores.
El compromiso financiero con Banobras forma parte de un esquema mixto que combina recursos federales y estatales. El proceso de auditoría iniciado tras la salida del exdirector Gustavo Gaytán Alcaraz busca evaluar la situación administrativa y operativa del organismo, así como detectar posibles irregularidades en el manejo del sistema de agua. El gobernador Alejandro Armenta ordenó esta revisión para conocer el estado actual del organismo y las causas del endeudamiento
Información adicional indica que la deuda histórica del Soapap se remonta a contratos de financiamiento firmados en 2008 para infraestructura hidráulica, con montos iniciales superiores a los 2 mil millones de pesos. Tras concluir el pago a Banobras en 2028, el organismo reestructurará otros compromisos financieros, principalmente con el Gobierno del Estado.
El Soapap reporta también observaciones por inversiones no acreditadas entre 2022 y 2024 por aproximadamente 300 millones de pesos, relacionadas con obras reportadas por la concesionaria Agua de Puebla que aún no cuentan con validación documental. Las autoridades continúan revisando expedientes para determinar el estatus de estos proyectos.
La deuda será liquidada sin afectar la prestación del servicio, según señaló la directora. El Gobierno estatal continuará como garante para asegurar el funcionamiento del organismo mientras se ejecutan pagos programados y se completa el análisis financiero en curso








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